La semana pasada, PP y PSOE llegaron a un acuerdo y renovaron algunos de los cargos pendientes: cuatro miembros del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y su adjunta; los doce consejeros del Tribunal de Cuentas; y la directora y la adjunta de la Agencia de Protección de Datos. Así, queda pendiente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En el caso del Tribunal Constitucional, el mandato de los cuatro jueces que elige el Congreso llevaba caducado desde 2019.

Sigue resultado chocante en el concepto de democracia que los partidos políticos —además únicamente dos— tengan poder para elegir la cúpula del poder judicial, pero precisamente por ello somos conscientes de que quienes ocupan esos puestos se deben a quienes les eligieron y a quienes son afines, con el perjuicio severo que esto puede causar en la impartición de una justicia real.

Así, propuestos por el PSOE llegan al Tribunal Constitucional Inmaculada Montalbán Huertas y Juan Ramón Sáez Valcárcel. Del lado del PP, Enrique Arnaldo Alcubilla, activista de la Fundación FAES, ligada al partido; y Concepción Espejel. El nombramiento de esta última resulta especialmente alarmante, no solo por sus vínculos conocidos con el PP, sino por las graves irregularidades cometidas en algunos procesos judiciales encabezados por ella.

¿Quién es Concepción Espejel?

Jueza y presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, pertenece también a la Asociación Profesional de la Magistratura. En 2008 entró en el CGPJ a propuesta del Partido Popular. Ocho años después, en 2016, debido a su estrecha afinidad con el PP, el conjunto de magistrados de lo Penal de la Audiencia Nacional les obligó a ella y a Enrique López a excluirse de los tribunales que iban a encargarse de juzgar la primera etapa de la trama Gürtel —la visita del Papa a Valencia en 2006—. Les obligaron porque se negaban a hacerlo por iniciativa propia. Igualmente, a ambos se les apartó del juicio del caso Bárcenas.

Ya en 2017 fue nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Su nombramiento generó mucha polémica por su estrecha relación con María Dolores de Cospedal. En 2014 el Gobierno de Mariano Rajoy había impuesto a la magistrada la orden de San Raimundo de Peñafort y la encargada de hacerlo fue la entonces presidenta de Castilla-La Mancha, que se dirigió a ella como «querida Concha».

Algunos casos polémicos

En 2007, cuando ejercía como presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara, llegó el caso Bar Chinaski: el jefe provicial de Falange de Guadalajara había apuñalado tres veces con una navaja de ocho centímetros de hoja a un joven de izquierdas. Espejel determinó que el falangista no pretendía matar, sino lesionar, «máxime si tenemos en cuenta que la víctima es una persona delgada, con menor resistencia por tanto a la penetración, lo que denota la escasa contundencia del impacto». Así, el agresor fue condenado por delito de lesiones. Pero el agredido recurrió y el Tribunal Supremo condenó al falangista a 5 años de prisión por tentativa de homicidio.

Otro caso en el que también destacó Espejel, en esta ocasión por derroche innecesario de recursos, fue en 2005, en el caso Incendio de Riba de Saelices, donde murieron 11 personas del retén de extinción de incendios y se quemaron 13.000 hectáreas. Desde el principio, la jueza de Sigüenza que instruía el caso descartó la responsabilidad de los cargos políticos y técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (en ese momento gobernada por el PSOE).

Pero Espejel y dos magistrados más ordenaron seguir investigando. Unas semanas más tarde, la jueza instructora fue trasladada por el CGPJ y la nueva imputó a una veintena de cargos y 15 de ellos fueron procesados. El PP, que ejercía de acusación particular, pedía cárcel por delitos de incendio, homicidio y contra los trabajadores. Precisamente cuando Espejel abandonó el caso para entrar en el CGPJ y se renovó la Audiencia Provincial, la nueva presidenta eximió a todos y condenó solamente al excursionista que había provocado el incendio cuando hizo una barbacoa. El tribunal tildó de «irrelevante» e «inútil» casi todo lo investigado por considerar que el origen y el autor se conocían «desde el inicio».

