Este jueves, el Tribunal de Apelación de Lisboa ha emitido un fallo que dictamina que el ex primer ministro portugués José Sócrates se enfrentará a un juicio por 22 cargos en relación con la “Operación Marqués”, restableciendo así la mayor parte de la acusación presentada por la Fiscalía.
El fallo establece que Sócrates, quien ocupó el cargo de primer ministro entre 2005 y 2011, será juzgado por tres cargos de corrupción, 13 por lavado de dinero y seis por fraude fiscal, según informó la agencia de noticias Lusa.
Esta decisión del tribunal de apelación revierte una determinación previa del juez del Tribunal Penal de Lisboa, Ivo Rosa, en la que se había estimado que Sócrates solo sería juzgado por seis delitos, tres por falsificación documental y tres por blanqueo de capitales, de los 31 que originalmente le imputó la Fiscalía.
En su fallo previo, el juez Rosa también dispuso que solo cinco de los 28 acusados en la causa presentada por la Fiscalía debían ser llevados a juicio para responder por 17 cargos, en lugar de los 189 inicialmente fijados.
Ahora, el tribunal de apelación ha determinado que 22 de los 28 acusados deberán enfrentarse a la Justicia portuguesa. Entre ellos se encuentran Armando Vara, exministro y antiguo administrador de la entidad Caja General de Depósitos, así como el empresario Carlos Santos Silva, presunto testaferro de Sócrates.
También figuran entre los acusados los exadministradores de Portugal Telecom, Henrique Granadeiro y Zeinal Bava, así como los empresarios Joaquim Barroca y Hélder Bataglia, este último empresario luso-angoleño que fundó Escom, junto con la exmujer de Sócrates, Sofia Fava.
La Fiscalía portuguesa acusa a Sócrates de haber recibido 34 millones de euros en comisiones y sobornos de diversas empresas y entidades bancarias a cambio de contratos públicos entre los años 2006 y 2015.
José Sócrates fue arrestado en 2014 en el aeropuerto de Lisboa al regresar de un viaje por Francia. Posteriormente, estuvo detenido en una cárcel de Évora, en el sureste de Portugal, y luego pasó a arresto domiciliario.