Una nueva alianza de las derechas, esta vez para proteger a quien se lucró a costa de la vivienda pública. El consejo de admiministración extraordinario de la EMVS convocado este viernes ha decidido no recurrir ante el Tribunal Supremo la exoneración de la exalcaldesa Ana Botella por la venta de viviendas municipales a un fondo buitre.
Esta decisión ha salido adelante por los seis votos de PP y Cs. Contra la misma se han posicionado los tres votos de Más Madrid, PSOE y Vox. Esta votación ha sido definida por el portavoz de Desarrollo Urbano de Más Madrid y consejero de la plataforma en la EMVS, José Manuel Calvo, como «una gran tragedia para la ciudad, para la política municipal y para los afectados» por la venta.
Álvaro González, presidente de la EMVS y concejal de Vivienda, ha reiterado que «no se han encontrado argumentos jurídicos» en las explicaciones de PSOE y Más Madrid para apoyar la interposición del recurso de casación.
González ha defendido que la no presentación del mismo se sustenta en tres informes.Por una parte, uno emitido por los letrados del Ayuntamiento, otro procedente de un «prestigioso» despacho de abogados y un tercer informe jurídico de la EMVS. «En el pasado pleno pedí que se expresaran con claridad en los argumentos jurídicos y eso no se ha producido», ha apostillado.
La portavoz de Desarrollo Urbano del PSOE y consejera socialista de la empresa, Mercedes González, ha sido muy concisa al definir la situación, aunque también muy metafórica: «Hoy han vestido al muerto y veremos quién carga ahora con él», ha advertido. González también ha manifestado que con el resultado de la votación se deja patente que el PP «viene a defender a los suyos».
En Más Madrid siguen estudiando todas las opciones judiciales, incluyendo la que aporta la resolución de este consejo extraordinario cuyo contenido no ha sido conocido por los consejeros de la oposición «hasta estar sentados en la mesa en una prueba más de que no se está siendo transparente y claro» por parte del Gobierno de PP y Cs.
La formación se encuentra haciendo el «estudio precontencioso ante una posible querella» porque además de irresponsabilidad político atisban responsabilidad civil y penal. «Los consejeros no somos miembros de un grupo sino que estamos como personas físicas y ponemos en juego nuestro patrimonio económico. Cada uno es consecuente con sus decisiones y llegaremos hasta el final», advierte José Manuel Calvo.
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