El debate sobre la proposición, presentada de manera conjunta por PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, ha sido seguido, desde una sala de la Cámara vasca, por familiares de los condenados en junio del pasado año por la Audiencia Nacional a penas de entre 2 y 13 años de cárcel, por delitos de atentado a agentes de la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas, por su participación en la agresión cometida en octubre de 2016 en un bar del municipio navarro.

El texto aprobado insta a la Cámara a expresar “su respaldo a la paz y la convivencia en Altsasu”. Además, critica que el caso se juzgara en la Audiencia Nacional y expresa su “preocupación por que la instrucción, la vista oral y la propia sentencia emitida podría haber lesionado el legítimo derecho a la defensa, tal como han denunciado organismos como Amnistía Internacional”.

Tras mostrar su adhesión “a los derechos fundamentales de presunción de inocencia, seguridad jurídica y legalidad, el derecho de defensa, así como a los principios del derecho de individualización, determinación y proporcionalidad de la pena”, se denuncia “la imagen distorsionada que se ha trasladado de Altsasu”.

Finalmente, se solicita la excarcelación de los condenados “hasta agotar las vías judiciales”, ante su “ya prolongada estancia en prisión y la desproporción de las penas”.

El PSE-EE había presentado enmienda a la totalidad con una propuesta en la que se pedía manifestar “solidaridad con las personas agredidas” y que, “con independencia de que sea lícita la discrepancia con el contenido de la sentencia” de la AN, muestre su “respeto a la independencia del Poder Judicial”.

La iniciativa socialista también expresaba su “adhesión a los derechos fundamentales de presunción de inocencia, seguridad jurídica y legalidad, el derecho de defensa, así como a los principios del derechos de individualización y proporcionalidad de la pena”.

DEBATE PARLAMENTARIO

En el debate de la propuesta, la parlamentaria del PNV Amaia Arregi ha reivindicado una “Justicia en mayúsculas para todas las personas”, de manera que haya “para los mismos delitos, las mismas penas”, algo que “está claro que en este caso” no se ha producido.

Según ha indicado, se han registrado “muchas reyertas” en el Estado en las que han sido agredidos miembros de las Fuerzas de Seguridad, con “lesiones de mayor gravedad”, y sus autores no han sido juzgados en AN y han recibido penas “infinitamente inferiores”.

Asimismo, la parlamentaria jeltzale, que ha expresado su condena a “las agresiones que han dado origen a este proceso injusto y desproporcionado”, ha defendido que estas personas, que “llevan 820 días en prisión”, hasta que no haya sentencia firme no pasen “un día más” con la “medida excepcional” de prisión provisional.

Por su parte, el parlamentario de EH Bildu Julen Arzuaga ha criticado “la imagen desvirtuada” que se ha dado del pueblo de Alsasua, así como las “manifestaciones provocadoras por parte de Ciudadanos, Vox y el PP”, que ha pedido que cesen.

En este sentido, ha denunciado la “posición inaceptable” del PP, al que ha acusado de “encender ánimos y provocar”, y le ha censurado que su representante haya acudido a la Comisión de Derechos Humanos “con la esencia de la Plaza de Colón”. Asimismo, ha lamentado que no haya sido posible llegar a una transaccional con el PSE, al que ha valorado su “voluntad de acercarse a la tragedia de los jóvenes y las familias” de Alsasua.

También el representante de Elkarrekin Podemos Iñigo Martínez ha valorado la actitud de los socialistas, aunque no se han “movido” en sus propuestas lo “suficiente” como alcanzar un acuerdo. Asimismo, ha defendido que el Parlamento Vasco puede respetar las decisiones judiciales y también “tener su opinión”.

A su entender, la puesta en libertad “inmediata” de los jóvenes es “la única manera de empezar a hacer justicia” con este caso. “Partimos de unos hechos que todo el mundo rechaza, pero pedimos justicia y, sobre todo, que sea un acicate más para la necesaria reforma del sistema judicial para ser más democrática y adecuada a los tiempos”, ha señalado.

Por su parte, la parlamentaria del PSE Rafaela Romero ha lamentado que no se haya podido llegar a un acuerdo de transacción con los grupos proponentes, con los que, según ha indicado, se estaba “conforme” en relación a los “derechos que deben afirmarse en este proceso de este tipo” y que han sido “afectados por calificación de terrorismo”.

“La banalización en la calificación de los operadores jurídicos como terrorismo no hace ningún favor a las víctimas del terrorismo”, ha advertido la representante socialista, que ha apuntado que la aplicación de la prisión provisional “no puede convertirse en una pena cumplidora de la sentencia”. En cualquier caso, ha subrayado que el PSE considera que “un Parlamento no está para pedir la excarcelación de nadie”.

Finalmente, el parlamentario del PP Carmelo Barrio ha lamentado que el Parlamento Vasco esté “tratando de contaminar la actuación de los tribunales de Justicia”. “Estas iniciativas sí que son una desproporción”, ha denunciado.

Tras rechazar que la Audiencia Nacional sea “ningún tribunal excepcional”, ha advertido de que “en este país todavía tenemos problemas de convivencia” y ha acusado al portavoz de EH Bildu de estar “encantado con que se maltrate a la Guardia Civil”. “Eso es lo contamina la convivencia, gente que odia a la Guardia Civil por lo que ha hecho, junto a la Justicia, por acabar con ETA”, ha concluido.

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