Hago, desde mi punto de vista (una miembro de varios movimientos sociales que lucha por la equidad social y la dignidad humana), de las “recomendaciones” que han sido, ya, aprobadas por el Congreso, el pasado día 27 de octubre. Esto provocará que se aprueben nuevas reformas que van a afectar a las y los pensionistas presentes y, sobre todo, futuros.

El Pacto de Toledo reafirma «su compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones» y se «opone a cualquier transformación radical del sistema» que suponga una ruptura de sus principios de solidaridad, suficiencia de prestaciones y equidad, entre otros. Se descarta así la transformación del actual sistema de reparto por un modelo de capitalización, por ejemplo.

Se reitera que las cotizaciones sociales se mantengan como «la fuente básica» de la cobertura financiera de las prestaciones contributivas, «sin perjuicio de los apoyos y recursos económicos adicionales», como pueden ser las transferencias del Estado. Se insiste además en que «las prestaciones no contributivas y los servicios de carácter universal se financien a través de aportaciones del Estado a la Seguridad Social».

Pregunta: ¿Dónde están los representantes de los pensionistas en esta foto?
Pregunta: ¿Dónde están los representantes de los pensionistas en esta foto?

Recomendación 0 | Defensa del sistema público

El Pacto de Toledo reafirma «su compromiso en el mantenimiento, mejora y adaptación del sistema público de Seguridad Social y, especialmente, del sistema de pensiones» y se «opone a cualquier transformación radical del sistema» que suponga una ruptura de sus principios de solidaridad, suficiencia de prestaciones y equidad, entre otros. Se descarta así la transformación del actual sistema de reparto por un modelo de capitalización, por ejemplo.

Se reitera que las cotizaciones sociales se mantengan como «la fuente básica» de la cobertura financiera de las prestaciones contributivas, «sin perjuicio de los apoyos y recursos económicos adicionales», como pueden ser las transferencias del Estado. Se insiste además en que «las prestaciones no contributivas y los servicios de carácter universal se financien a través de aportaciones del Estado a la Seguridad Social».

Así leído suena de maravilla. Lástima que, más adelante, se les vea el plumero y las “buenas intenciones” no sean tales.

No obstante, es bueno que aclaren que esperan que el sistema se mantenga con las cotizaciones pero que, si es necesario, se ayudará con TRANSFERENCIAS del Estado. Es bueno porque, hasta ahora, les llamaron PRÉSTAMOS. La verdad, nunca entendí eso de que una mano le preste a la otra.

Esta puede que sea una de las recomendaciones más relevantes en lo que se refiere a la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social, la garantía de sus recursos para pagar las pensiones presentes y futuras. El Pacto de Toledo emplaza a acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023 e insiste en la necesidad de un ejercicio didáctico para explicar a la población que gran parte de este ‘agujero’ se debe a la asunción de determinados gastos «impropios», que no deberían haber sido asumidos por las cotizaciones sociales.

Así, la comisión propone que estos gastos impropios pasen a ser sufragados por los Presupuestos Generales del Estado, financiados por la fiscalidad general, entre los que incluye las ayudas a las empresas de reducciones en la cotización a la Seguridad Social, las tarifas planas y otros ejemplos de tratamiento favorable en la cotización, las prestaciones relacionadas con el nacimiento y cuidado del menor, así como el complemento de maternidad en la pensión, entre otros.

Tuve el “honor” de formar parte del comité de los 6 representantes de COESPE que nos reunimos con la ministra Magdalena Valerio y el Secretario de Estado de la Seguridad Social (sindicalista de pro), señor Octavio Granado.

De aquella reunión sacamos pocas cosas en claro, pero lo único bueno que recuerdo es que manifestaron su intención de “sacar” de los gastos de la seguridad social aquellos que no eran inherentes a ella, es decir, pensaban hacer lo que “recomiendan” ahora: no pagar lo que no corresponde. Nos alegramos de que, por fin, lo plasmen sobre el papel. Otra cosa será ver qué consideran gasto impropio y qué no.

Recomendación 2 | Subidas con el IPC

Otra de las «joyas» del documento, aunque ya conocida porque existe un preacuerdo al respecto desde 2018. El actual mecanismo de revalorización de las pensiones, que aprobó Rajoy y provocaba las subidas anuales del 0,25%, sacó a miles de jubilados a la calle en multitudinarias protestas. El Pacto de Toledo defiende en su recomendación dos «el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro».

El documento precisa que «la revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones» y que el desarrollo de este «deberá ser consultado y debatido en el seno» de la comisión parlamentaria. Cualquier subida de las pensiones acordada por encima del IPC debería ser «sufragada con cargo a otros recursos financieros» ajenos a los de la Seguridad Social.

