Eva Rodríguez 
Vicepresidenta de ACAI


Hace ahora un año, un grupo de organizaciones que ya aglutinamos a 65 entidades sociales, asociaciones feministas, partidos políticos y sindicatos; nos reunimos para configurar un grupo abierto frente al recrudecimiento de las acciones del movimiento anti-elección/anti-derechos. Este grupo que nos presentamos públicamente el pasado 24 de septiembre como Plataforma ProDerechos (https://abortosinacoso.org/) , consideramos imprescindible que las organizaciones que defendemos los derechos sexuales, reproductivos, sociales, sanitarios, civiles, la laicidad del Estado, la muerte digna y los logros del movimiento feminista, actuemos para defender las libertades alcanzadas e impedir que la imbricación social y política de estos grupos se consolide. 

 Es importante saber que las acciones de estas entidades extremistas se están centrando en las organizaciones de derechos sexuales y reproductivos, en aquellas que luchan por el derecho a una muerte digna, la laicidad del Estado, en las que defienden los logros y derechos de las personas LGTBI y en la prestación sanitaria de aborto provocado. 

Entre los diversos frentes de hostigamiento citados, nos hemos fijado en este momento en las acciones de intimidación directa ejercidas sobre las mujeres que interrumpen su embarazo y sobre los/as profesionales que trabajan en los centros de IVE, de ahí que la primera acción de nuestra campaña se denomine #abortosinacoso. Y es que la presión contra los centros de IVE ha sido una constante en España desde la aprobación de la primera Ley de Aborto en 1985. De hecho, fue en gran medida la situación de acoso a mujeres y profesionales, lo que llevó a las fuerzas progresistas, profesionales de IVE, organizaciones sociales, sindicales y plataformas feministas españolas a intervenir pública y políticamente para procurar un cambio legislativo. 

En este sentido, la Ley de 2010, que reconoce el derecho de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente su gestación en las primeras 14 semanas, busca también proporcionar una seguridad jurídica tanto a la mujer como a los/as profesiones, e intenta frenar el acoso anti derechos. Sin embargo, si bien la Ley ha reconocido el derecho y la práctica sanitaria; el hostigamiento hacia mujeres y profesionales no ha cesado, sino que se ha transformado adoptando nuevas formas que buscan incidir en otros aspectos de orden administrativo, formal o médico; sin marginar su presencia física en los centros.

En estos momentos podemos afirmar que la impunidad, la falta de consecuencias que tienen estas acciones, “anima” a estos grupos a intensificar su presión. Así, desde que se aprobase la ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de interrupción de embarazo en 2010 hasta la fecha, podemos afirmar que más de ocho mil mujeres se han visto increpadas, coaccionadas, amenazadas…de algún modo. De hecho, un cálculo conservador nos llevaría a considerar que los centros sanitarios de IVE sufren en su conjunto unas cien acciones de acoso al año. 

Amparándose en la libertad de manifestación, reunión y expresión, los grupos anti derechos están organizando de forma recurrente “puestas en escena” en la vía pública, junto a los accesos a las clínicas de IVE. Durante estas actuaciones, difunden información falsa en los casos menos agresivos, en otros, insultan, coaccionan y tratan de impedir el acceso a las clínicas de las mujeres interponiéndose entre ellas y las puertas de entrada. Estas y otras conductas similares suponen la comisión de más de un ilícito penal, pero además conllevan una violación permanente de los derechos de la mujer a la intimidad, a la integridad física y moral, a la salud, además de vulneraciones de derechos de los trabajadores y trabajadoras que prestan en estos centros sus servicios.

Somos conscientes de que estos grupos que actúan en los entornos de las clínicas utilizan el sistema de garantía de derechos y libertades propios de un Estado democrático, en algunas ocasiones rozando los límites del delito y en las más, traspasándolo, pero dada la necesidad legal de denuncia previa de la víctima para poder poner en marcha el procedimiento penal, sus delitos quedan impunes porque no se puede pedir que las mujeres que acuden a las clínicas que además de ser las víctimas de estos delitos tengan que convertirse en promotoras y actoras de la acción penal.

Para poner fin a este acoso, otros países de nuestro entorno como Francia han desarrollado una legislación específica que tipifica como delictivas aquellas conductas que obstaculizan, impiden, restringen, limitan o entorpecen el acceso de la mujer a la interrupción voluntaria del embarazo. Esta Plataforma insta a los partidos políticos españoles a que asuman esta realidad injusta y promuevan una iniciativa legislativa similar. Y lo pedimos, no solo porque este hostigamiento es una vulneración del derecho a decidir de las mujeres, reconocido en la Ley de SSR e IVE de 2010, no solo porque es un problema de orden público, lo reclamamos porque el aborto provocado en nuestro país es ante todo un recurso sanitario. 

Somos también conscientes de que la situación política no favorece la toma de iniciativas legislativas como la señalada, por lo que en tanto en cuanto esta solución sea viable, pedimos que se establezcan zonas de seguridad en el entorno de los centros sanitarios acreditados para la IVE. De tal forma, que quede garantizada la intimidad de las mujeres, su integridad física y moral, así como, su derecho a la libre circulación. Para lo cual, pedimos que dicha disposición sea incluida en el marco del Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo. 

Desde estas líneas hacemos un llamamiento a las administraciones, les pedimos que dejen de responsabilizarse las unas a las otras de la situación, que pongan fin a la vulneración de derechos, pero sobre todo les pedimos que asuman que el aborto provocado es una prestación sanitaria reconocida por el Sistema Nacional de Salud y financiada públicamente, y por tanto, es responsabilidad de las administraciones nacionales y autonómicas que este recurso médico se realice con seguridad, intimidad y normalidad.


Eva Rodríguez, Vicepresidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE (ACAI)

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