El Ayuntamiento de Marbella ha completado su cuota permitida de cargos de confianza, con la reciente incorporación de dos asesores, lo que marca el cierre de nuevas designaciones directas según la ley local.
Entre las últimas incorporaciones se encuentra María García, quien anteriormente fue concejala por Ciudadanos y ahora se ha unido al Partido Popular (PP) como asesora municipal. La otra incorporación es Manuel Haro, patrón mayor de los pescadores y miembro de la candidatura del PP en las elecciones municipales pasadas.
La entrada de García en el PP fue precedida por una serie de eventos que llevaron a su expulsión de Ciudadanos. Su apoyo público a la lista del PP en las elecciones municipales anteriores provocó tensiones con su partido anterior.
Tras quedar fuera de las listas de Ciudadanos en las últimas elecciones, García mostró un claro acercamiento al Partido Popular, defendiendo abiertamente a la alcaldesa Ángeles Muñoz en medio de los escándalos que la rodeaban. Este cambio político le ha valido un puesto como asesora en el Ayuntamiento, con un salario anual de casi 60.000 euros.
Este fenómeno de cambios y lealtades políticas no es nuevo en Marbella. García sigue los pasos de otro exmiembro de Ciudadanos, Francisco Claro, quien también se unió al PP después de abandonar su afiliación previa. Claro, un empresario local, había sido activo en las contrataciones de obras municipales y su relación cercana con el PP lo llevó a un cargo de confianza como asesor coordinador, un puesto que ahora también ocupa García. La historia se repite, favor con favor se paga.
Estos movimientos ilustran una tendencia constante en la política local, donde las afiliaciones partidistas pueden cambiar rápidamente, a menudo impulsadas por oportunidades políticas y alineaciones ideológicas fluctuantes.
Estos cambios no solo despiertan críticas sobre la estabilidad y la integridad política, sino que también plantean preguntas sobre la transparencia en la asignación de cargos de confianza en el gobierno municipal de Marbella.