¡Y vuelta la burra al trigo! Esperemos que tomen nota, ya, de que un porcentaje, que ronda un 1%, aplicado sobre pensiones de miseria, logra que esa pensión siga siendo de miseria y, para más inri, acrecienta la diferencia entre la brecha entre las mínimas y las máximas. Las matemáticas no engañan, aunque haya quien se dedique a hacer juegos malabares con el lenguaje con tal de llevarnos al huerto y hacernos creer que ganamos algo (¿no le recuerda al jueguecito ese “trilero” ?, a mí sí).

Por otra parte, ese IPC no es real, al menos no es el que afecta a los bolsillos de la gente corriente. No, a nosotros nos sube la factura de la electricidad, el transporte, la fruta… y nos desequilibra la economía casera. Para calcular el IPC se utilizan 12 grandes grupos:

alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco, vestido y calzado, vivienda, menaje, medicina, transporte, comunicaciones, ocio y cultura, enseñanza, hoteles y restaurantes, y otros bienes y servicios. Lo curioso es que cada grupo no afecta igual, pero es que tampoco hacen el mismo porcentaje de consumo de cada uno de esos grupos los jóvenes, los de mediana edad y los mayores. Es decir, la enseñanza en un hogar de un matrimonio con hijos implica un porcentaje elevado de gasto, pero en la casa de unos pensionistas por jubilación, no afecta para nada a su economía.

Recomendación 3 | La ‘hucha de las pensiones’

Se aborda también la situación del Fondo de Reserva, la llamada ‘hucha de las pensiones’, vaciada en un 90% durante el mandato de Rajoy ante el gran déficit que enfrentaban las cuentas de la Social. El Pacto destaca que «una vez se recupere el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social» el texto plantea que «debe retomarse la regla según la cual los excedentes de las cotizaciones, sin límite alguno, han de incorporarse al Fondo de Reserva» y aboga por «establecer un remanente mínimo del Fondo de Reserva».

La comisión apunta que «el Fondo de Reserva no es el mecanismo adecuado para resolver desequilibrios financieros de naturaleza estructural», pero sí puede servir como «una importante ayuda para resolver desequilibrios coyunturales entre los ingresos y los gastos de la Seguridad Social».

Papel mojado y un sinsentido. O mucho cambia la tendencia demográfica, tecnológica, económica, fiscal… o jamás de los jamases se registrará ni un céntimo de excedentes para llegar al Fondo de Reserva. Lo del remanente mínimo no me parece mal, pero me gustaría saber de dónde se saca y a qué precio. No vaya a ser que se fabriquen un préstamo, igual que los actuales (ya saben, la mano derecha le presta a la izquierda) y tengamos ahí una deuda ‘IN saecula saeculorum’.

Recomendación 4 | Cotización de autónomos

Este apartado apuesta por avanzar a dos únicos encuadramientos en la Seguridad Social, uno para los trabajadores por cuenta ajena y otro para los trabajadores por cuenta propia, para lo que «resulta conveniente finalizar la plena integración de los regímenes especiales», como es el de empleadas del hogar, por ejemplo. En la aspiración de equilibrar la protección social de asalariados y autónomos, el Pacto de Toledo recomienda «medidas que contemplen la jubilación anticipada y el trabajo a tiempo parcial» de los autónomos.

La Comisión sostiene que la sostenibilidad del sistema de pensiones «exige que, de manera gradual y acomodándose a la gran variedad de situaciones del colectivo», se aproxime la cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. En este punto se ha añadido la precisión de que este cambio se produzca «en el marco del diálogo social», es decir, que se negocie con los sindicatos y la patronal, una reclamación del PP, según fuentes del Pacto de Toledo.

Dejan una puerta abierta al “diálogo social”. Eso significa dar pábulo a los sindicatos mayoritarios. Esos que se vendieron por un plato de lentejas y defienden al trabajador “de aquella manera”. Disculpen que no me levante cuando están presentes.

Considero que es necesario unificar de los diferentes regímenes (incluyo empleadas del hogar, trabajadores del mar, del campo, clases pasivas y minería del carbón). Por cierto, veo que, de nuevo, queda pendiente la plena integración del Sistema de Hogar en el Régimen General.

Aquí hablan de calcular la cotización en base a los ingresos. Claro que esto puede ser muy gravoso para un autónomo que cierra el mes con pérdidas, aunque haya facturado 6000 euros. Me dirán: -las empresas pagan las cotizaciones por salario, no por beneficios. Sí, pero las empresas, en términos generales, pueden afrontar mejor esa situación, sobre todo porque, al final del ejercicio, suelen tener beneficios suficientes para hacer frente a los gastos generales. De lo contrario enseguida buscan “argumentos” para entrar en suspensión de pagos o/y gestionar EREs.

