Nueve eurodiputados españoles preguntaron hoy a la Comisión Europea (CE) si está dispuesta a intervenir después de que la Audiencia Nacional confirmara la sentencia con penas de 2 a 13 años de cárcel para los autores de la agresión a guardias civiles sucedida en 2016 en Alsasua (Navarra).
El escrito lo firman los parlamentarios Marina Albiol (Izquierda Unida), Xabier Benito y Miguel Urban (Podemos), Izaskun Bilbao (PNV), Ana Miranda (BNG), Jordi Solé y Josep María Terricabras (ERC), Ramón Tremosa (PdCAT) y Ernest Urtasun (ICV).
Los políticos denuncian en el texto dirigido a la Comisión Europea que las actuaciones de los instructores y el tribunal sentenciador «incumplen varias directivas europeas y han dado origen a una sentencia que vulnera al menos siete artículos de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea», señala un comunicado.
Así, los eurodiputados preguntan al Ejecutivo comunitario si las vulneraciones que ellos describen «justifican al menos un estudio del caso» por parte de la Comisión.
También interrogan a la CE por las «actividades que podría desplegar» para «corregir» esas vulneraciones si aprecia que se han producido.
En la pregunta escrita a la Comisión, los eurodiputados recuerdan, además, que en septiembre de 2017 el vicepresidente primero del Ejecutivo comunitario, encargado del Estado de Derecho, Frans Timmermans, aseguró sobre el caso que la CE «se reservaba el derecho a tomar acciones apropiadas como guardiana de los tratados».
De todas formas, el político holandés también subrayó que la Comisión no tiene competencia para intervenir «en el día a día del sistema de justicia penal» de los Estados miembros.
Los eurodiputados indican en su comunicado que el rechazo del recurso de apelación en la Audiencia Nacional mantiene «penas de hasta trece años de cárcel por unos hechos que, de acuerdo con la jurisprudencia no tienen parangón con otras agresiones a agentes de la autoridad de idénticas características y con consecuencias físicas mucho más graves».
Además, destacan que durante el proceso judicial los acusados «fueron privados de su derecho al juez natural» al aplicárseles una acusación de terrorismo que, según los firmantes del documento, «no encaja en ninguno de los supuestos descritos» en la directiva europea de lucha contra el terrorismo.
Igualmente, los parlamentarios denuncian que instructor y tribunal propiciaran que los acusados «fuesen reiteradamente presentados como culpables» y que no se admitieran determinadas pruebas.
La Audiencia Nacional ratificó el pasado 7 de marzo que la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua el 15 de octubre de 2016 no fue terrorismo, y mantuvo las penas impuestas a los ocho acusados, de 2 a 13 años de cárcel.
Este domingo, una manifestación multitudinaria, que congregó entre 35.000 y 50.000 personas, según la delegación del Gobierno en Navarra, y 60.000 según los organizadores, recorrió Alsasua en contra de la sentencia.
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