La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, junto con dos de sus exconsejeros, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero, están siendo investigados por un juzgado de Collado Villalba en relación con las muertes de ancianos en residencias durante la primera ola de la pandemia de la covid-19.
Esta investigación, la primera de su tipo, ha sido reactivada por orden de la Audiencia Provincial de Madrid, que atendió el recurso de apelación presentado por los familiares de una persona fallecida en marzo de 2020 en el centro residencial Torrelodones-Sanitas Mayores, tal y como avanza “El Salto”.
La denuncia acusa a Ayuso y a sus exconsejeros de los delitos de homicidio o lesiones imprudentes y omisión del deber de socorro. Se argumenta que adoptaron medidas que impidieron o dificultaron el traslado de los ancianos a los hospitales cuando lo necesitaban, incluyendo los controvertidos “protocolos de la vergüenza”. Estos protocolos, denunciados anteriormente por el exconsejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, establecían criterios restrictivos para derivar a los mayores a los centros sanitarios, considerando factores como la edad, el grado de dependencia y las patologías previas.
La jueza a cargo ha citado a declarar como testigos a Reyero, al exdirector general de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, y a la exdirectora general de Salud Pública, Yolanda Fuentes, el próximo 7 de noviembre.
Ellos deberán aclarar su relación con los protocolos y las decisiones adoptadas por el Gobierno regional. Además, se ha solicitado a la Consejería de Sanidad toda la documentación relativa al plan de choque anunciado en marzo de 2020, los protocolos de coordinación sociosanitaria y los recursos sanitarios y materiales proporcionados a los centros.
Para Ayuso, esta investigación judicial representa un serio revés, ya que ha defendido constantemente su gestión de la pandemia y ha negado cualquier responsabilidad política en las muertes en las residencias. A pesar de sus afirmaciones, las estadísticas oficiales indican que más de 6.000 ancianos perdieron la vida en las residencias madrileñas entre marzo y mayo de 2020, lo que representa el 40% del total nacional.
Los familiares de las víctimas, que durante años han estado clamando por justicia, ven esta investigación como un rayo de esperanza. Varias asociaciones han presentado denuncias y han pedido la comparecencia de Ayuso y sus exconsejeros como investigados.
Hasta ahora, ningún tribunal había admitido estas solicitudes, argumentando falta de pruebas suficientes para imputarles un delito. La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid ahora abre una puerta hacia la verdad y la justicia para los afectados, quienes confían en que se esclarezca lo sucedido y se haga justicia finalmente.
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Una experta en política nacional e internacional. Luego tiene su casa de mierda que le llega hasta los ojos.A cada cerdo le llega su San Martín, estos casos son los que se tenían que aclarar todo,aunque le cueste la cabeza.