Estoy más por la labor de que el autónomo (excluyo los falsos autónomos porque considero que es un fraude que ha de ser perseguido como tal) decida si quiere quedarse con una pensión acorde a lo que le correspondería por lo cotizado o a hacerlo por la facturación mensual y generar un derecho a una pensión más digna. Es algo similar a lo que hay hoy en día, lo sé, pero cargar a los autónomos (la mayoría ni siquiera contratan empleados y bastante tienen con subsistir) con un gasto social mayor que el que soportan actualmente es una incongruencia.

De todos modos, este es un punto para debatir porque me consta la gran diversidad de criterios, incluso entre mis propios compañeros, al respecto.

Recomendación 5 | Periodos de cotización

El Pacto «considera adecuado» mantener en 15 años el periodo mínimo de cotización necesario para acceder a una pensión contributiva de la Seguridad Social y coincide en que la progresiva ampliación de 15 a 25 años del periodo de tiempo utilizado para el cálculo de la base reguladora de la pensión, que se acordó en la reforma de las pensiones de 2011 y que culminará en 2022.

Como novedad en cambio el Pacto de Toledo recomienda evaluar «la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión». Es decir, que el trabajador pudiera elegir esos 25 años de manera que le sea más favorable para el cobro de su pensión, una solución que «puede resultar interesante» en supuestos como el de personas que durante un largo periodo de tiempo han experimentado una reducción significativa de las bases de cotización, por ejemplo, los trabajadores que se vieron afectados por la pasada crisis económica con situaciones de paro de largo duración.

Para «los casos de vidas laborales muy prolongadas», la Comisión emplaza a considerar la posibilidad de que el trabajador pueda descartar «algún año concreto del periodo de cálculo ordinario» o escoger «el específico tramo de la carrera de cotización» que sirva de base para el cálculo de su pensión. Sobre la pensión y la base máximas de cotización, el Pacto de Toledo cree que su relación «debe establecerse legalmente de forma clara y estable».

Otro ejemplo más de su lenguaje trilero. Dice lo que no dice, porque lo que dice, no es lo que realmente dice. Sí, es un juego de palabras, pero menos tramposo que el que utilizan estos “artistas”.

Si hacemos números esto conlleva, en el 90% de los casos, una bajada impresionante de la pensión que te correspondería si no se aplicase este “encaje de cálculos” que se han sacado de la chistera.

Eso está pasando, me refiero a la bajada de la cuantía de la pensión que corresponderá a los futuros pensionistas, desde las dos reformas que deben ser DEROGADAS por lesivas, muy lesivas, para los pensionistas presentes y futuros (las del 2011 y 2013). ¿Por qué no empiezan anulándolas y verán como mejora el SPP? Y si ya, de paso, derogan las reformas laborales de 2010 y 2012… miel sobre hojuelas, porque también mejoraría el mundo laboral y, con ello, las cotizaciones sociales, repercutiendo en las pensiones actuales y futuras.

Recomendación 6 | Incentivos al empleo

El Pacto precisa que «la financiación de los incentivos al empleo no podrá hacerse con cargo a las cotizaciones sociales» y recomienda incentivos concebidos «como una herramienta excepcional» y concentrados «en las situaciones y colectivos cuyo empleo se persigue favorecer de forma singular», como las personas con discapacidad, en riesgo de exclusión social, los parados de larga duración y las víctimas de violencia de género, entre otros.

Este apartado, al menos en lo concerniente a financiación, sobra, porque ya se sobreentiende, dado que desaparecerán los gastos impropios de las cuentas de la seguridad social, que este gasto impropio también desaparecerá.

Quizá ha llegado el momento de dejar de ayudar al empresariado (léase esclavo-capitalismo, porque el empresario de chichinabo no suele verse beneficiado por este tipo de “ayudas” para promocionar la contratación) y pensar más en que cada uno pague según le corresponda y según sus posibilidades económicas. O (idea de los socialistas, como los miembros de nuestro actual gobierno) ¿no se trataba de lograr un reparto más equitativo de la riqueza?

Eso del fomento de empleo para “favorecer” a los parados, discapacitados, víctimas de violencia de género… no me parece ni mínimamente oportuno. Demostrado está (y a todos nos consta) que lo único que se logra es mayor beneficio del esclavocapitalista, ya que esos colectivos realizan el mismo trabajo que el resto de los colectivos, solo que a menor coste para ellos.

