Luis Ortiga. Economista
La OCDE ha presentado recientemente en Madrid su informe Bienal de pensiones. Asimismo, el FMI ha hecho público un informe sobre el gasto social en España y la sostenibilidad del sistema de pensiones.

Como no podía ser de otra forma, las conclusiones y recomendaciones que emanan de dichos informes están totalmente en línea con las propugnadas desde las entidades españolas AIReF y Banco de España.

Todos esos organismos defienden la implementación de políticas económicas ortodoxas y neoliberales donde debe primar, de forma exclusiva, el recorte en el gasto público para, según ellos, preservar el buen estado en las cuentas nacionales.

Promueven adoptar medidas exclusivamente de racionalización de gastos sin atender a un mínimo exigible de concienciación social, equidad y justicia. Es una visión solo economicista y, en consecuencia, carente de toda sensibilización social.

Con respecto a las Pensiones, todos ellos, por supuesto, coinciden en que la solución «milagrosa» al problema de la viabilidad de las pensiones públicas radica simplemente en aumentar la edad de jubilación.
Siempre buscan la solución fácil, la que afecta a la parte más débil, la que sufre la clase trabajadora.
La edad legal de jubilación ya ha sido objeto de cambio en España. De forma progresiva va a llegar a los 67 años, en línea con los otros países de la Comunidad Europea. Proponer un nuevo aumento en la edad de jubilación es asestar un duro golpe al estado de bienestar que con tantos esfuerzos se ha conseguido.
Es preciso que se adopten otras medidas de carácter económico y social para consolidar la viabilidad de las pensiones.

Respecto a esos organismos, unos apuntes breves:

La OCDE ostenta el dudoso «honor» de que sus tres anteriores Directores Gerentes, Dominique Strauss, Rodrigo Rato y Christine Lagarde, han estado, por diferentes motivos, golpeados fuertemente por escándalos de consideración. En aras del prestigio de esa institución, espero que no haya un cuarto escándalo que afecte a sus principales ejecutivos.

El Banco de España como función principal, tiene que supervisar el sistema bancario español. Sin embargo, fue incapaz de prever y evitar la crisis bancaria que asoló hace pocos años a la clase trabajadora. Diversos episodios como privatizaciones dudosas, productos bancarios de fiscalidad opaca, productos financieros comercializados, sin la necesaria información, a ancianos y personas sin conocimientos financieros, etc. Todo ello aconteció a pesar de la supervisión de ese organismo. Lamentable.

AIReF es en teoría una institución «independiente». Llama, no obstante, la atención que su anterior Presidente haya pasado a ser, sin solución de continuidad, el nuevo Ministro de Seguridad Social. Curiosa independencia.

A título anecdótico, indicar que se valoraría mucho conocer la opinión de esos doctos organismos respecto por ejemplo a la especial situación de que gozan los eurodiputados. Nunca he oído su opinión sobre la edad real de jubilación de la que disfrutan los eurodiputados. Tampoco sobre si los mismos tienen una pensión máxima, o sobre el IRPF que se aplica a sus pensiones. Puede parecer anecdótico, pero sería interesante conocer su opinión, no?
¿tienen trato diferencial respecto al resto de personas? Mucho me temo que así es.
¿Qué otros colectivos públicos gozan de privilegios?

Si se quiere una mejora estructural en la economía nacional y, en consecuencia, en las pensiones, pueden y deben buscarse otras muchas posibilidades. Se deberían estudiar y analizar en profundidad diversos temas que afectan a las cuentas nacionales:

1- Política de natalidad
2- Mercado laboral. Precariedad. Sueldos. Falsos autónomos. ERE’s.
Brecha salarial de género. Empleo juvenil.
3- Política migratoria
4-Fracaso escolar
5-Destope de cotizaciones. A día de hoy salarios mensuales superiores a 4070,10 euros no cotizan nada a la Seguridad Social a partir del citado importe.
6-Combatir la corrupción
7-Fiscalidad. Analizar que colectivos son los favorecidos por exenciones y reducciones. Maximizar su eficiencia y redistribución.
8-…………

Lo que debería hacer la Seguridad Social, de forma inmediata, por justicia social, es establecer el número de años de cotización que asegure percibir el 100% de la pensión, con independencia de la edad de jubilación. Lo determinante deberían ser los años de cotización y no la edad de jubilación. Es un tema de justicia, equidad y sentido común.
Según datos facilitados por la propia Seguridad Social hay más de 500.000 personas jubiladas de forma anticipada, que a pesar de haber cotizado durante más de 40 años sufren de forma arbitraria e injusta reducciones en su pensión, que pueden llegar a ser hasta del 32%. Esas reducciones se aplican a toda la vida del pensionista como una suerte de cadena perpetua.
Es preciso que se eliminen de forma inmediata los coeficientes reductores que penalizan, de por vida, las pensiones de personas con más de 40 años de cotización.
Esta reivindicación está aprobada en los Parlamentos autonómicos, en comisiones parlamentarias del Senado y Congreso a través de Proposiciones no de Ley, sin embargo, el Gobierno, de manera incomprensible, mantiene los citados coeficientes reductores.

Esperemos que el nuevo Gobierno tome las medidas necesarias para mejorar nuestro estado del bienestar, adoptando medidas estructurales que permitan aplicar medidas sociales y progresistas.
No puede limitarse a adoptar medidas de reducción de gastos y aumento en la edad de jubilación, como sugieren algunos organismos nacionales e internacionales.

Confiemos que el perfil social de equidad y justicia que ha demostrado siempre la nueva ministra del Trabajo prevalezca en el Gobierno sobre el perfil de economía ortodoxa y neoliberal mostrada por el nuevo ministro de Seguridad Social.