Francisca García
Presidenta de ACAI
En estos días en los que una nueva oleada de conservadurismo amenaza con derribar los pilares de nuestros derechos y libertades, asistimos a un fenómeno muy característico de estas involuciones conservadoras: opinar sobre la realidad de grupos, colectivos y personas de las que se desconoce casi todo y en cuyo nombre se habla.
El ámbito de la prestación sanitaria de aborto provocado es un espacio al que permanentemente acuden estos grupos para hablar por las mujeres que interrumpen su embarazo, silenciando con exabruptos desafortunados su verdadera opinión. Y lo hacen con el objetivo de imponer a la mayoría un pensamiento minoritario que pretenden hacer pasar por colectivo. En consecuencia, los portavoces conservadores promueven proyectos que justifican aludiendo a una realidad imaginaria, a unos hechos no probados y a unas circunstancias nacidas de sus intereses e ideario. Este es el caso de la última iniciativa que los grupos ultraconservadores, representados políticamente por Vox, están imponiendo en distintos municipios de Madrid como Pozuelo, Las Rozas, Majadahonda…a los que gracias al apoyo del Partido Popular y a la abstención de Ciudadanos han convertido en “municipios por la vida”; habilitando presupuestos de hasta 100.000 euros para mostrar a las mujeres “su realidad sobre el aborto”, la suya, en un esfuerzo por torcer voluntades, generar culpas y divulgar información falsa que pretenden hacer pasar por evidencias médicas, por más que las mismas no se sustenten en ninguna base científica. Por cierto, un proyecto que pretenden hacer extensivo al resto de España, allí donde la connivencia del Partido Popular y la equidistancia de Ciudadanos se lo permita.
Dicen estos grupos en las exposiciones de motivos de sus propuestas, que las mujeres recurren al aborto mayoritariamente por razones económicas, que se ven avocadas por su entorno, que desconocen las consecuencias de sus actos. Dejando al margen, la consideración que los grupos ultraconservadores hacen de las mujeres a las que, a tenor de sus propuestas, valorarían como seres inmaduros, personas irreflexivas y poco formadas; tenemos que decir que las mujeres españolas mayoritariamente ni toman decisiones decididas por terceros, sino propias, ni son los fundamentos económicos las razones fundamentales por las que deciden interrumpir su gestación. 
Según estudios de ACAI plenamente vigentes (https://www.acaive.com/condiciones-que-motivan-el-aborto-provocado-2/publicaciones/), fundamentándonos en nuestra práctica médica diaria con cientos de usuarias y en base a nuestros más de 30 años de experiencia, estamos en condiciones de afirmar que el 41% de las mujeres que interrumpen su gestación lo hacen porque no quieren ser madres o no quieren volver a serlo en ese momento de sus vidas, de hecho, cuando los/as profesionales de ACAI les preguntan que si algún cambio en su situación personal, afectiva, social, laboral o económica les haría replantearse su decisión, la respuesta de este 41% de mujeres es siempre negativa.
En España, un 8,48% de las mujeres aborta por razones estrictamente vinculadas a su edad (juventud o madurez), un 10’76% lo hacen por razones afectivas, un 4,97% por patologías fetales, maternas, problemas de salud física o psíquica y un 41% abortaría en cualquier circunstancia. La suma de estos porcentajes nos muestra que un 54,41% de las mujeres que abortan lo hacen por causas que no tienen un origen ni económico, ni laboral ni afectivo.
Además, no son mujeres iletradas, carentes de formación, que necesitan ser “orientadas” como sostienen estos grupos extremistas. El Aborto Provocado no está vinculado a mujeres sin formación o sin empleo, ya que el 63,82% de las mujeres que abortan tienen estudios entre la Secundaria y el Bachillerato; y más del 43,52% están trabajando en el momento de la interrupción, siendo un 13,8% las que están estudiando. Las mujeres que abortan en nuestro país lo hacen tras haber tomado una decisión libre e informada, madura, acorde a su situación personal e íntima y nadie tiene derecho a juzgar sus razones, ni mucho menos a dificultar o entorpecer su decisión. Del mismo modo que nadie debería impedir una maternidad libre y voluntariamente elegida.
Dicho todo lo anterior, tenemos que decir que el grupo de mujeres que interrumpen su gestación por causas económicas y laborales queda circunscrito a un 34%. Este grupo de mujeres lo último que necesitan es tener que peregrinar por centros sanitarios donde las culpabilicen, las obliguen a escuchar el latido fetal o ver una ecografía contra su voluntad, les proporcionen información falsa o les prometan unas ayudas que no llegarán o que se limitarán a un apoyo puntual o irrelevante; y que difícilmente se extenderá más allá del puerperio.
Estas mujeres, como todas las mujeres, embarazadas o no, lo que necesitan realmente son iniciativas que ataquen directamente la precariedad en el empleo y los techos de cristal, lo que quieren es que exista una voluntad política real para desarrollar políticas de conciliación familiar, lo que buscan es una mejora de las condiciones generales del mercado de trabajo, de las ayudas a la dependencia de las que se les responsabiliza mayoritariamente, entre otras muchas medidas de carácter estructural que deberían ser prioritarias para nuestros/as políticos/as.
Es tendencia en todo movimiento extremista intentar hacer pasar un pensamiento propio, vinculado a intereses particulares, propio de determinadas élites que generalmente ostentan el poder; como una corriente ideológica general, comúnmente compartida. En el aborto, como en otras muchas cosas, estos pensamientos totalitarios también buscan tomar la parte por el todo, generalizar situaciones particulares y tratar de imponer medidas que sin venir a solucionar nada sigan sirviendo a sus intereses.
Francisca García Gallego, Presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI)
