El Pazo de Meirás y todos sus bienes deberán ser entregados al Estado el próximo jueves

La jueza Marta Canales, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña, ha rechazado todas las alegaciones presentadas por la familia Franco y ha decidido que el Pazo de Meirás deberá ser entregado al Estado, con todos los bienes que haya en su interior, el próximo jueves 10 de diciembre.

El auto de la jueza designa al Estado depositario de “todos los bienes muebles y elementos accesorios” que conforman “el complejo del Pazo de Meirás”, aunque acepta que “se pueda permitir la retirada de aquellos objetos de estricto uso personal o que, por sus características, nada aporten a la significación del pazo como Bien de Interés Cultural”.

Dado que los herederos del dictador habían hecho pública su intención de vaciar los objetos del inmueble y trasladarlos en hasta 50 camiones, la magistrada ha considerado «urgente» prohibir a la familia del dictador retirar nada del Pazo, atendiendo así a la demanda de los representantes públicos, quienes consideraron necesario que todos los bienes del interior de la propiedad donada al caudillo y sus jardines sean depositados en custodia hasta que haya una resolución en firme sobre la propiedad.

La magistrada ha señalado que era “necesario saber qué existía en Meirás” antes de permitir “trasladar todo tipo de bienes desconocidos”. “De no haber adoptado las medidas cautelares nunca sería posible acoger una decisión futura, nunca podría debatirse si, por ejemplo, un escudo se integra o no en la ejecución y propiedad del Estado, porque los bienes habrían, simple y llanamente, desaparecido”, ha continuado.

El Juzgado ha aceptado las alegaciones del Estado, la Xunta, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial y mantiene la fecha de entrega del inmueble el día 10 de diciembre a las 11.00 horas. Por su parte, los guardeses tendrán hasta el 15 de enero de 2021 para abandonar la casa en la que habitan.

Junto con el auto, el Juzgado hizo entrega de las copias del inventario tanto a las administraciones demandantes como a la familia del dictador, quien tiene intención de recurrir hasta el final la sentencia que les obliga a devolver la propiedad.

La histórica sentencia que ordena restituir el pazo al patrimonio público declara probada la mala fe con la que el dictador y su familia se hicieron con la propiedad. La demanda formalizada en los Juzgados de A Coruña y que se basaba en que Franco habría cometido un «posible fraude» para «dar apariencia de legalidad» a la adquisición de la vivienda, fue interpuesta por el Estado y más tarde se adhirieron a ella la Xunta de Galicia, los ayuntamientos de Sada y A Coruña y la Diputación Provincial.

Franco simuló la compra del Pazo de Meirás sin mediar precio alguno

La magistrada estimó que Franco realizó una compra simulada de la propiedad, con la sola finalidad de inscribir este bien a su nombre en el Registro de la Propiedad sin mediar precio alguno, tres años después de haberle sido donada en 1938 durante su condición de jefe de Estado, una donación que ha declarado nula «por carecer del requisito esencial de forma». El inmueble fue donado a Franco en su calidad de jefe de Estado y no a título particular, por lo que pertenece al patrimonio público.

La donación fue realizada por la Junta pro Pazo del Caudillo después de haberla comprado a sus legítimos propietarios hasta entonces, los herederos de Emilia Pardo Bazán.

Los investigadores que estudiaron el proceso de adquisición del Pazo de Meirás acreditaron que el pueblo coruñés donó dinero de forma obligada para su adquisición y que el Estado asumió todos los gastos de la residencia estival que fue gestionada y administrada como residencia oficial de la Jefatura del Estado.