Las obras de ejecución del parque eólico Mouriños, autorizadas por el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo entre las localidades de Cabana de Bergantiños y Zas provocan un desastre ambiental sin precedentes en la Costa da Morte coruñesa.
En una visita a la zona el 21 de abril, el diputado de En Marea y viceportavoz de la formación Antón Sánchez calificó como de «modelo de expolio» los planteamientos defendidos por el PP a nivel gallego y reivindicó la defensa de la Serra do Gontón, un lugar que consideró que debería de estar protegido por su gran valor a nivel paisajístico y patrimonial.
Una realidad que también se confirma a nivel económico, pues los tres aerogeneradores gigantes que contempla el proyecto, que alcanzarán los 151 metros de altura máxima, y cuya facturación anual rondará los 2,5 millones de euros, no aportarán ni un sólo euro en concepto de canon eólico a Galicia. Para Naturgy, la empresa promotora, todo son beneficios.
Sánchez lleva tiempo denunciando que el Gobierno del PP en la Xunta ha creado la tormenta perfecta y le está haciendo «el trabajo sucio» a Naturgy y a otros grandes conglomerados empresariales para la consecución de sus fines. Primero, con el diseño e imposición de la Ley 5/2017, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales, que acelera los proyectos y dificulta sobremanera la oposición social. Pero también el Gobierno de Feijóo, incumpliendo sus propias promesas al jugar con con la (no) aprobación de las conocidas como «Directrices da paisaxe», lo que está condenando el territorio a una desprotección injustificada, pues se permiten este tipo de proyectos en algunas de las zonas más valiosas y ambientalmente sensibles de todo el territorio gallego.
En 2017, la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN), ya advirtió que el proyecto presentado por la empresa analizaba «de modo muy incorrecto» el impacto del parque eólico sobre el medio natural de esta serranía costera, continuando con «la tradición de la mala o nefasta evaluación de impacto ambiental de los parques eólicos en Galicia» tanto por evaluar de manera «claramente deficiente» los impactos sobre flora y fauna (especialmente a nivel de aves y quirópteros) como por no apreciar la altura total de los aerogeneradores, así como un plan de vigilancia ambiental insuficiente. Además, la entidad alertó del importante impacto visual en una zona de «muy elevada calidad paisajística» y de la necesidad de tener en cuenta las directivas europeas por las posibles afecciones sobre los hábitats de conservación prioritaria y de interés comunitario (92/43/CEE).
En 2019 y ya con las obras del proyecto en marcha, ha sido Salvemos Cabana quien ha puesto el grito en el cielo, afirmando que «si bien la lucha ecologista y las gestiones llevadas a cabo en los últimos años en mayor o menor medida y a distintos niveles» por diversas entidades han conseguido la conservación del primer pico de la sierra (Pico de Sinde), «la triste realidad es que el resto de este singular espacio natural tiene los días contados» por la realización de cambios irreversibles en diversas zonas del macizo costero.
Esta y muchas otras entidades conservacionistas se preguntan ahora ante esta situación y las más de 100 alegaciones presentadas al proyecto «para qué sirve» una Consellería de Medio Ambiente «que se muestra incapaz de proteger de manera efectiva la naturaleza y la integridad del territorio» y «si este es el modelo que defiende para Galicia el actual presidente de la Xunta», en el que «lugares de alto valor paisajístico se transforman por imposición en suelo industrial utilizando la declaración de utilidad pública y las expropiaciones forzosas a beneficio de los grandes intereses empresariales».
EL TIEMPO CONTRA LA NATURALEZA EN LA COSTA DA MORTE
Desgraciadamente, en este momento el tiempo corre en contra de esta sierra costera hasta ahora intacta. Desde En Marea se ha solicitado la paralización cautelar de las obras y denunciado que los trabajos han provocado daños irreversibles que vulneran la Declaración de Impacto Ambiental, puesto que ya han desaparecido varios tramos de penedos, formaciones rocosas de gran interés paisajístico y geológico características del paisaje gallego y famosas por si singularidad.
Mientras tanto, la Fiscalía acaba de imputar al alto cargo de Feijóo que firmó los últimos permisos del parque eólico como director xeral de Industria, Enerxía e Minas. De este modo, Ángel Bernardo Tahoces tendrá que responder ante la Justicia de las numerosas irregularidades presuntamente permitidas en la mina de wolframio de San Finx, en Lousame (A Coruña), aunque su credibilidad ya estaba en entredicho desde 2012. En septiembre de ese año, y tal como adelantó el diario El País, se supo que una orden por escrito del hoy investigado ordenó a los funcionarios de su consellería ocultar informes contrarios a eólicas y que no figurasen en los expedientes durante el trámite de exposición pública, limitando así las alegaciones vecinales, de empresas de la competencia o de los propios ayuntamientos donde pretendían instalarse los proyectos.
