El reciente cambio de gobierno en Polonia, con Donald Tusk al mando, prometía un nuevo amanecer en la política y en el trato humanitario hacia los migrantes y refugiados. Sin embargo, la realidad parece ser otra. Las prácticas de la administración anterior continúan perpetuándose en la frontera polaco-bielorrusa, un escenario que ha sido el epicentro de una crisis humanitaria prolongada. Las esperanzas de un cambio significativo se están desvaneciendo rápidamente ante la evidencia de que el nuevo gobierno está adoptando las mismas viejas prácticas autoritarias.

LAS DEVOLUCIONES EN CALIENTE: UNA POLÍTICA INALTERADA

La historia de una mujer eritrea, obligada a dar a luz sola en el frío implacable del bosque fronterizo, es un testimonio desgarrador de la continuidad de las políticas inhumanas. A pesar de las promesas de reforma y la retórica de cambio, los informes de los activistas y las experiencias vividas por los migrantes revelan un patrón persistente de abusos. Las devoluciones en caliente, práctica en la que las personas son forzadas a regresar a Bielorrusia inmediatamente después de cruzar la frontera, siguen siendo comunes, incluso en circunstancias extremas como la de esta mujer en avanzado estado de gestación.

El gobierno de Tusk, aunque critica estas acciones, parece incapaz o no dispuesto a erradicarlas. En lugar de eso, ha fortalecido las medidas de seguridad fronteriza con una retórica alarmantemente similar a la de sus predecesores de derecha. El Primer Ministro ha manifestado que proteger la frontera es una cuestión de «supervivencia de nuestra civilización occidental», una declaración que resuena con tonos xenófobos y que justifica indirectamente las medidas severas contra los migrantes y refugiados.

Esta situación no solo pone en duda la sinceridad de las promesas de cambio del gobierno de Tusk, sino que también plantea serias preocupaciones sobre la adherencia de Polonia a los estándares internacionales de derechos humanos. Las devoluciones en caliente no solo son moralmente cuestionables, sino que también violan el derecho internacional, que prohíbe expresamente estas prácticas.

Los activistas en el terreno, como Aleksandra Chrzanowska y Bartek Rumieńczyk de Grupa Granica, aportan relatos consistentes y preocupantes de violencia y negligencia. Según su testimonio, muchos migrantes que intentan pedir asilo son rechazados o incluso maltratados. Esto no es solo una violación de los derechos humanos, sino una abdicación de la responsabilidad moral y legal de Polonia como miembro de la comunidad internacional.

El caso de la mujer eritrea no es un incidente aislado, sino un ejemplo de una política más amplia y sistemática. Aunque finalmente fue permitida la entrada a Polonia y su bebé recibió atención médica, su caso es la excepción que confirma la regla, no un indicativo de cambio o de mejora en las políticas gubernamentales.

Las promesas del Viceministro del Interior, Maciej Duszczyk, de combinar seguridad con humanidad suenan vacías cuando las realidades en la frontera cuentan una historia muy diferente. Las devoluciones continúan siendo la norma, y la violencia es una realidad cotidiana para muchos que buscan refugio.

Es crucial que el gobierno de Tusk tome medidas concretas para rectificar estas políticas y prácticas. Los miembros de su coalición, como Franek Sterczewski, que ha expresado su inquietud por la falta de acción, deben presionar para una revisión completa de cómo se manejan las solicitudes de asilo y para poner fin a las devoluciones en caliente.

La integridad y la credibilidad de Polonia están en juego, así como las vidas de innumerables individuos que buscan seguridad y una vida mejor. Es tiempo de que el gobierno polaco cumpla sus promesas de cambio y demuestre un verdadero compromiso con los principios de humanidad y justicia. De lo contrario, el legado de Tusk será uno de oportunidades perdidas y sufrimiento innecesario, perpetuando una crisis humanitaria que Europa no puede y no debe ignorar.

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