El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Pablo Iglesias, ha diseñado un “plan de choque” para mejorar el sistema de atención a la dependencia por valor de 600 millones de euros.

Según recoge el documento remitido por el ministerio, este incremento de 600 millones de euros estará reflejado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 y, además, en 2022 y 2023 se mantendrá ese nivel y se actualizarán las cuantías para asegurar la financiación necesaria.

Los objetivos principales de este plan son mejorar las prestaciones económicas o revisar los copagos, reducir la lista de espera, agilizar los procedimientos e incrementar el número de horas de atención del Servicio de Ayuda a Domicilio y establecer la teleasistencia como derecho subjetivo para personas dependientes que no vivan en centros residenciales, entre otros.

Además plantea modificar la Ley para los cuidados familiares, para establecer como condición necesaria “servicios de apoyo, respiro y formación” y para que, en zonas rurales, pueda actuar como cuidadora una persona vecina.

Según fuentes de la Vicepresidencia de Derechos sociales, con este plan de choque «se trata de revertir todos los recortes del Gobierno del PP, volviendo a la prestación de servicios que se habían dejado de prestar».

La Vicepresidencia de Derechos Sociales ha convocado para el próximo 2 de octubre un Consejo Territorial para trasladar información sobre este plan de choque a los consejeros y consejeras de las comunidades autónomas.

El Gobierno considera que este refuerzo de la dependencia creará nuevos puestos de trabajo. Se prevé que se podrían llegar a crear 24.000 nuevos empleos al haber nuevas personas beneficiarias que requerirán profesionales para sus cuidados.

Además calcula que se incrementarán los ingresos tributarios. Por cada euro más de presupuesto puede incrementarse en 40 céntimos la recaudación tributaria y, por tanto, el plan de choque se autofinancia parcialmente.

El plazo previsto para la plena implementación de del plan de choque es de tres años, entre 2021 y 2023.

El sistema de atención a la Dependencia cuenta actualmente con 1,1 millones de personas beneficiarias con derecho efectivo y 270.000 personas que se encuentran en situación de lista de espera. Estas últimas, aunque ya tienen reconocida la condición de «dependiente» aún no están recibiendo las prestaciones que les corresponden.