El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha presentado a los agentes sociales, patronal y sindicatos, un documento sobre su propuesta para la reforma de las Pensiones. Ese documento refleja, entre otras medidas, duras restricciones y penalizaciones para la jubilación parcial, así como penalizar todavía más duramente las jubilaciones anticipadas «voluntarias» y también las jubilaciones anticipadas de las personas con cotizaciones más elevadas. El ministro oculta, de forma intencionada, que esas personas con cotizaciones elevadas han cotizado (pagado a la Seguridad Social) por importes mayores que lo que recibirían de pensión máxima y por lo tanto ya han sido penalizadas previamente durante su vida laboral. Es una clara doble penalización.

Respecto al estudio que exigió el Pacto de Toledo al ministro Escrivá, sobre las inequidades de sufren las personas jubiladas de forma anticipada, con más de 40 años cotizados, de manera incomprensible, el documento no indica nada en absoluto. Ni una sola palabra.

El ministro también deja pasar una oportunidad de oro para establecer, de una vez por todas, el número de años que se deberían cotizar para tener derecho a la pensión integra, sin penalizaciones, con independencia de la edad de jubilación. Lo determinante deberían ser los años cotizados y no la edad de jubilación. En el mencionado documento no indica una palabra al respecto. Nuevamente hace caso omiso a un clamor popular.
Por otra parte, sin que conste por escrito en el citado documento, el ministro Escrivá ha filtrado que se va a proponer ampliar de nuevo el plazo a considerar en el cálculo de las pensiones, pasando éste hasta los 35 años. Se estima que tal medida supondría una reducción media del 5,5% en las pensiones futuras. Las mujeres serían, una vez más, el colectivo más castigado y discriminado, al tener, en general, carreras de cotización más cortas.

Con las medidas anunciadas, el ministro Escrivá está obviando, una vez más, las recomendaciones del Pacto de Toledo aprobadas en el Congreso por amplia mayoría.

El ministro Escrivá siempre ha preconizado la necesidad de que se transmita seguridad acerca del futuro de las pensiones y en eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, con las medidas que anuncia y los «globos sonda» que emite y alienta, lo único que consigue es sembrar de incertidumbre, desazón y angustia a las actuales y futuras personas jubiladas.

Como consecuencia de esa incertidumbre, se están anunciando un aluvión de prejubilaciones, incluso a partir de tan sólo 50 años de edad, en grandes corporaciones financieras e industriales. Adicionalmente, el número de consultas de particulares y autónomos en asesorías/gestorías acerca de su jubilación se están multiplicando. El ministro está generando angustia en la población.

No puede ser que se cambien «las reglas del juego» cuando el partido (la jubilación) está cercana. Esos cambios son siempre en contra de los intereses de los trabajadores.
¿Cómo puede planificar, por ejemplo, un autónomo su jubilación con esos cambios de normas y con esa inseguridad? Los años considerados para el cálculo de la pensión de jubilación han pasado de 2 a 8, después a 15, luego a 25 y ahora amenazan con 35. No se pueden hacer previsiones de futuro con esos cambios.

Pensiones

Las pensiones y el principio de contributividad

Respecto a las personas jubiladas de forma anticipada con largas carreras de cotización, el ministro Escrivá vulnera, de forma flagrante, el principio de contributividad que defiende el Pacto de Toledo de forma explícita. Ese colectivo debería dejar de estar penalizado, de manera total e inmediata, con los arbitrarios, discriminatorios e injustos coeficientes reductores que disminuyen su pensión en hasta un 32% (40% en los denominados mutualistas) tal como se reivindica desde la asociación ASJUBI40. Parece ser que, tal como se está filtrando, de forma interesada, en algunos medios, el ministro se escuda en problemas económicos, para mantener dicha manifiesta inequidad, cuando se trata sencillamente de un tema de justicia y dignidad.

Unos ejemplos: Una persona que se jubila a los 65 años precisa 37 de cotización para cobrar la pensión integra. Una persona jubilada anticipadamente, de manera forzada, a los 61 años, con más de 44 años y 6 meses de cotización está penalizada, de por vida, con un 24% de reducción en su pensión. En el caso de jubilación «voluntaria» a los 63 años, la reducción sería del 16% para toda su vida.

Un funcionario, perteneciente a las denominadas clases pasivas, puede jubilarse a los 60 años, con sólo 35 de servicio y cobrando la pensión integra.
Creo que no hacen falta más ejemplos para plasmar la injusticia que sufre el colectivo de largas carreras de cotización cuando se jubila de forma anticipada. Sencillamente es indigno y discriminatorio.

