El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado un recurso presentado por Compromís en contra de la decisión de la Mesa del Congreso de inadmitir a trámite una proposición de ley de este partido que facultaba a la Cámara a fiscalizar las cuentas de la Casa del Rey y a publicar bienes y actividades de sus miembros, como se obliga a diputados y senadores.

La proposición de ley rechazada en septiembre de 2018 pretendía que la página web de la Casa del Rey publicara las declaraciones de bienes y actividades de los miembros de la familia real, del mismo modo que las web del Congreso y el Senado publican las de todos los diputados y senadores.

También proponía la comparecencia parlamentaria de altos cargos de la Casa del Rey para informar de la gestión presupuestaria de la institución, así como la aportación de información exhaustiva por parte del Gobierno sobre el dinero que destina indirectamente a la Jefatura de Estado.

El tribunal de garantías considera que Joan Baldoví y otros tres diputados de Compromís, que presentaron el recurso de amparo hace algo más de un año, no están legitimados para impugnar los acuerdos de la Mesa de 4 y 28 de septiembre de 2018, por lo que se rechazó la tramitación de la propuesta del partido valenciano, denominada «Ley para el fomento de la transparencia económico-presupuestaria del Rey y de la Casa Real».

El Tribunal Constitucional recuerda que de conformidad con el Reglamento del Congreso de los Diputados las proposiciones de ley pueden ser presentadas con la firma de quince diputados o de un grupo parlamentario. La Mesa de la Cámara atribuye al grupo parlamentario mixto la autoría de la iniciativa, no a los diputados ahora recurrentes en amparo, pese a que figurasen sus firmas en el escrito de presentación de la proposición de ley y por eso se produce la inadmisión a trámite de la iniciativa.

Según la opinión de la letrada de las Cortes Generales, la proposición de ley incurre en una inconstitucionalidad “palmaria y evidente” dado que el texto perseguía atribuir a las Cortes Generales una facultad de control e información sobre la actividad del Rey y de su Casa contraria a los articulos 56.3, 65.1 y 66 de la Constitución Española.

El Ministerio Fiscal se pronunció también a también a favor de la desestimación de la demanda de amparo porque la iniciativa buscaba un «control político» sobre los actos del Rey. «Control político» que choca frontalmente con la Carta Magna que establece la inviolabilidad e irresponsabilidad de su persona e implica también una invasión de la facultad de disponer libremente de los fondos que recibe de los presupuestos generales del Estado para el mantenimiento de su Familia y Casa.

Compromís decidió presentar esta proposición de ley tras el «escándalo» que en su opinión supusieron las revelaciones de Corinna Zu Sayn Wittgenstein sobre lo que consideran «presuntas actividades de corrupción y blanqueo de capitales» del Rey emérito.

Sin embargo la Mesa del Congreso, con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos, vetó su tramitación acogiéndose a su doctrina tradicional de que la Constitución, en sus artículos 56 y 65, protege la inviolabilidad del Rey y reconoce la autonomía del Monarca para gestionar el presupuesto, además de recordar que la Corona no es objeto de control parlamentario.