Es más, puedo pensar, incluso, que incurre en una discriminación positiva, porque se verían favorecidos, a la hora de cubrir un puesto de trabajo, no el más capacitado sino el que menos coste social provoca al contratador.

Una sugerencia: castiguen la discriminación a la hora de contratar y verán como esa “necesidad” de incentivar la contratación de determinados grupos de personas, desaparece.

Y, por favor, dejen de clasificarnos de esa manera. Nos hacen un flaco favor a todos (por poner un ejemplo: discapacitados somos todos, nadie tiene todas las capacidades. A todos nos falta alguna).

Recomendación 7 | Información ciudadana

Se insta al Gobierno a dar cumplimiento a las obligaciones de información contenidas en el artículo 17 de la Ley General de la Seguridad Social, «de modo que cada ciudadano pueda disponer de información periódica individualizada sobre sus futuros derechos de pensión».

Habla del llamado “sobre naranja”. Se refieren a un proyecto (copiado de otros países) que, como muchos, quedó en un cajón esperando a ver cuándo interesaba sacarlo de nuevo. Se supone que nos enviarán una carta (que vendrá dentro de un sobre de color naranja), periódicamente, donde nos dirán qué pensión nos corresponderá, teniendo en cuenta las actuales condiciones, no las que habrá cuando te jubiles (por lo tanto, nos servirá de poco esa información). O sea, generarán unos gastos burocráticos que, en este caso, no será impropios, y los pagaremos todos con nuestras cotizaciones. Por cierto, fue en 2011 cuando se aprobó el envío de esa información, ¡ya llovió!

Recomendación 8 | Gestión del sistema

Dado que «la legitimidad del sistema de Seguridad Social también está relacionada con una gestión eficaz y eficiente», el Pacto destaca «la urgente necesidad de reforzar la dotación de las plantillas», entre otras cuestiones: «Resulta inaplazable abordar un plan integral de recuperación y renovación de la plantilla de personal al servicio de la Seguridad Social; a tal efecto, debe programarse la cobertura ordenada, paulatina e ininterrumpida del desmesurado número de plazas que han ido quedando vacantes durante las últimas décadas».

Además, la Comisión defiende «una más estrecha y adecuada coordinación entre el sistema de prestaciones de la Seguridad Social y los sistemas asistenciales autonómicos».

Todo lo que sea hablar de empleo, en principio, me suena bien. No sé no sé… Voy a dejar el tema a la espera de recibir más información sobre este punto.

Recomendación 9 | Mutuas de la Seguridad Social

Respecto a las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social, destaca la llamada al cumplimiento de «la regla de paridad en la composición de sus órganos de gobierno», así como la recomendación de «dotarlas de cierto margen de flexibilidad en el uso de sus recursos que resulte compatible con un estricto control por la Seguridad Social». El texto añade además que «se ha de avanzar en una mejor utilización de los recursos y experiencia de las Mutuas, en especial en los servicios traumatológicos».

¿Es, como parece, un toque de atención a las Mutuas? ¿Serán ellas víctimas, también, del afán desmesurado de privatización de todos los servicios públicos? Les recuerdo que las Mutuas ya son “privadas”, pero… ¡claro! las privatizaciones van dirigidas a favorecer a las grandes multinacionales, no a las “pequeñas entidades privadas”

Del punto sobre la paridad… no sé si callarme para no herir susceptibilidades “de grupos de salón” … Sí, mejor lo dejo para otra ocasión.

Recomendación 10 | Lucha contra el fraude

El Pacto insiste en la necesidad de reforzar la lucha contra el fraude a la Seguridad Social y destaca su apuesta por «la clarificación de las lagunas legislativas bajo las que se ocultan abusos en la determinación del concreto régimen de afiliación en el que se debe cotizar», como puede ser el caso de los falsos autónomos. El documento también aboga por «el endurecimiento del régimen de sanciones a las empresas que no cumplan con sus obligaciones frente a la Seguridad Social».

¡Hombre, aquí es donde pueden poner a trabajar a la mayoría de personal que insinúan en un punto anterior, que van a contratar! ¿Recuerdan aquellos inspectores de trabajo que venían a las empresas “por sorpresa” y hacían temblar a los jefes? Claro que era a los jefecillos de empresillas, no a los jefazos de las multinacionales que, casualmente, eran los que más fraude cometían. ¡Ah, no! No es fraude, es ingeniería fiscal. Se me olvidaba.

Recomendación 11 | Tantas cotizas, tanto recibes

Esta recomendación aborda lo que se conoce como «contributividad», es decir, «la existencia de una relación equilibrada entre el importe de la prestación reconocida y el esfuerzo de cotización previamente realizado por cada trabajador».

