Consideran por prudencia que no recuperaran ese perjuicio dada la «incertidumbre» que rodea el concurso de acreedores

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Peritos aportados por la representación de Sareb –la compañía que absorbió los activos tóxicos de las cajas de ahorro– han señalado ante el tribunal que juzga a exdirectivos de Sa Nostra por la operación inmobiliaria de los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca que el perjuicio neto para la sociedad se ha valorado en cinco millones de euros.

Durante su declaración de esta mañana han recordado que el traspaso de activos de Banco Mare Nostrum (BMN) –en el que se integró Sa Nostra en diciembre de 2010– a la Sareb se realizó en 2013 por un precio único de 5.820 millones de euros, por lo que no se desgajó activo a activo, si bien han indicado que el criterio para determinar los daños y perjuicios en el caso de Son Bordoy a la Sareb se ha realizado estimando la deuda impagada a fecha de hoy.

Al hilo, han apuntado que esos perjuicios económicos sólo se pueden reducir en caso de que se pueda cobrar algo en el concurso de acreedores de las sociedades de Haras y Nueva Palmira –ambas creadas por el Grupo Martín Gual para la gestión de los terrenos de Palma–.

Según han explicado en el plenario, la Sareb se quedó con los créditos de Haras, y dado que la sociedad que tiene los derechos sobre Son Bordoy –Haras– está en concurso desde 2019 y hay disparidad de criterios para valorar las fincas, la «incertidumbre» les hace considerar por prudencia que la Sareb «no va a recuperar nada».

La sesión de este martes se ha centrado en escuchar a peritos de diferentes partes ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, donde se sigue esta vista oral contra los directivos de Sa Nostra Pablo Dols, Rafael Oliver y Pere Batle, y el empresario Javier Collado –no se va contra el promotor Martín Gual porque falleció–. A todos ellos el Ministerio Fiscal les imputa un delito continuado de apropiación indebida, subsidiario de delito continuado societario, y pide cuatro años de cárcel para cada uno excepto para Collado, para quien interesa dos años y seis meses.

La operación que ha acabado sentándoles en el banquillo data de 2008 cuando la entidad dio el visto bueno a que Martín Gual se quedara con los terrenos de Son Bordoy en Palma de Mallorca, por medio de la subrogación de la deuda de esos terrenos, a cambio de que Sa Nostra le comprara su parte en dos sociedades, Sepik y Paine.

Uno de los puntos polémicos que un día más ha salido a relucir en la sesión es la diferencia en las tasaciones que se realizan de esos terrenos en estos momentos por parte de la administración concursal y por la Sareb, discrepancia que tiene que ver con la previsión de construcción de vivienda en los mismos y que es de 57 millones de euros aproximadamente.

LOS PERITOS DE TASALIA Y LOS CUATRO AÑOS PARA CONSTRUIR

Tras ellos ha sido el turno por videoconferencia de los peritos de la empresa Tasalia que redactaron hasta tres informes valorando los terrenos de Son Bordoy (en 2012, 2013 y 2019). Han señalado que lo valoraron en un primer informe fue de 80 millones porque era suelo urbanizable pendiente de desarrollo urbanístico, y porque ya contaba con las normas subsidiarias aprobadas que especifican la edificabilidad para Haras.

En una disertación bastante didáctiva, ha indicado a la sala que para calcular el valor de ese tipo de terrenos se calcula su edificabilidad, el plazo razonable para construir, se descuentan los costes asociados de levantar los edificios y el resultado es el valor que tiene en ese momento concreto. Valor que es válido por seis meses.

Además, ha resaltado que con ‘urbanizable’ se refieren a suelos pendientes de desarrollo porque hay que dotarlos de los servicios de urbanización para que sean declarados como urbanos. «Una vez termina eso se pueden iniciar las obras de los edificios porque ya hay solares», ha indicado, para luego advertir que aun siendo solo urbanizable ya tiene se puede hacer tasación porque sabes lo que se puede hacer en ese terreno.

Cuestionados por si en sus informes calcularon un plazo razonable de construcción –los terrenos continúan aun en 2021 tal cual estaban en 2008–, han explicado que rondaba los cuatro años y medio o los cinco, lo habitual, y han añadido que no realizaron una tasación ‘eco’ de los mismos porque para dar un precio de mercado no era necesario.

Sobre la tasación de 2013, que rebaja el valor a 73,5 millones, han indicado que es así porque se calcula el gasto de construcción teniendo en cuenta un presupuesto de gestión que proporciona Haras. Y han destacado que el lugar para edificar está ubicado en una zona de gran demanda de vivienda, cerca del aeropuerto y a 200 metros del mar.

«EL RETRASO ES POR LA ADMINISTRACIÓN»

El último de los peritos, experto en la norma que permitía las conocidas como reservas estratégicas de suelo –que permitían aumentar la edificabilidad en terrenos en Baleares con la condición de que un gran porcentaje fuera de vivienda de protección oficial– ha señalado que Haras cumplió con los plazos estipulados por la ley en los trámites relativos a Son Bordoy.

Al hilo, ha apuntado que a pesar de la diligencia de la sociedad de Martín Gual, el Ayuntamiento de Palma, que tenía un mes para emitir un informe vinculante, «no cumplió los plazos» y remitió ese documento en febrero de 2017, por lo que el trámite (si bien se contemplaba el silencio administrativo como habilitante) se demoró tres o cuatro años.

A esa falta de diligencia del ayuntamiento ha sumado que la consejería correspondiente tampoco dio en 2017 traslado a Haras de los informes municipales, cuando era la correa de transmisión entre ambos. Por eso, ha insistido en que desde su punto de vista, la promotora trabajó «bien» y el retraso vino por la administración.

Además, ha indicado que de momento, hasta que desde la consejería balear no den el visto bueno a dos proyectos pendientes de revisar, las máquinas no pueden entrar a trabajar en esos Son Bordoy. Esta dilación para el experto es «un misterio» aunque lo achaca a la disparidad de soluciones para realizar la entrada por autopista al nuevo barrio y a la polémica que generan las obras entre vecinos y ecologistas que están preocupados por que se urbanicen después otros suelos y se dé un exceso de densidad.

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