- El puerto canario, donde en el último fin de semana han llegado más de 2.000 personas, está saturado y según las informaciones, se están tramitando órdenes de devolución sin asistencia letrada, contraviniendo la ley de extranjería.
- Cientos de personas podrían enfrentarse a una devolución sin tener la oportunidad de pedir asilo, lo que contraviene el derecho internacional
- El Gobierno debería establecer un mecanismo urgente de emergencia, y asegurar una adecuada atención a todas estas personas para que se garanticen sus derechos y se identifique a las más vulnerables, entre ellas posibles víctimas de trata.
Las imágenes vergonzosas de miles de personas hacinadas en condiciones infrahumanas en pocos metros cuadrados que vemos desde hace meses en Arguineguín esconden muchas más vulneraciones de sus derechos que las que se ven a simple vista.
No tienen acceso a ver su abogado, no tienen ni siquiera su nombre, no ponen traductores de sus lenguas maternas, y, según denuncian distintos abogados que se han puesto en contacto con la SER, muchos traductores se limitan a traducir que firmen el papel de turno. De hecho, estos abogados aseguran que solo disponen de un traductor por patera o cayuco, en ocasiones compuestos por más de 160 viajeros.
Denuncia de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional lleva meses denunciando la situación de las personas migrantes y refugiadas, no solo en Canarias, sino también en los CETIS, especialmente en el de Melilla, que se encuentra hacinado y no puede garantizar la salud de las personas que están en él. Ha enviado una carta al Ministerio de Sanidad, así como al de Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, para exigir el traslado urgente de personas migrantes y posibles refugiadas, especialmente de las más vulnerables hasta la Península, así como medidas adecuadas para garantizar la salud de las personas en los centros.
En el último fin de semana han llegado al puerto de Arguineguín, en Canarias, alrededor de 2.500 personas, algo que se suma al número creciente de llegadas, que han aumentado en los últimos meses hasta alcanzar un total de 11.409 personas desde enero hasta el 1 de noviembre, según las estadísticas del Ministerio de Interior.
Amnistía Internacional ha pedido al Gobierno que establezca un mecanismo de emergencia con instalaciones adecuadas que saque a las personas del puerto de Arguineguín, para garantizar que todas las personas, especialmente las más vulnerables, como las posibles víctimas de trata, tengan garantizados todos sus derechos.
Y es que, a pesar del aumento de llegadas, no solo no se han acondicionado las instalaciones, sino que además hay que lamentar que la asistencia letrada es cada vez más deficitaria. De hecho, se están tramitando órdenes de devolución sin que las personas hayan recibido una adecuada asistencia letrada, tal y como exige el derecho internacional de los derechos humanos.
La necesidad de una adecuada asistencia letrada
«Todas las personas tienen derecho a recibir una adecuada asistencia letrada, así como a acceder a sus derechos económicos, sociales y culturales, incluido el acceso a la salud, sin discriminación. Decretar órdenes de devolución directamente, tras haberlas tramitado en el puerto sin que las personas hayan accedido a una adecuada e individualizada asistencia letrada, para que puedan acceder a una información sobre sus derechos, entre ellos, el de pedir protección internacional, y que esta asistencia se produzca con traductores y en espacios adecuados, es una grave irregularidad a la que se debería poner fin de inmediato», ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
«Somos conscientes de que en 36 horas han llegado alrededor de 2.500 personas, así como que se está haciendo un gran esfuerzo por seguir los protocolos sanitarios derivados de la pandemia, pero las autoridades no pueden obviar sus obligaciones legales. Las devoluciones pueden entrañar peligros para las personas en el país de tránsito o de destino, y muchas de estas personas huyen de la guerra y la persecución, y tienen derecho a protección internacional», asegura Virginia Álvarez, responsable de Política Interior en Amnistía Internacional España.
Fuente: Amnistía Internacional