Llega el caso Alsasua

En la madrugada del 15 de octubre de 2016 se produjo una agresión tras una pelea en un bar de la localidad navarra de Alsasua entre varios jóvenes y dos agentes de la Guardia Civil fuera de servicio y sus parejas. Ya desde el principio las irregularidades colmaron este caso. Se rechazaron imágenes y pruebas que cuestionaban el procedimiento judicial, aunque más tarde serían aceptadas. También se rechazó el testimonio de testigos propuestos por la defensa y otras imágenes y fotografías que desmontaban la versión de los guardias civiles.

Unos días después, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) se presentó como acusación particular y les denunció por terrorismo y odio, denunciando además varias cuentas de Twitter, al movimiento local Ospa y la campaña Alde hemendik! («fuera de aquí»), que piden el fin de la presencia de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Algunos de los jóvenes simpatizaban con Ospa, así que la relación para la Fiscalía estaba clara: como ETA defendía el reclamo Alde hemendik!, todos los que también lo defienden son ETA, cuando se trata de un movimiento transversal en Euskadi y no es exclusivo de ETA. La realidad es que, aunque no se podía demostrar ningún vínculo entre Ospa y ETA, se solicitó la transferencia del caso a la Audiencia Nacional. A pesar de que la Audiencia de Navarra descartó los cargos por terrorismo —hablaba de lesiones y atentado a la autoridad— y pedía juzgar el caso, el Tribunal Supremo autorizó el traspaso a la Audiencia Nacional.

El juicio contra los ocho jóvenes —imputados por una larga lista de cargos, entre los que, ahora sí, se incluía terrorismo— fue dirigido en primer lugar por la entonces jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela. En marzo de 2018, ya como presidenta de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel fue nombrada magistrada al frente del caso cuando quedaba un mes para el juicio. La defensa pidió entonces apartar a Espejel por su cercanía a la Guardia Civil, ya que su marido es coronel de este cuerpo y ella había sido condecorada por la Orden al Mérito de la Guardia Civil. Pero la Audiencia Nacional rechazó su petición.

Foto: Gobierno de Castilla-La Mancha

Graves irregularidades

La versión de los guardias civiles mostró enseguida sus fisuras, con pruebas que la desmontaban o, al menos, la cuestionaban. Uno de ellos decía haber visto a uno de los jóvenes, Adur, con camiseta roja. Pero una foto del grupo de amigos y un vídeo cuyos metadatos revelaban que se hicieron esa noche mostraban que Adur llevaba una camiseta negra.

Además, ambos declararon haber recibido una paliza brutal y multitudinaria que les pareció organizada. Pero una trabajadora del bar dijo que no vio nada y el propietario rebajó la intensidad de la pelea y habló de un corte de 1 cm sin sangre. Es más, las pruebas médicas mostraron que las lesiones más graves fueron este corte de 0,5 cm y un tobillo fracturado. De hecho, las peritas médicas declararon en el juicio lo siguiente: «Nos ha llamado la atención que, atendiendo al relato de hechos, que enumera 20-25 [supuestos agresores] y varios momentos diferentes de agresión, no haya habido ningún hematoma ni de ataque ni tampoco defensivo».

Asimismo, un vídeo grabado poco después de los hechos muestra al guardia civil con una camisa blanca impoluta, sin huellas de zapatos ni sangre. Y los guardias civiles se mantenían perfectamente en pie y ellos mismos llamaron a la Guardia Civil y a la ambulancia. Nada que pueda hacer creer que han sufrido un linchamiento multitudinario de 25 personas. Por si fuera poco, en el vídeo se observa cómo el guardia civil tira el móvil al que graba, que es uno de los procesados y ni siquiera lo conoce.

