«Teníamos entre los 17 y 23 años y nos enfrentamos a una pena de seis años de cárcel tan solo por haber participado en una manifestación», indican los afectados en un comunicado

Manifestantes detenidos en la convocatoria del Rodea al Congreso, celebrada el 14 de diciembre de 2013 contra el proyecto de Ley de la denominada Ley Mordaza, se enfrentan a seis años de cárcel en el juicio que comenzará el próximo 27 de noviembre.

Nueve de los acusados afrontan una pena de dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y otros cuatro por atentado a la autoridad con tres delitos de lesiones. Para otros tres jóvenes piden dos años de cárcel por desórdenes públicos y otro por un delito de resistencia.

Los encausados han pedido hoy su absolución. «El miércoles se celebrará un juicio contra las que seremos las primeras víctimas de la Ley Mordaza. Personas que en aquel momento teníamos entre los 17 y 23 años, y sobre los que podría pesar una pena de seis años de cárcel. Tan solo por haber participado en una manifestación, el segundo Rodea al Congreso que se celebró para protestar contra el proyecto de Ley Mordaza», han señalado en un comunicado.

Diferentes colectivos de apoyo piden la absolución de las personas detenidas y la derogación de esta ley «que tanto miedo, represión e injusticias ha provocado desde que fue concebida como proyecto de ley».

«Cinco de las personas juzgadas fuimos detenidas el 20 de diciembre, días más tarde de la manifestación sobre personas previamente identificadas antes de la manifestación. A algunos se les fue a buscar al instituto. A otros, a nuestras casas. Incluso hubo detenidos en el mismo metro. Todo con una intención de amedrentar la protesta y servir como propaganda de la Ley Mordaza, el Gobierno quiso lanzar un mensaje de que aumentaría las medidas de represión de la protesta tanto en la aplicación de las leyes existentes como con la aprobación de su nueva medida legislativa represiva», han señalado estos colectivos.

«Desde las detenciones efectuadas por agentes de paisano y coordinadas por la Brigada Provincial de Información, el 20 de diciembre de 2013, las personas detenidas y sus familias esperamos el archivo o una sentencia absolutoria, y cerca de seis años después —curiosamente, el mismo tiempo que la Fiscalía pretende privarnos de libertad— es cuando finalmente se procederá con el juicio», añaden.

La manifestación acabó con disturbios y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. Sin embargo, apuntan desde los colectivos sociales, «las personas detenidas fuimos escogidos de forma arbitraria sobre las personas identificadas antes de la manifestación y de que se produjera ningún disturbio». «A pesar de lo mucho que se ha alargado la instrucción, la Fiscalía no ha logrado encontrar aún una sola prueba que les relacione con los altercados», afirman.

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