Algunos dirigentes europeos están siendo cuestionados por la forma en la que están respondiendo contra la pandemia del coronavirus. A muchos, incluso, se les acusa de aprovechar la crisis sanitaria para reforzar su poder.
Uno de ellos es Viktor Orban, primer ministro de Hungría, quien ya ha sido señalado en su país y en el extranjero de utilizar la crisis del coronavirus de esta manera, en lugar de unir al país.
Hungría declaró el estado de emergencia el 11 de marzo de manera indefinida, por lo que el gobierno ahora tiene el poder de gobernar por decreto durante el tiempo que sea necesario y puede decidir cuándo el peligro ha terminado.
El primer intento de obtener respaldo para esta ley que necesitaba cuatro quintos de los votos de la cámara fracasó. La oposición pedía un límite de 90 días algo a lo que Orban se negó e impulsó otra votación para la que le ha bastado con dos tercios de los apoyos, que son con los que ya cuenta su partido.
Este estado de alarma indefinido ha recibido numerosas críticas no solo porque no incluya un límite temporal sino también desde el punto de vista de la libertad de prensa, en un país donde lleva años amenazada y que ahora podría penarse con hasta cinco años de prisión para quienes publiquen informaciones falsas o distorsionadas que “obstruyan o eviten la protección eficaz de la población”.
Zoltan Szente, experto en derecho constitucional, ha advertido de que la pandemia podría utilizarse para continuar con estos poderes extraordinarios y dice que el Parlamento en realidad se ha “suicidado” al renunciar a su derecho de control sobre el gobierno.
Los críticos hablan ya del fin de la democracia aunque el primer ministro de Hungría y su partido, Fidesz, asegura que devolverá el poder al Parlamento en cuanto haya pasado la crisis.
Sobre el poder de Orban hay tres áreas de control: el Parlamento sigue sesionando, el Tribunal Constitucional aún funciona y las elecciones generales están programadas para 2022.
En el caso de Turquía Recep Tayyip Erdogan, no necesita la del coronavirus para obtener más poder del que ya tiene. “Existe un sistema tan centralizado que no es necesario obtener más poderes”, dice Emma Sinclair-Webb, directora de Human Rights Watch para Turquía.
La experta asegura que incluso hubo un intento oportunista de aumentar el control sobre las compañías de redes sociales. El fin era, «fortalecer las plataformas de redes sociales para someterlas al control y la censura del gobierno».
El gobierno de Turquía está decidido a controlar la información durante la crisis y cientos de personas fueron arrestadas por “publicaciones provocativas” sobre el covid-19 en las redes sociales.
“Ocultar los hechos y crear un monopolio de información se convirtió desafortunadamente en la forma en que se gobierna este país”, dice Ali Cerkezoglu, de la Asociación Médica de Turquía. “Los médicos, enfermeras y trabajadores de la salud se han acostumbrado en los últimos 20 años”.
Según el abogado Hurrem Sonmez, quien ha representado a acusados en casos de libertad de expresión, la sociedad y la oposición son más débiles debido a la pandemia y teme que la pandemia sea una oportunidad para el presidente Erdogan. “Todos tienen la misma agenda: el virus. La prioridad es sobrevivir. Existe una seria preocupación de que la situación pueda ser mal utilizada por este gobierno”, señala.