Hasta 14 Parlamentos Autonómicos han aprobado Proposiciones no de Ley para derogar esas penalizaciones a las largas carreras de cotización, además de Congreso y Senado. Hasta ahora los diferentes Gobiernos no han hecho caso alguno a esa demanda democrática. El actual Gobierno no es una excepción. De vergüenza! ¿Cómo puede permitirse el Gobierno desoír el mandato que emana de los parlamentos autonómicos, Congreso y Senado?. Es una burla a las instituciones democráticas y al pueblo que éstas representan.

El Gobierno podría verse obligado, como ya ha pasado en otras ocasiones con normativas relativas a jubilación, a modificar la Ley por reclamaciones interpuestas al Tribunal de Justicia Europeo. Lamentable tener que acudir a instituciones europeas para solventar injusticias y discriminaciones de la legislación española.

El Tribunal de Cuentas, por otro lado, ha dictaminado que entre 1989 y 2013, la Seguridad Social ha asumido 103.000 millones de euros que no le correspondían. El propio ministro Escrivá, desde su anterior cargo en AiREF, identificó otros 7.000 millones de euros adicionales. Esos enormes importes salieron de las cotizaciones mensuales de la misma generación que ahora está castigando y vilipendiando el ministro. La denominada generación del baby boom ha visto como sus cotizaciones se han destinado a otras cosas distintas del pago de pensiones y ahora, cuando se jubilan, les dicen que no hay dinero. Doblemente penalizados y burlados. Mientras tanto no he visto que nadie exija responsabilidades por el «saqueo» continuo, durante muchos años, de las cuentas de la Seguridad Social. ¿Cómo es posible que ningún partido político pida responsabilidades por ese manifiesto mal uso del dinero destinado a las pensiones? No se entiende.

Viendo este desfalco continuo a las cuentas de la Seguridad Social no se comprende que siempre pongan la excusa de falta de dinero para solventar de una vez temas como por ejemplo la injusticia contra las personas jubiladas de forma anticipada y con más de 40 años cotizados.

Con todos los sinsentido que hemos indicado, se pone de manifiesto que en realidad estamos asistiendo a la representación del cuento de la designación del lobo como cuidador del rebaño de ovejas, permitamese el simil. De todas formas, es preciso recordar que el lobo no engaña. Es su naturaleza. El problema es haberlo nombrado cuidador del rebaño. Ese es el problema.

El currículum del ministro Escrivá es muy claro. No ha engañado a nadie. Se comporta como era previsible.

Es un brillante economista, especializado en econometría, pero que sólo considera en sus modelos econométricos, las variable económicas, nunca los temas de justicia, dignidad y equidad. En su léxico sólo están las palabras de moda en ese colectivo, que han aprendido en «selectas» Universidades como eficiencia, minimizar, maximizar, resilencia, etc. Está lejos, muy lejos de estar concienzado con los temas de componente social y de justicia.
¿Cómo es posible que pensaran precisamente en él para este ministerio tan importante y sensible?. Podría haber sido posiblemente muy válido para otros ministerios, pero no para Seguridad Social.

Estamos pagando también el grave error de que las competencias de Seguridad Social y Trabajo se hayan dividido en dos Ministerios. Está claro que para consolidar las cuentas de la Seguridad Social es imprescindible adoptar medidas que competen al actual Ministerio de Trabajo.

Es imprescindible efectuar análisis y tomar medidas respecto la precariedad laboral, temporalidad,  paro juvenil, salarios irrisorios, inoperancia total del SEPE con las personas desempleadas de más de 50 años, falsos autónomos, prejubilaciones en grandes corporaciones, destope de cotizaciones, y un largo etcétera.

No puede ser que el ministro Escrivá «vaya por libre» recortando pensiones con las tijeras de podar como su gran aportación y solución. La consolidación de las cuentas de la Seguridad Social pasa ineludiblemente por aumentar ingresos y  adoptar medidas desde el ministerio de Trabajo en los aspectos indicados anteriormente. Espero que la ministra Yolanda Díaz sepa tomar las medidas correctoras para de esa forma aumentar los ingresos de la Seguridad Social.

Todavía espero que alguien, en el Gobierno o en el Congreso de Diputados, ponga sentido común e impere de una vez la justicia con las personas jubiladas, actuales y futuras. Nuestra sociedad lo precisa de forma perentoria.

En redes sociales se palpa el gran desencanto, decepción y crispación con el trato que se está dando a las personas jubiladas presentes y futuras. Es previsible pensar que esa desconexión de algunos partidos políticos con la realidad del país pueda provocar notables cambios en la intención de voto de ese enorme colectivo. Esto es fácilmente detectable en las redes. Los sociólogos van a tener mucho trabajo.

Luis Ortiga – Economista
ASJUBI40