Javier F. Ferrero

Ha pasado un mes y el Gobierno todavía no ha sumado ningún apoyo a la senda económica negociada con Bruselas para los próximos tres años.

Buena parte de culpa la tiene el no haber movido un mínimo los números que presentó el julio: un objetivo de déficit del 1,8% del PIB y de deuda pública del 2,3%, para el año que viene.

Hace menos de un mes, el PSOE solo logró sumar el respaldo del PNV. Unos días antes, en la reunión del CPFF, ni siquiera logró que todas los gobierno autonómicos socialistas votaran a favor, ya que la Comunidad Valenciana que preside Ximo Puig se abstuvo y Catalunya no se presentó.

La Ley de Estabilidad establece que si las Cortes rechazan su plan macreconómico, el Gobierno debe volver presentarlo a los 30 días. Y el que está llamado a ser principal aliado de Sánchez en el Parlamento, Unidos Podemos, ya ha mostrado su decepción por las intenciones del Ejecutivo y se prepara para volver a abstenerse.

El Grupo Confederal reclama, entre otras medidas, la renegociación del déficit con Bruselas o la derogación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que impone, entre otras cosas, el pago de la deuda a la banca por delante de los servicios públicos y la necesidad de aprobar la senda del déficit en el Senado, otorgando así el poder absoluto al Partido Popular.

Unidos Podemos pide, además, la relajación de la regla de gasto que traslada la austeridad a los ayuntamientos, la derogación de los decretos de racionalización del gasto que ahogan la sanidad, la educación y la ley de dependencia y el aumento de los impuestos a los que más tienen y a las grandes corporaciones.

El PDeCAT deja la negociación en manos del Govern de la Generalitat. Desde Catalunya sostienen que “no hay negociaciones en marcha sobre este tema ni el voto decidido” aunque en su caso explicitan que “la decisión se tomará de acuerdo con la estrategia del Govern catalán”.

La decisión de la Generalitat valenciana, compartida por PSOE y Compromís, no está tomada de forma definitiva.

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