Ante la flagrante vulneración del derecho a la vida y a la integridad física que han sufrido miles de personas en la frontera de Melilla mientras trataban de alcanzar territorio español el pasado 24 de junio, organizaciones de la sociedad civil han llevado a cabo numerosas acciones de denuncia y de movilización social exigiendo al Gobierno español la investigación y el enjuiciamiento de los hechos.

La respuesta desproporcionada mediante el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes estatales – tanto del Estado marroquí como del Estado español – provocó la muerte de al menos 37 personas, cientos de heridos, expulsiones sumarias, deportaciones, detenciones arbitrarias, e incluso se ha registrado la entrada a territorio español de los agentes estatales marroquíes para ejecutar las expulsiones.

URGE UNA INVESTIGACIÓN

Si bien estos hechos han motivado tanto la apertura de investigaciones por parte de la Fiscalía y el Defensor del Pueblo, así como la denuncia enérgica por parte de Naciones Unidas, la Unión Africana y Comisión Europea, el Gobierno español no solo no ha condenado lo sucedido, sino que ha defendido las actuaciones llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad del Estado marroquí y español.

Ante esta inaceptable respuesta, la semana pasada se solicitó al Gobierno, y a los representantes del Parlamento y del Senado, la apertura de una Comisión de Investigación Mixta a través de una carta apoyada por más de 150 entidades sociales, entre las que se encuentra Médicos del Mundo. Además, 74 organizaciones hemos denunciado ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y el Relator Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias las graves consecuencias para el derecho a la vida y la integridad física de la política del Estado español y de la Unión Europea de externalización de la Frontera Sur y las prácticas violentas de disuasión llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad, que suponen una grave vulneración de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos ratificados por ambos Estados.

Por ello, las ONG han solicitado una comunicación oficial a España y Marruecos para que se investiguen y enjuicien tanto los casos de privación de la vida y las lesiones ocasionadas a las personas migrantes, como las prácticas de extradición, deportación o traslado forzoso de las personas que fueron detenidas. Además, hemos solicitado una visita conjunta de estas Relatorías al lugar de los hechos con el fin de interesarse por lo sucedido e impulsar un diálogo con ambos gobiernos para que sean adoptadas las medidas necesarias para que estos hechos no se repitan.

Las organizaciones firmantes recuerdan que los Estados tienen derecho a ejercer la jurisdicción sobre sus fronteras, sin embargo, deben hacerlo sobre la base de sus obligaciones en materia de derechos humanos, en particular las obligaciones respecto al derecho a la vida e integridad física de las personas migrantes y refugiadas.

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