En el marco de las audiencias de sustentación de cargos contra Alberto Fujimori y exfuncionarios de su gobierno, acusados de ordenar esterilizaciones forzadas a miles de mujeres, mayoritariamente indígenas y campesinas hablantes de quechua, Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Perú dijo:

“Las esterilizaciones forzadas cometidas por el Estado peruano durante los 90 son crímenes de lesa humanidad y, por ende, no pueden prescribir. Las víctimas tienen derecho a verdad, justicia y reparaciones sin más dilaciones ni excusas.”

“Esto significa que el derecho a verdad, justicia y reparaciones de las víctimas no puede extinguirse por el paso del tiempo y que los presuntos responsables de tales crímenes deben comparecer ante la justicia ordinaria y, de ser hallados culpables en juicios justos, deben ser sancionados conforme a la gravedad de sus conductas.

Las víctimas tienen derecho a recibir una reparación plena e integral, que incluya medidas efectivas de restitución, indemnización, rehabilitación de daños físicos y psicológicos, más otras medidas simbólicas destinadas a paliar su sufrimiento y el de sus familiares y ayudarlas a rehacer sus vidas.”

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