Se apuesta por la «contributividad» del sistema y se precisa que, en los casos de vidas laborales muy prolongadas, «cabría valorar la posibilidad de la inclusión de medidas que, con carácter excepcional, reconozcan la capacidad del beneficiario para descartar algún año concreto del periodo de cálculo ordinario o para escoger el específico tramo de la carrera de cotización sobre el que va a aplicarse la fórmula de cálculo para la determinación de su pensión». La medida aliviaría la situación de las personas con carreras muy largas de cotización que se han visto afectadas por la pasada crisis al final de su carrera profesional, lo que les aboca a una gran penalización de su pensión.

Pensé que se referirían a los largos periodos de cotización (40 o más años) para que estos “cotizantes” se pueden jubilar antes de llegar a la edad reglamentaria y lo hagan sin sufrir penalización alguna. O ¿no se trata de eso el título? Me he perdido. Esta recomendación es una copia de la número 5. ¿No lo ven ustedes así?

Recomendación 12 | Edad de jubilación

La Comisión apuesta, al igual que el ministro José Luis Escrivá, por que «la edad de salida efectiva del mercado de trabajo debe aproximarse tanto como sea posible a la edad ordinaria de jubilación legalmente establecida». Para ello, «es necesario profundizar en la prolongación voluntaria de la vida laboral más allá de la edad ordinaria de jubilación», indica el Pacto, que insta a los poderes públicos «a atender las situaciones de vulnerabilidad que esta tendencia» podría provocar en determinados colectivos.

También apuesta por revisar el acceso a la jubilación anticipada, de manera que los coeficientes reductores sean equitativos y emplaza al Gobierno a proponer una respuesta «en el plazo máximo de 3 meses» ante la Comisión.

O sea, que eso de las prejubilaciones a los 58 (y menos) que hemos vivido entre los empleados de banco, por poner un ejemplo, ¿se va a acabar? Cierto es que, hasta que les llegase la edad real de jubilación no nos costaba mucho al resto de cotizantes, pero el trato de favor a ciertos colectivos no dice mucho de justicia social (¿incluimos ya a los políticos que se quedan con unas pensiones del copón tras haberse sentado en una silla mullida unos pocos años o lo dejamos para otro momento?)

Y queda claro que da un plazo de 3 meses para decidir qué hacen (en román paladino: cómo negocian con los sindicatos correspondientes).

Recomendación 13 | Viudedad y orfandad

La Comisión propone «llevar a cabo de manera gradual la reformulación integral» de las prestaciones de viudedad y orfandad, manteniendo su carácter contributivo. La revisión de las pensiones de viudedad «pasa por acomodar la configuración de la pensión a las nuevas realidades sociales y familiares, así como a las circunstancias socioeconómicas de los beneficiarios, a fin de mejorar la protección de los pensionistas sin otros recursos».

El Pacto de Toledo considera que la protección social «debe concentrarse en las personas beneficiarias de la pensión de viudedad con 65 o más años, cuya pensión constituye su principal fuente de ingresos», para lo que propone aumentar «el porcentaje de la base reguladora de la pensión». Sobre las pensiones de orfandad, el texto apuesta por una mejora «especialmente en la cuantía», entre otras cuestiones.

¡Uf! Hemos llegado a “mi espinita”. Siempre que hablamos de valorar el trabajo de reproducción y cuidados, se me “enerva el alma”. La pensión de viudedad (aunque se empeñen en identificarlas con la mujer son también para los hombres, ya que viudos también hay y tienen los mismos derechos), compensan, de alguna manera, a las que se han dedicado toda su vida o la mayoría de ella, a los cuidados y a la reproducción, que haberlas haylas. Esas mujeres han dependido económicamente, y siguen haciéndolo, de sus maridos. Cuando estos fallecen es lógico que cobren parte de lo que les correspondería a sus maridos si viviesen.
Se me ocurren varios argumentos para explicar por qué considero que esas pensiones son justas y no han de ser “acomodadas” a la situación social actual.

Puedo empezar por explicar una idea que me dio mi madre (es una de estas mujeres de las que hablo). Ella mantiene la teoría de que la pensión, al igual que el salario que cobraba mi padre cuando trabajaba, lo ganaban ambos al 50%. Ella hacia el trabajo en casa y él en la empresa. ¿No les parece una explicación clara, justa e irrebatible? A mí sí.

Luego podemos hablar de bienes gananciales. El derecho a una pensión digna también es ganancial, por tanto, le corresponde la mitad a cada uno.

Me quedo aquí, porque este tema da para un artículo exclusivo sobre ello (lo tengo en preparación).

Recomendación 14 ¿? Parece que no existe.

