La reciente propuesta de fusión entre BBVA y Banco Sabadell, valorada en 11.500 millones de euros, podría transformar drásticamente el panorama bancario español, creando el segundo mayor banco del país por capitalización bursátil. Este mega-acuerdo, no obstante, levanta serias preocupaciones sobre la concentración del sector y sus implicancias en la competencia y la inclusión financiera. La Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha expresado su inquietud, catalogando este fenómeno como un potencial «riesgo sistémico» que podría degradar la calidad del servicio bancario y aumentar la exclusión financiera.

UNA FUSIÓN CON IMPLICANCIAS PROFUNDAS

La propuesta de fusión sugiere un canje de acciones que valora a Sabadell un 17% por encima de su precio en bolsa al cierre del martes anterior al anuncio, lo cual representa un aumento significativo y atractivo para los accionistas de Sabadell. Según BBVA, los accionistas de Sabadell obtendrían un 16% de la entidad resultante, beneficiándose del valor adicional generado por la operación. Sin embargo, el verdadero costo de esta fusión puede extenderse mucho más allá de las cifras financieras, impactando a empleados y clientes por igual.

El BBVA y el Sabadell sostienen que la fusión no solo creará una entidad más robusta y competitiva en el mercado global, sino que también mejorará la eficiencia operativa, estimando ahorros de aproximadamente 850 millones de euros antes de impuestos. A pesar de estas afirmaciones, la concentración de mercado resultante podría limitar severamente la competencia dentro de España, dando lugar a menos opciones y peores condiciones para los consumidores y pequeñas empresas que dependen de servicios bancarios accesibles y asequibles.

A nivel de empleo, BBVA ha asegurado que la integración de las plantillas respetaría los principios de competencia profesional y mérito, prometiendo evitar «medidas traumáticas». Sin embargo, la historia de fusiones previas en el sector sugiere que tales procesos suelen ir acompañados de reducciones significativas de personal y cierre de sucursales, lo que no solo afectaría a los empleados de ambas entidades sino que también disminuiría la proximidad de los servicios bancarios para muchos clientes, especialmente en áreas menos urbanizadas.

RESPUESTAS Y RESPONSABILIDADES DEL GOBIERNO

El Gobierno español, a través del Ministerio de Economía, ha prometido que cualquier fusión se someterá a un riguroso escrutinio para asegurar que se respeten los principios de competencia y se mantenga la inclusión financiera alcanzada en los últimos años. Sin embargo, la capacidad del Gobierno para intervenir efectivamente en fusiones de gran escala y garantizar que se cumplan estas promesas sigue siendo objeto de debate.

Yolanda Díaz ha afirmado que el Gobierno tiene la capacidad de «exigir garantías de empleo» y de mitigar los efectos negativos de la fusión, pero aún está por verse cómo se traducirá esta capacidad en acciones concretas y efectivas. La preocupación de Díaz respecto a que la fusión podría «empeorar la calidad del servicio» refleja un temor más amplio sobre cómo la concentración bancaria puede alejar aún más los servicios financieros de las necesidades reales de las y los ciudadanos españoles.

En conclusión, la fusión entre BBVA y Banco Sabadell no solo es una cuestión de estrategia corporativa o de satisfacción de los accionistas; es un asunto que toca la fibra misma de la estructura económica y social de España. La creación de un gigante bancario mediante esta fusión plantea interrogantes fundamentales sobre el futuro de la competencia bancaria en España y sobre cómo se servirá realmente a los intereses del público general. Las promesas de eficiencia y crecimiento deben ser cuidadosamente evaluadas frente a los riesgos de un mercado cada vez más concentrado y menos competitivo.

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