La última de las leyes de ruptura ha sido aprobada este jueves por el Parlament de Catalunya. Esta es la norma que prevé la ruptura de la legalidad constitucional tras el 1 de octubre si los votos independentistas superan a los del ‘no’. 71 diputados han emitido votos positivos, contra los 52 escaños vacíos que los grupos de PP, Ciutadans y PSC han dejado en señal de protesta. Los diputados de Catalunya sí que es Pot han votado «no».
Esta nueva ley ha sido creada para regular el marco jurídico entre la ruptura del actual ordenamiento legal hasta la entrada en vigor de una nueva constitución, que sus redactores prevén de un año. Está diseñada para que su funcionamiento sea el de una carta magna provisional, tanto para el funcionamiento legislativo ordinario como para la regular el proceso constituyente.
La tensión se ha apoderado de la Cámara transformándose en bronca con el paso de las horas. Los diputados de Ciutadans, PSC, PP y algunos de Catalunya Sí que es Pot han acusado atropellar sus derechos a la mayoría parlamentaria y la propia presidenta, Carme Forcadell. La principal diferencia entre oposición y mayoría reside en la interpretación del artículo 81.3 del reglamento, que los independentistas usan para modificar el orden del día y suprimir trámites parlamentarios antes de llegar al debate a la totalidad de las proposiciones de ley. La oposición considera que ese artículo no permite al pleno eliminar varios de esos trámites, entre ellos el de la petición de un dictamen al propio Consell de Garanties. Los grupos de la oposición han anunciado que acudirán al Constitucional con recursos de amparo por esta práctica.
Los independentistas han tramitado y aprobado la ley de ruptura que, a su entender, debería quedarse ahora en un cajón hasta que el recuento del referéndum del 1 de octubre sea oficial, pero con toda probabilidad el Tribunal Constitucional tumbará la ley tan pronto como el Gobierno la recurra.