Recomendación 15 | Un sistema suficiente

El Pacto de Toledo continúa con una recomendación 15, tras suprimir una 14 de acuerdos previos, en la que defiende la solidaridad del sistema público de pensiones y del establecimiento de pensiones suficientes «como garantía de la dignidad de la persona». Para concretar este último concepto, la Comisión cree necesario «establecer alguna referencia adecuada», como puede ser la llamada ‘tasa de sustitución’ (que relaciona la pensión media del sistema con el salario medio de los trabajadores), «que permita realizar un seguimiento continuo de su evolución y, en caso de desviación, adoptar las medidas oportunas».

Se reitera también el apoyo «al mantenimiento de las cuantías mínimas para las diferentes modalidades de pensión de nuestro sistema» y se añade que los complementos a mínimos de las pensiones, como manifestación práctica de ese sistema solidario, deben ser asumidos por impuestos (Presupuestos Generales del Estado) y no por cotizaciones sociales.

Me maravilla la capacidad del que escribe de manera que parece una ventaja lo que no lo es.

Por un lado, está aquello de que el “complemento a mínimos” salga de los PGE. ¡Lógico, porque no es una pensión, sino una ayuda a la pensión contributiva que no llega para, dicen, vivir dignamente!

Pero que no nos digan que, para garantizar la dignidad de la persona se buscará una referencia, y que está será una “comparativa” con la media salarial porque… ¡hasta ahí podríamos llegar! Si los salarios son de miseria, si los salarios, a pesar de haber fijado el mínimo en 950 euros, si se sigue jugando con la “picaresca esclavo-capitalista” firmando contratos de 4 horas cuando se trabajan 10, si se realizan trabajos de superior categoría de la que te pagan, si te dan de baja el viernes para recontratarte el lunes…, ¿de qué referencia hablamos? No solamente ESTAFAN al trabajador, sino que usan esa ESTAFA para justificar la adecuación de las pensiones a la media resultante de esa ESTAFA.

Recomendación 16 | Sistemas complementarios

Aunque la apuesta central es por el sistema público de pensiones, el Pacto de Toledo reafirma de nuevo su apuesta por impulsar la implantación efectiva de los planes complementarios de pensiones, en especial de los planes de trabajo (segundo pilar de las pensiones), que negocian empresas y trabajadores y «que prioritariamente habrán de ser sin ánimo de lucro». La Comisión se alinea con la AIReF y considera que deberá dotarse a estas entidades gestoras de los planes de empleo «de un régimen fiscal y jurídico adecuado y diferenciado, mejorando el existente en la actualidad y entendiendo que en ningún caso dichos sistemas de ahorro puedan ser considerados como meros productos financieros».

En cuanto a los sistemas de pensiones individuales, el llamado tercer pilar, el Pacto de Toledo sostiene que «la gestión de estos mecanismos debe ser más transparente de lo que ha sido hasta ahora, de manera que los costes de administración por las entidades promotoras no comporten rendimientos negativos para los ahorradores».

¡Ya se han retratado! Este es su objetivo: LA PRIVATIZACIÓN. Y no solo con respecto a las pensiones, sino con la sanidad, la educación, etc. Lo sabemos porque lo vivimos a diario. Y ya sabemos en qué termina todo esto (si el objetivo de un negocio es ganar dinero, que es la esencia de una empresa privada, pasa a segundo término el objetivo social que tenía en su origen).

Basta leer artículos sobre las EPSV (sistema híbrido de pensiones-exclusivo del país vasco hasta la fecha- del que hay mucha información en redes -enlace, para leer sobre ello, aquí), o sobre los Planes privados de pensiones, de los que también hay mucha bibliografía para consultar, pero antes de nada quiero decir que ninguno de ellos son PLANES DE PENSIONES, sino que son fondos de inversión y estos NO tienen garantía alguna de, ni siquiera, mantener el importe aportado a la hora de rescatarlos, así que ya ni hablemos de beneficios).

Esta recomendación también requiere un artículo exclusivo para el que pediré ayuda a compañeros muy puestos en el tema.

Recomendación 17 | Mujeres

La Comisión recuerda que «es necesario garantizar la igualdad efectiva en el ámbito laboral» y en el de las pensiones y reconoce que las actuales brechas de género. Para combatirlas, se apuesta por «acometer de modo enérgico la cuestión de los cuidados con el objetivo de que las carreras profesionales de quienes tengan personas dependientes a cargo no generen vacíos de cotización por esta causa», por «potenciar la corresponsabilidad» a través de herramientas como los permisos parentales, se reclaman «medidas que permitan identificar las discriminaciones retributivas» y llama a introducir «las correcciones» para solventar los vacíos en las carreras de cotización por la irregularidades de las carreras profesionales, por ejemplo en el empleo del hogar.

