La exministra de Vivienda Beatriz Corredor, hace uso de la polémica puerta giratoria de las eléctricas y será la nueva presidenta de Red Eléctrica en sustitución de Jordi Sevilla, que anunció su renuncia al cargo el pasado mes de enero.

Según ha informado este viernes Red Eléctrica Corporación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la Corporación ha propuesto el nombramiento de Beatriz Corredor como consejera para cubrir la vacante de Sevilla.

Corredor fue ministra de Vivienda entre 2008 y 2010 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. A partir de 2010, la cartera de Vivienda se integraría en el Ministerio de Fomento, pasando Corredor a ocupar el cargo de secretaria de Estado de Vivienda y Actuaciones Urbanas. En 2018 se convirtió en presidenta de la Fundación Pablo Iglesias, vinculado, lógicamente, al PSOE y a UGT.

La ex ministra, licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, tendrá uno de los sueldos más elevados dentro de las empresas públicas o semipúblicas, pues su nómina anual superará los 500.000 euros. El Estado controla el 20% de las acciones de Red Eléctrica, lo que le convierte en su máximo accionista.

En España, la incidencia del fenómeno de las puertas giratorias es considerable, independientemente de que gobierne el PSOE o el PP. De los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, tres de cada diez ministros dejan la política al cesar en sus cargos y se embarcan en actividades en la empresa privada, del Consejo de ministros al consejo de administración,​ en muchos de los casos en labores de representación y tareas de lobby, aunque también de dirección.

En nuestro país existe una ley de incompatibilidades vigente: la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado. Según esta ley, los altos cargos que abandonen su puesto tienen un periodo de dos años en los que existen una serie de limitaciones a la asunción de responsabilidades en empresas privadas, así como la obligación de presentar ante la Oficina de Conflictos de Intereses un informe acerca de las actividades a realizar (art. 7). Además, deben abstenerse de realizar cualquier actividad que guarde relación con las responsabilidades ejercidas en el cargo público anteriormente ejercido.