Miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Barcelona han tomado una dura decisión. Desde el año 2008 se han llevado a cabo más de 10.000 desahucios solo en la ciudad de Barcelona, por lo que la PAH va a realizar un acto de puro activismo para poner el foco en esta situación y lograr un giro en las políticas de vivienda del ayuntamiento, la Generalitat y el Gobierno central.
La plataforma ha decidido ocupar este jueves el Ayuntamiento de la capital catalana de forma indefinida, junto con diversas familias desahuciadas, para exigir a los que señalan como culpables, tanto al Consistorio, la Generalitat, como al Gobierno central, de la desfavorable situación de estas familias.
En primer lugar, culpan al Ayuntamiento de tener un convenio con una empresa turística llamada SnowTravel para que se encargue de los realojos temporales, y que esta»realoja sin tener en cuenta las situaciones de las familias». Además, recriminan que la Generalitat permita que las viviendas protegidas de Catalunya puedan volver al mercado privado pasados 20 años ya que, si no fuera por esto, «hoy tendríamos un 39% de parque de vivienda público y protegido». Por último, los concentrados denuncian que el Estado invierte «solo un 0,04% del presupuesto en vivienda, cuando la media de la Unión Europea es de un 0,6% y que, además, en España solamente un 1,5% de la vivienda es pública, cuando en Europa representa un 15%».
La organización ha argumentado que esta es una situación que lleva mucho tiempo denunciando, por lo que ahora exigen a las tres administraciones que den una salida al problema habitacional: «No nos iremos de aquí hasta que no se cree un comité de crisis y den una solución para las familias. Nos quedaremos a dormir tantos días como sea necesario», ha advertido uno de los miembros de la plataforma a El Periódico.
La concejala de Vivienda, Lucía Martín, ha acudido al vestíbulo donde se encuentran instalados los protestantes a interesarse por la situación y dialogar con ellos. La alcaldesa Ada Colau, por su parte, ha reconocido que tienen «toda la razón» y ha pedido más implicación por parte de la Generalitat ya que, según ha explicado en rueda de prensa, «quien ha hecho los deberes es el Ayuntamiento, que asume el 80% de los alojamiento».
