La eurodiputada de Izquierda Unida Paloma López ha acusado este jueves a la Comisión Europea de no estar a la altura de lo que se espera de la Unión Europea en la lucha contra la corrupción y ha advertido de que ni esa laxitud, ni las lágrimas de cocodrilo por el ascenso de los populismos, repararán el descrédito de parte de la clase política. Desde el pleno de Estrasburgo, ha reclamado políticas públicas dirigidas a perseguir a los corruptos y a los corruptores que, como en España, han hecho del Estado un botín a su disposición.
“Es difícil pensar que la corrupción pueda seguir siendo tratada como un asunto al margen de la economía real”, cuando la propia Comisión Europea “reconoció en su informe de 2011 que las cifras que dan cuenta del impacto de esta lacra superan el presupuesto anual de la UE”, ha señalado López en una intervención.
Lo cierto es que, desde entonces, la Comisión no ha vuelto a elaborar ningún informe y mientras se empeña en “señalar al Semestre Europeo” como una herramienta para combatirla, esto se ha mostrado “claramente insuficiente”. “No puede entenderse la laxitud con la que la Comisión está abordando sus responsabilidades en este tema”, ha denunciado.
López ha sostenido que “la lucha contra la corrupción debería ser una política pública de la UE, un compromiso con los principios democráticos que decimos defender” y que “deben contribuir a reducir la desconfianza creciente hacia la política”. Si no, “las lágrimas de cocodrilo contra el ascenso de los llamados populismos, no es más que un ejercicio de hipocresía intolerable”.
“Vengo de un país donde los corruptores y los corruptos han considerado al Estado como un botín a su disposición. España ha sacado las peores notas en el índice de percepción de la corrupción y en el último informe Greco, mi país sólo cumplía parcialmente siete de las once recomendaciones” de este organismo internacional para combatir la corrupción. Una clasificación “inaceptable”, pero “tristemente no es el único país de Europa que suspende estrepitosamente”.
La eurodiputada de IU ha reflexionado sobre el daño que “esta colonización privada de lo público le hace a la democracia, no sólo a la economía” y ha lamentado que una parte de la clase política haya sido “protegida por las leyes, por algunos jueces, por algunos medios de comunicación y por los poderes económicos en su uso delictivo de los recursos públicos”. Sin embargo, ni siquiera con los denunciantes, es decir, las personas que destapan esa corrupción, “han sido nunca lo suficientemente protegidos” desde las instituciones y los Estados miembros.
Llegados a este punto, ha concluido, “la cuestión en este hemiciclo hace referencia a la importancia que le queremos dar a la lucha contra la corrupción” y “lo que podemos afirmar es que la Comisión está muy por debajo de las exigencias del momento”.
