Este martes y miércoles, Córdoba ha acogido la CXLVI Asamblea de los Obispos del Sur de España que comprende las diócesis de Sevilla, Granada, Almería, Cádiz y Ceuta, Córdoba, Guadix, Huelva, Jaén y Málaga.
En esta primera reunión presencial desde que arrancó la pandemia los obispos han reflexionado sobre la crisis económica que la situación sanitaria está provocando y sobre las leyes contrarias a la vida y a la libertad educativa que impulsa el Gobierno de PSOE y Podemos.
El número de demandas de ayuda a Cáritas se ha visto incrementado en un 77 por ciento, pero también ha aumentado en un 33% el número de personas que acuden a Cáritas por primera vez, o lo hacen después de un largo tiempo sin necesitar ayuda.
Según los obispos, a pesar de las dificultades y de lo que está suponiendo la pandemia para las diócesis y la acción pastoral, se han ido “adoptando las medidas preventivas recomendadas”, de forma que “la actividad pastoral se ha mantenido y, en algunas áreas, se ha incrementado notablemente, como en la atención a los más necesitados desde Cáritas y otras realidades de la Iglesia”.
En este contexto, los obispos han renovado a Mariano Pérez de Ayala como director de Cáritas Diocesana de Sevilla, Mariano Pérez de Ayala, como presidente de Cáritas Regional de Andalucía por un nuevo periodo de cuatro años, y han nombrado vicepresidente a Francisco José Sánchez, actual director de Cáritas Diocesana de Málaga.
La Asamblea ha sido informada también sobre el proceso de tramitación del proyecto de ley LOMLOE y las consecuencias que puede tener para el proceso educativo, la libre elección de centro, los colegios concertados o la asignatura de Religión.
A juicio de los obispos andaluces, se trata de una Ley que, de salir adelante como está planteada, “supone un modelo de escuela público, único y laico, que habría que llamar estatal, único y laicista, que daña los principios de libertad de enseñanza y de elección de los padres del modelo de educación para sus hijos, que nuestra Constitución recoge, y que quiebra los Acuerdos Iglesia-Estado. La asignatura de Religión queda aún más discriminada y gravemente amenazada en el currículo escolar”.
Los obispos de Andalucía han expresado también su preocupación por la decisión del Congreso de los Diputados de continuar con la tramitación de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia, una Ley que «es fruto de una visión reduccionista e individualista del ser humano». «Nadie puede disponer de la vida de otro, ni siquiera de la suya propia, porque la vida es un don de Dios. La vida debe ser defendida desde su concepción hasta su fin natural», han señalado los obispos.
Por eso abogan por un desarrollo de los cuidados paliativos que puedan llegar a todos, especialmente a los más frágiles e indefensos, pues “cuando una persona se siente atendida y querida no pide la muerte”.
Por esa misma razón, “porque la vida humana solo depende de Dios”, los obispos han insistido en el rechazo de la Iglesia al aborto y consideran una “muy mala noticia el anuncio hecho por el Gobierno de reformar la ley para ampliar y facilitar la posibilidad de acabar con la vida de un no nacido”.
Los obispos han reconocido “el sufrimiento que supone para muchos cristianos no poder participar presencialmente en las celebraciones litúrgicas, o hacerlo entre restricciones y temores, especialmente en el acompañamiento de los enfermos y de los difuntos” y han recomendado a los fieles volver a la participación en la Eucaristía de manera presencial, respetando las normas preventivas establecidas.
Junto a ello, han invitado a las cofradías y hermandades a que, en comunión con los pastores, fomenten el culto a sus Sagrados Titulares -respetando la normativa sanitaria-, continúen los procesos formativos de sus miembros y la caridad con los necesitados, y eviten sucedáneos de la verdadera piedad que brota de la celebración del Misterio cristiano, que los Obispos garantizan”.
Según datos del CIS de 2019, Andalucía, con 8,4 millones de habitantes, es bastante más religiosa que la media de España; un 55% de andaluces se declaran católicos no practicantes y un 22% se declaran católicos practicantes. Los no creyentes y ateos suman un 18%, la mitad que en Cataluña.
