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Por. J.C.
El Gobierno palestino decidió romper todos los acuerdos alcanzados con Israel e interrumpir permanentemente el diálogo bilateral, en respuesta a la decisión de Donald Trump de reconocer a Jerusalén, el pasado 6 de diciembre, como la capital del Estado Hebreo, informó un comunicado de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

El Consejo Central (Ejecutivo) de la OLP, reunido el pasado fin de semana en Ramala bajo el lema “Jerusalén Este, capital de Palestina”, subrayó en su declaración final que “quedan anulados los Acuerdos de Oslo”, firmados en Washington en 1993, por los que Israel reconocía a la OLP como representante del pueblo palestino y la OLP el derecho a existir de Israel.

El presidente palestino Mahmud Abás en la reunión del Comité Central (Ejecutivo) de la OLP

Respecto a la falsa promesa de Trump de ofrecer a las partes enfrentadas “un acuerdo definitivo”, el presidente palestino Mahmud Abás dijo: “Esperábamos el acuerdo del siglo y hemos recibido el bofetón del siglo” dando a entender que el inquilino de la Casa Blanca ha dinamitado el ya frágil Proceso de Paz en Oriente Medio.

La OLP, cuya administración se encuentra en Ramala, localidad situada a unos 15 kilómetros de Jerusalén, matizó que todos los progresos alcanzados en las últimas décadas han quedado en papel mojado, y que la situación ha retrocedido hasta los tiempos de la Guerra de los Seis Días (1967), cuando el ejército israelí ocupó militarmente Jerusalén Este, Gaza y Cisjordania.

Mahmud Abás aseveró que el conflicto israelo-palestino seguirá estancado hasta que Estados Unidos no cambie sus políticas “pro sionistas” en Oriente Medio..

Mientras tanto sigue en prisión la adolescente palestina Ahed Tamimi, quien se manifestó en su pueblo Nabil Saleh el pasado 19 de diciembre para protestar contra la decisión de EEUU de trasladar su embajada a Jerusalén.

La chica, de 16 años, abofeteó y dio varias patadas a un soldado israelí en su aldea, ocupada por Israel desde hace 51 años. La guerrillera, convertida en un icono de la resistencia palestina, podría (según pide la fiscalía castrense) ser condenada a una pena de hasta a diez años de cárcel.

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