«Se persigue la comedia con más celo que la corrupción, se da voz a grupos ultras mientras se ignora a las víctimas de violencia policial, y se ponen en la diana a humoristas mientras quienes aplauden dictaduras«
Por Javier F. Ferrero
Hay jueces que parecen más obsesionados con proteger piedras que con proteger personas. El magistrado Carlos Valle ha decidido procesar al humorista y presentador de ‘Hora Veintipico’, Héctor de Miguel, por un chiste sobre dinamitar la cruz del Valle de los Caídos. Y no contento con esto, ha llevado la comparación a un nivel delirante: durante su interrogatorio, equiparó el chiste con la idea de volar la plaza Pedro Zerolo y lanzar piedras a los homosexuales. Conclusión judicial: hacer un chiste sobre desmontar un símbolo franquista es igual que promover la violencia homófoba.
La denuncia proviene de Abogados Cristianos, un grupo ultracatólico que ha encontrado en los tribunales su herramienta favorita para intentar censurar cualquier cosa que les incomode. Y el juez Valle ha decidido darles voz, procesando a un cómico por un chiste y poniendo en la misma balanza la burla hacia los opresores y la incitación a la violencia contra los oprimidos. La confusión no es inocente: equiparar la lucha antifranquista con el odio contra el colectivo LGTBIQ+ es la estrategia de la ultraderecha judicial para reescribir la historia.
UN SISTEMA JUDICIAL QUE SE ATRAPA EN SU PROPIO RIDÍCULO
Carlos Valle no es un juez cualquiera. Su trayectoria está marcada por decisiones que parecen responder más a una agenda ideológica que al derecho. Fue él quien admitió a trámite una denuncia contra Pablo Echenique por comparar la probabilidad de que un cura abusara de un menor con la de que lo hiciera un migrante. Fue también quien archivó la causa contra Esperanza Aguirre por darse a la fuga tras un incidente de tráfico. Y fue él quien citó a una menor de 15 años a declarar por acudir a un centro de planificación familiar. Parece que Valle tiene una fijación con criminalizar a los de siempre y proteger a los de siempre.
La justicia española, o al menos una parte de ella, ha convertido el esperpento en doctrina. Se persigue la comedia con más celo que la corrupción, se da voz a grupos ultras mientras se ignora a las víctimas de violencia policial, y se ponen en la diana a humoristas mientras quienes aplauden dictaduras campan a sus anchas en el Congreso. En este escenario, el chiste real es el propio sistema judicial.
El propio Héctor de Miguel ha desmontado la broma del juez Valle con su respuesta: «No es lo mismo burlarse de los opresores que incitar a la violencia contra los oprimidos». Pero parece que en los tribunales hay quienes no entienden la diferencia. Quizá porque, para ellos, el franquismo no fue un régimen opresor, sino algo a lo que hay que seguir rindiendo homenaje.
Se puede decir que el mal gusto no es delito. Pero lo que está pasando en los juzgados de este país es algo más que mal gusto. Es un ataque frontal a la libertad de expresión, un intento de silenciar la crítica y un recordatorio de que, para algunos jueces, la justicia es solo un chiste malo. Y lo peor es que nos están obligando a reírnos con ellos.
