Pena de muerte: el asesinato legal

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Por Javier Díaz Ortiz @JaviRanvich

Derecho a la vida, la viga maestra sobre la que se estructuran los Derechos Humanos. Es la base de cuantas garantías se le reconocen a una persona por el mero hecho de su existencia. El ser humano lo es desde el momento en que nace y hasta su muerte; y durante todo ese tiempo, su vida, no existe circunstancia, razón, hecho o poder que pueda revocar esa condición. De esta afirmación se deviene la inamovible conclusión de que ningún ser humano está ni estará, en todo tiempo y lugar, en ocupación de cargo de autoridad suficiente para ordenar o ejecutar la supresión de la condición humana. Dicho en palabras llanas, no este nadie en posesión del derecho para arrebatarle la vida a un semejante.

Algunos países, sin embargo, han decidido retorcer el significado original de este principio y someterlo a una legislación del todo contraria al sentido de su enunciado. La pena de muerte, vigente en países como Estados Unidos o China, es el acto de deshumanización más absoluta. La comunidad política organizada en torno a un ordenamiento legal no es menos culpable que un vulgar asesino.

No obstante, detrás de cada gobierno que aplica la pena de muerte hay una sociedad que lo consiente. Son muchas las personas que se convencen de la necesidad de esa medida cuando consideran que una persona ha perdido su condición humana y, por consiguiente, sus derechos. Sin embargo, la realidad de los Derechos Humanos está su carácter inalienable, sean cuales sean los actos cometidos por esa persona. Ni si quiera el más cruel de los asesinos puede perder su condición humana y los derechos inherentes a ella. Cualquier proceso judicial, por muchas garantías que pueda reunir, no es un hecho de perfecta justicia y alzamiento de la verdad; los jueces son humanos y cometen errores, y las pruebas e indicios pueden no ser del todo veraces. Pero no es una cuestión de hacer una distinción entre culpables e inocentes, sino de proteger de forma universal el derecho a la vida de todo hombre y mujer con independencia de sus actos y circunstancias personales.

Irónicamente, la pena de muerte tiende a ser un recurso sobreexplotado para la defensa del derecho a la vida. Sin embargo, la historia ha demostrado la inutilidad de esta práctica, lo que es un claro manifiesto del error que supone. No se puede amparar un crimen en un ordenamiento legal; la ley es ley hasta que se cambia, y entonces deja de serlo. Esto puede parecer una obviedad, pero cabe recordar que, una vez más, legalidad no es sinónimo de justicia.

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