Pero seguramente lo más llamativo y que demostró el fraude del caso fue la declaración del dueño del bar Koxka, donde se produjo la agresión. En ella se reflejan supuestamente sus palabras, pero durante su declaración en el juicio se le presentó un atestado policial con frases que él nunca dijo y sin su firma —una irregularidad muy grave—: «Yo declaré una cosa. Pero es que aquí hay cosas que yo no dije. Como decir que sabían pegar, ¡y yo en ningún momento dije que sabían pegar!».

La sentencia

Con todas estas irregularidades y sin pruebas sólidas, los jóvenes se enfrentaron a 375 años de cárcel en total por terrorismo. Además, tres de ellos habían pasado más de 550 días en prisión preventiva sin fianza y se les aplicaba el régimen FIES —con un seguimiento especial y estricto dentro de la cárcel— y estaban a más de 450 kilómetros de sus casas. Es decir, se les aplicó la legislación para casos de terrorismo sin existir ninguna prueba.

En junio de 2018 la Audiencia Nacional emitió su veredicto, con Concepción Espejel al frente. Aun con todas las irregularidades, la abrumadora falta de pruebas les hizo eliminar los cargos de terrorismo y condenaron a los 8 jóvenes a penas de entre 2 y 13 años de prisión por delitos de atentado, lesiones, desórdenes públicos y amenazas con la agravante de abuso de superioridad y odio.

El 9 de octubre de 2019 el Tribunal Supremo dictó la sentencia final. Eliminó la agravante de discriminación y el de abuso de superioridad en el caso del delito de atentado a la autoridad, y suprimió a dos acusados de alguno de los delitos de lesiones por falta de pruebas. Mantuvo el resto de casos, pero rebajó las penas a entre 1 y medio y 9 años y medio de prisión. Las familias mostraron su «indignación, enfado, impotencia y rabia» y en julio de este año conocíamos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha admitido a trámite seis de los recursos presentados por los 8 jóvenes contra la sentencia del caso Alsasua.

Contra Valtònyc y Pablo Hasél

Por si todo esto fuera poco, Concepción Espejel también ha estado implicada en las sentencias condenatorias contra los raperos José Miguel Arenas Beltrán (Valtònyc) y Pablo Hasél. En el caso del primero, un tribunal de la Audiencia Nacional presidido por Espejel le condenó en febrero de 2017 a 3 años y medio de cárcel  por enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas por el contenido de algunas de sus canciones. En febrero de 2018 el Tribunal Supremo ratificó la condena y en junio se conoció que había huido a Bélgica, donde se encuentra actualmente. Se puso a disposición de la justicia belga, que le dejó en libertad sin fianza con la condición de no salir del país mientras se tramite su caso.

Por su parte, Pablo Hasél fue condenado en marzo de 2018 a dos años y un día de prisión por un delito de enaltecimiento del terrorismo. Este último con la agravante de reincidencia al haber sido condenado en 2015 por el Tribunal Supremo por 64 mensajes publicados en Twiter y una canción en Youtube sobre Juan Carlos I. Se le condenó también a pagar multas por valor de 24.300 euros por injurias a la Corona y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El propio Hasél pidió que se le revocara la condena por dos motivos. Por un lado, argumentaba que sus críticas no eran injurias al basarse en hechos de «público conocimiento», como la supuesta implicación del rey en el golpe de Estado del 23F. Por otro, porque los magistrados Concepción Espejel y Nicolás Poveda carecían de «la objetividad necesaria» para juzgarle, ya que la primera está vinculada con la Guardia Civil y el segundo, con la Falange, ya que fue candidato en dos ocasiones (1977 y 1979) por la Falange Española Independiente.

2 Comentarios

  1. La frase por la que el exalcalde de Jerez de la Frontera fue condenado «La justicia es un cachondeo» suena ahora a demasiado blanda. Vista la actualidad judicial, la situación de la Judicatura en España es imposible de calificar sin utilizar palabras mucho, mucho y mucho, más obscenas que «cachondeo». El PSOE y sobre todo el corrupto PP la han llenado de auténtica mierda.

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