Coordinadoras, plataformas y colectivos de pensionistas de todo el Estado saldrán a las calles este lunes 25 de enero para mostrar su rechazo a las propuestas del Pacto de Toledo y el desarrollo de las mismas que pretende hacer el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Tal y como recoge 65ymás.com, entre las propuestas que sopesa Escrivá, que no están dentro de lo recomendado por el Pacto de Toledo, estarían desde estudiar restricciones y penalizaciones para la jubilación parcial, así como penalizar todavía más duramente las jubilaciones anticipadas voluntarias y que también podrían acabar afectando a las jubilaciones anticipadas de las personas con cotizaciones más elevadas.
Además, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones quiere negociar una ampliación del periodo de cálculo de las pensiones, pasando éste hasta los 35 años (desde los 25 que serán legales a partir de 2022). Esta medida, según los economistas, supondría una reducción media del 5,5% en las pensiones futuras, y las mujeres serían probablemente el colectivo más castigado, al tener, en general, carreras de cotización más cortas.
Los sindicatos se niegan a endurecer la jubilación y cualquier medida que suponga recortes de las pagas y mientras Nadia Calviño reconoce que “tenemos que asegurarnos de que tenemos pensiones dignas en 20-40 años y para eso tenemos que explorar distintas alternativas”, Yolanda Díaz advierte de que “ampliar la base de cotización a 35 años es un recorte en las pensiones públicas.
El Pacto de Toledo no insta a ampliar a 35 años el cómputo de la pensión sino evaluar el impacto de la reforma del año 2011 para ver si conviene introducir elementos correctores, entre ellos, la posibilidad de elegir los mejores 25 años de la vida activa para cada trabajador. Quien sí plantea aumentar la cantidad de años para calcular la pensión hasta los 35 es la AIREF, de la que Escrivá fue presidente hasta su nombramiento como ministro.
La propuesta es polémica porque supone pensiones menores ya que los trabajadores suelen tener mejores contratos y salarios en sus últimos años de vida laboral, y peores en los inicios de su carrera profesional. Por eso, cuantos más años se cuentan del principio, más se rebaja la cuantía de la pensión final. En resumen: la ampliación a 35 años es una medida buena para el sistema y peor para el nuevo pensionista y solo se verían beneficiados trabajadores que, por ejemplo, ingresaran más con 40 años que con 55.
Los pensionistas reclaman pensiones dignas
Según denuncian los representantes del movimiento, este plan supone un nuevo ataque al sistema público de pensiones ya que fomenta las jubilaciones privadas, no garantiza una pensión mínima ni soluciona la desigualdad entre hombres y mujeres en las pensiones.
Tal y como recoge El Boletín, colectivos de pensionistas de toda España manifiestan su “rechazo frontal a la sustitución complementaria del sistema público, por medio de los planes privados de empresa, vía convenios, con soporte de dinero público y apoyo gubernamental y a costa de los ingresos de la Seguridad Social”.
“Con el falso argumento de que existe el peligro de desequilibrio financiero de las pensiones públicas, se intenta dinamitar el sistema público de pensiones con la complicidad de determinados agentes sociales con intereses económicos en estos planes privados”, han afirmado.
Además, critican que el Gobierno no esté negociando con los agentes sociales y reivindican la necesidad de garantizar por ley la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real y anual, la eliminación de la brecha de género en las pensiones o una pensión mínima igual al salario mínimo.
Entre las organizaciones impulsoras de las protestas están, entre otras, la Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), el Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas (MADPP) o la Coordinadora de Euskadi por la Defensa del Sistema Público de Pensiones.
