Carmen Molina Cañadas
Bióloga y miembro de EQUO


Hacemos prospectiva sobre la ciudad cuando emitimos un pronóstico o predicción de cumplimiento más probable, basado en un diagnóstico del presente y de las tendencias que preveamos incidirán sobre él. Y en ese “inventar” el desarrollo futuro de la ciudad, debe tener un papel primordial la ciudadanía imaginando como quiere vivir en ese espacio.

Así, la prospectiva es mucho más que una forma de orientar el presente hacia el futuro. Es un conocimiento del futuro en base a lo que hemos aprendido del presente. Y, por tanto, es un ejercicio de reflexión informada que nos puede ayudar a evitar futuros posibles no deseables. Los pronósticos más interesantes serían aquellos que posibiliten con más probabilidad la vida de los que habitarán el espacio urbano futuro.

Desgraciadamente, a pesar de la necesidad que tenemos de que se cumpla lo antedicho, podemos advertir con preocupación que lo que se está produciendo es un reinicio de lo que fuera hace ya una década la burbuja provocada por la especulación inmobiliaria y su consecuente pinchazo, que nos dejó proyectos urbanos abortados y a bastantes personas expulsadas del derecho a una vivienda digna que contempla la Constitución. Y comienzan a consolidarse tendencias en muchos municipios y ciudades, especialmente en los litorales, donde los síntomas de reactivación del sector de la promoción inmobiliaria han dejado de ser síntomas y ya padecemos horizontes invadidos de grúas que lo evidencian. Es como si los actores políticos, financieros y empresariales que generaron la burbuja y su posterior pinchazo no hubieran aprendido nada de ese “estropicio” y vuelven a depredar el territorio con renovadas iniciativas especulativas.

Y es que, aunque cambien los ciclos políticos y económicos, las ciudades deberían basar su dinámica orgánica en planificaciones que provean hojas de ruta estables y consensuadas con los ciudadanos que las habitan. Cuando el espacio urbano no se planifica, los costos son mayores, el uso de los recursos es ineficiente y su funcionalidad para las personas se resiente. Sin embargo, tanto el planeamiento urbano como el territorial se siguen realizando a partir de los criterios e instrumentos habituales hasta ahora, con un papel donde el mercado y la oportunidad del negocio prima sobre los derechos y los deseos de los ciudadanos. Parece que volvemos a una burbuja y la sobredimensión constructiva, de modo que, sin duda alguna, se repetirán los graves problemas que el crecimiento urbano en su forma más actual viene ocasionando.

La apelación insistente al carácter sostenible que se autoatribuyen los documentos de planificación urbanística respecto de sus directrices y del horizonte de futuro que prefiguran, es puramente retórica como se demuestra rápidamente tras su análisis técnico. Estas herramientas de planificación en no pocas ocasiones son contradictorias respecto de los objetivos que dicen tener y enfrentar y no siempre están sólidamente fundamentadas. Es algo que plataformas ciudadanas como la malagueña Defendamos Nuestro Horizonte, con una larga trayectoria de oposición a la construcción de un rascacielos en el puerto de Málaga, han comprobado una y otra vez al analizar cómo los documentos y los planes parciales han ido siendo modificados para que se ajusten al proyecto que se quiere albergar o patrocinar. De este modo, un rascacielos, que no es una necesidad para los ciudadanos de Málaga, se pretende traer a la realidad por la oportunidad de negocio de actores externos, haciendo técnicamente lo necesario para ajustar la documentación al fin de construirlo. Es demasiado habitual el uso de argumentos falaces, incluso absurdos, esgrimidos por los políticos para justificar lo injustificable. Un ejemplo: el impacto visual de la estructura en el horizonte de Málaga se limita no mirando en la dirección del rascacielos, ¡un argumento de peso sin duda!

Lo que deberían asegurar y contribuir a articular, es el debate para el diseño de la futura planificación en base a los intereses de todas. Es ahí donde es importante contar con un diagnóstico y un modelo de ciudad compartido para llegar al diseño, también compartido, del espacio urbano futuro. Es decir, se necesita un marco de participación colectiva, para garantizar el derecho de todas a la ciudad.

Sin embargo, los documentos que implican la puesta en marcha de estas operaciones inmobiliarias han sido elaborados en un marco caracterizado por unas expectativas de crecimiento y demanda prácticamente ilimitadas y con una cantidad desmesurada de suelo calificado como edificable. Y si no se cambia este modo de actuar se acentuarán los problemas territoriales y urbanos actuales y transferiremos al futuro problemáticas que claramente se podrían evitar y hay que prevenir.

La fase clásica de información de los Planes Urbanísticos (Generales o Parciales) produce exclusivamente acumulaciones de información (las Memorias) que carecen de relaciones (transversalidad) y que apenas cumplen una función justificadora de las decisiones planificadoras ya adoptadas. Sin embargo, sólo desde la disponibilidad de un diagnóstico y una prospectiva bien fundamentados y que cuente con los ciudadanos será posible acertar con la futura ciudad y con las relaciones territoriales que la sustenten y le den sentido.

Esa prospectiva requeriría considerar, entre otros aspectos, la evaluación de la situación general de lo construido (el medio artificial) y sus potenciales efectos, el diagnóstico social, con inclusión de necesidades y demandas; la disponibilidad de un análisis de la dinámica territorial y, finalmente, la evaluación real de los sistemas productivos de todo tipo y su inserción en el territorio. También habría que considerar la situación de los ecosistemas periurbanos, su capacidad de resiliencia, las relaciones entre estos ecosistemas y el resto de realidad territorial o la modelización de las consecuencias del cambio climático y su prevención.

Se deduce de lo anterior la necesidad inaplazable de creación de unos nuevos marcos de referencia respecto de todas las escalas de planificación (desde la planificación regional y subregional a la urbana) que atiendan con nuevos instrumentos y protocolos a los actuales desafíos, y que permitan la intervención de los ciudadanos.

La conclusión de todo esto es que hay una urgente necesidad de reforma en la política urbanística, que incluya una repolitización del futuro. Y con esta expresión quiero decir, que tengamos en cuenta, que el escenario futuro es una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto, sujeto a procedimientos de deliberación y legitimación colectiva. Ello sin duda implica asumir esos cambios necesarios que inicien el debate informado y abierto a la ciudadanía, respecto al diseño de la ciudad y el territorio del que forma parte.

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