La Comisión también emplaza a impulsar «reformas que corrijan posibles tratamientos discriminatorios» con los trabajadores a tiempo parcial, la gran mayoría mujeres, como ha indicado ya la justicia europea y el Tribunal Constitucional.

No entiendo muy bien qué quieren decir. ¿Os parece a vosotros también que sigue diciendo sin decir? Mientras no cambien (y cambiemos) el chip y nos demos cuenta de  que no es solamente trabajo aquel que se realiza para que el dueño del capital genere más capital a costa del sudor del obrero y entiendan (incluso para el esclavo-capitalismo es interesante el cambio) que el trabajo de reproducción y cuidados es IMPRESCINDIBLE para el funcionamiento social y se valore como tal a la hora de compensarlo económicamente y de manera, también, que genere derecho a una jubilación digna, nada tenemos qué hacer. Por lo tanto, como siguen diciendo, pero sin decir nada, esto es papel mojado sin mayor trascendencia.

Recomendación 17 bis | Jóvenes

El Pacto de Toledo hace un llamamiento a la mejora de las condiciones laborales de los jóvenes y a potenciar su confianza en el sistema de la Seguridad Social. Una medida concreta que incluye al respecto consiste en adoptar «medidas legislativas definitivas encaminadas a garantizar y a mejorar la protección social del colectivo de becarios».

Ahora soy yo la que les da un consejo a los jóvenes: ¡Despertad que os están robando el futuro y los “viejos” os necesitamos para luchar por lo vuestro!

Estamos a vuestro lado, no enfrente. ¡Que no se os olvide!

Recomendación 18 | Personas con discapacidad

El documento recoge que «deben intensificarse las medidas dirigidas a eliminar los obstáculos a la activación» de las personas con discapacidad, favoreciendo su acceso a un empleo digno, suficiente y de calidad, para lo que se reitera «que la legislación debe facilitar la incorporación inclusiva al mercado de trabajo de este colectivo y, también, propiciar su mantenimiento en su actividad profesional». En concreto, se recomienda «seguir introduciendo modificaciones en la normativa de Seguridad Social que afecten, entre otras cuestiones, al régimen jurídico de la percepción de las pensiones por incapacidad permanente y a su compatibilidad con la realización de un trabajo, evitando la litigiosidad existente en este ámbito».

Los eufemismos me revientan, pero los referentes a la discapacidad, más. ¿Qué es eso de “eliminar los obstáculos a la activación”? ¿Qué o a quién hay que activar? Se supone que a las personas con discapacidad (por cierto, insisto en que discapacitados somos todos. Nadie tiene todas las capacidades). Si se están refiriendo a personas, como así parece, eso de “activar” suena… demasiado a ROBOT. ¿Se les fue la olla o salió lo que su subsconsciente esconde?

Recomendación 19 | Trabajadores migrantes

Bajo la premisa de que la inmigración ayudará a fortalecer el sistema de pensiones ante el envejecimiento de la población en España, el Pacto de Toledo apuesta por la llegada de personas canalizada «a través de mecanismos que garanticen la incorporación de personas migrantes al mercado de trabajo», para lo que se valora positivamente «la articulación de canales para facilitar la inmigración legal, incluyendo cauces para la inmigración de carácter circular y/o estable».

Se añade que «requieren atención los procesos de gestión de autorizaciones de residencia y trabajo de las personas extranjeras menores de edad que llegan a España sin acompañamiento», con el fin de favorecer su incorporación plena al mercado laboral. Destaca también la llamada a que la Administración intensifique «su deber de cuidado para evitar el racismo o la discriminación en el ámbito laboral, dada la mayor vulnerabilidad de las personas migrantes», así como las situaciones de explotación.

Si partimos de la premisa (para mí no hay opción a otra en su lugar) de que todos somos iguales y todos tenemos los mismos derechos, no entiendo la separación entre población “autóctona” y migrante. Por supuesto que hay unas normas para ser ciudadano de pleno derecho, pero no es el momento ni el lugar para hablar sobre ello. Pero sí es el lugar y el momento para decir que no procede esta recomendación, a no ser, claro, que piensen en categorías diferentes para los ciudadanos del reino. ¿Otra vez el subconsciente les traiciona?

Por cierto, ¿aceptan, como hecho consumado e irreversible, que la población envejece (imagino que en su mente está la idea de que nacen pocos niños y los viejos vivimos demasiado)? ¿No sería mejor recomendar mejora de las condiciones laborales, compatibilización de la vida familiar y laboral para fomentar la realización de los cuidados de manera más humana y así, quizá, las parejas tendrían más hijos ya que podrían cuidarlas y alimentarlas…? No, probablemente no se les haya pasado ni por la cabeza. ¡Qué pena de reino, señor!

