Según un documento, publicado en el Diario Oficial de la Academia Estadounidense de Pediatras, la definición de tortura contra los niños es semejante al tratamiento que el Gobierno del presidente saliente, Donald Trump, da a los menores inmigrantes detenidos en su intento de entrar al país, especialmente la separación de los menores de sus padres.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (CAT, en inglés), prohíbe la tortura, en particular contra los niños.
Los pediatras recuerdan que, según el CAT y el Estatuto de Roma, el trato de los niños en la frontera con México «cumple con los tres criterios de tortura».
En concreto señalan el “infligir intencionalmente dolor o sufrimiento físico y/o psicológico severo”, que el trauma ocurre con el “consentimiento y/o aquiescencia de las autoridades” y, que el “trauma físico o psicológico es intencional y tiene un propósito específico, como coerción, intimidación, castigo y/o disuasión”.
En relación al último punto, recuerdan que la política de «tolerancia cero» de Trump, que incluía la separación de los niños de sus familias, tenía como objetivo evitar la llegada de indocumentados al país.
Los médicos recordaron además que, desde 2018, al menos siete menores han muerto en custodia de las autoridades o inmediatamente después de ser liberados y que muchos niños son hacinados en «condiciones insalubres y peligrosas».
Este tratamiento ha provocado que muchos de ellos sufran trastornos de ansiedad generalizada, depresión, trastorno de estrés postraumático e incluso que hayan intentado suicidarse, un trauma que requerirá años de tratamiento.
Miles de niños fueron separados de sus padres al ser detenidos en la frontera y, a pesar de que una orden judicial obligaba a las autoridades a reunificarlos, 600 menores siguen sin poder reunirse con sus progenitores.
Además, a nivel colectivo, piden a la Academia Estadounidense de Pediatras que emitan una declaración política contra la tortura infantil y contra la separación de las familias migrantes, así como iniciar y apoyar un caso contra EE.UU. en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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