Recomendación 19 bis | Digitalización

El Pacto de Toledo se detiene en la digitalización con una recomendación específica en la que advierte de su afectación «directa a la organización del trabajo y a la ordenación de las relaciones laborales». La Comisión destaca que «resulta clave» favorecer la inclusión de los trabajadores dentro del sistema, «como fórmula para combatir la economía informal y garantizar la protección ante situaciones de necesidad» y cita la sentencia del Supremo sobre Glovo como referencia para la «imprescindible» lucha contra los falsos autónomos.

Por otro lado, dado que las relaciones laborales de estas plataformas digitales muchas veces son esporádicas e intermitentes, la Comisión señala el riesgo de una protección social contributiva insuficiente. En este contexto, el Pacto considera que «hay que reforzar los mecanismos no contributivos, típicamente solidarios, del sistema».

Ante el riesgo a una reducción de los ingresos de la Seguridad Social debido a la digitalización, el documento alerta de «la necesidad de corregir una excesiva dependencia de las cotizaciones sociales en un contexto productivo y demográfico muy distinto al de las últimas décadas del siglo XX». La Comisión añade una reflexión: «Si la revolución tecnológica implica un incremento de la productividad, pero no necesariamente un aumento del empleo, el reto pasa por encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social, más allá de las cotizaciones sociales».

¡Ejem!, ¿no será que tendrían que optar, no por “encontrar mecanismos innovadores que complementen la financiación de la Seguridad Social más allá de las cotizaciones” (que suena- a lo mejor es que soy un poco paranoica y me equivoco- a más de aquello de planes privados), sino por perseguir estos DELITOS de contratación en condiciones de explotación clara y evidente?

Y le llaman DIGITALIZACIÓN… ¿a qué exactamente? Esto de los eufemismos ya les desborda y ya no se les ocurren palabrejas nuevas que, aunque solo aparentemente, tengan relación con el término al que sustituyen.

Recomendación 20 | Control Parlamentario

La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo tiene naturaleza de comisión permanente y el Gobierno comparece anualmente ante ella para informar de la situación de la Seguridad Social. A juicio de la comisión, conviene «intensificar el seguimiento periódico de la suficiencia de las pensiones, del equilibrio financiero del sistema y de los resultados que se obtienen en materia de lucha contra el fraude a la Seguridad Social».

El Pacto de Toledo recuerda por último que, transcurridos al menos cinco años desde su aprobación, «el Congreso de los Diputados habrá de proceder a una revisión general de las recomendaciones del Pacto de Toledo, así como a una evaluación de su grado de cumplimiento, mediante los instrumentos parlamentarios específicos para ello».

Es decir, que quieren seguir “controlando” y “asesorando” al Gobierno de este nuestro reino. Bien, bien. Eso significa que el colectivo de pensionistas que defenderemos, a muerte, el Sistema Público de Pensiones, seguiremos al pie del cañón.
No hay problema, tenemos tiempo, paciencia y poco que perder.

Julia Castillo. Activista pro-derechos humanos y dignidad social

LOS 3 PILARES DEL SISTEMA DE PENSIONES: el mensaje subliminal que se difunde desde “los trileros prestidigitadores de chistera” del Pacto de Toledo.

Esta recomendación sobre “los tres pilares” se convierte en una manera de ir metiendo, paulatinamente, la idea de que no son las cotizaciones las que tienen que sostener el sistema público de pensiones, sino que serán 3 pilares…

¡ES LA TRAMPA DEL SIGLO!

Ya sabes eso de que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad.

Las partes en cursiva, de este artículo, se han obtenido del siguiente enlace: https://www.eldiario.es/economia/son-22-recomendaciones-pacto-toledo-reformar-pensiones_1_6317211.html

Coletilla:

Hago caso omiso, intencionadamente, a todos los cuadros con datos, porcentajes, estadísticas, etc. que incluyen al final del documento oficial, publicado por El Congreso, porque no se pueden considerar más que como justificantes para sus recomendaciones, es decir que, en base a esos datos, obtenidos y representados de la manera más “conveniente”, toman las decisiones que toman. Es decir, no es que decidan a partir de unos datos, sino que los datos se representan para justificar las decisiones que se quieren tomar.

Sigo considerando erróneo ese planteamiento. Esto no es un negocio, es una necesidad social y como tal han de hacerle frente. Les queda esa opción o la de suministrar una pastillita a cada persona que, desde la perspectiva esclavo-capitalista, viva más de la cuenta, y así eliminarla de la lista de DNIs de habitantes del reino.