Víctor Arrogante | Ilustración: ElKoko

Del España va bien, al «Todavía no podemos gastar todo lo que nos gustaría» que dijo M. Rajoy a los pensionistas. Lo cierto es que la situación se encamina hacia la pobreza de solemnidad. «Se retrocede con seguridad pero se avanza a tientas», decía Benedetti; y aquí estamos tan atascados, que no es que no se avance, sino que retrocedemos en el tiempo, hacia la pobreza, que parece irremediable.

¿Cuántas veces hemos escuchado que la crisis está a punto de terminar? «La recesión ha quedado atrás», decía el ministro de Guindos (La cara de la caída de Lehman Brothers en España, elegido ahora vicepresidente del Banco Central Europeo), aunque con riesgos de que haya una salida en falso. Lo uno y lo otro a la vez; malas predicciones y medias verdades, que realmente son mentiras y falsedades, para consumo de inocentes (CuartoPoder 27 de julio de 2013). Pese a todo, o precisamente por ello, puede que digan la verdad, la suya; ha llegado a su fin porque e el modelo que querían.

Los que provocaron la crisis, la han gestionado en beneficio propio. Han conseguido el objetivo que pretendían. Han eliminado el modelo de bienestar que se estaba construyendo con lucha y esfuerzo a lo largo de años, por el neoliberalismo económico, el totalitarismo político y la insolidaridad social. Menos Estado, más economía, menos democracia, más opresión y menos derechos. La crisis es también política, social, cultural y de valores; y la derecha está dando su respuesta a todas ellas.

Un 73,4% de la población cree que la situación política es «mala o muy mala» y sólo un 3,1% la ve como «buena o muy buena».

El poder económico ha conseguido su modelo con poco esfuerzo; infundiendo miedo, aislando a los individuos y con corrupción política e institucional. Posiciones autoritarias, en detrimento de las instituciones democráticas, secuestradas por las élites. Han conseguido todo el poder sin oposición visible, porque quienes tenían que haberse opuesto a ese modelo, han estado desaparecidos de la escena y sin combate. Algunos han confundido, ser alternativa a las políticas de la derecha, con participar en la alternancia en el poder, sin cambiar el modelo, o practicando seguidismo político.

Cuatro son las preocupaciones de la gente según el último Barómetro del CIS: el paro, la corrupción y el fraude, los partidos y la política en general. Nada nuevo; son exactamente las mismas preocupaciones que el CIS detectó al menos hace dos años. El 50,7% considera que la situación económica es «mala o muy mala», el 41,8% que «regular»; sólo el 7% la considera como «buena o muy buena» y sin esperanza: el 61,3% considera que dentro de un año estará «igual o peor».

Cuando la Política, con mayúscula, se hace más necesaria que nunca, para abordar los graves problemas que nos llevan a la miseria y a la pobreza, los políticos aparecen como una de los cuatro plagas. En lugar de verse como solución, se percibe como problema. Un 73,4% de la población cree que la situación política es «mala o muy mala» y sólo un 3,1% la ve como «buena o muy buena». De hecho, el 41,4% de la ciudadanía consideran que la situación política está peor que hace un año y que dentro de un año seguirá igual o aún peor lo dice el 71,1%. Poco optimismo y ninguna confianza en la política, los partidos y sus líderes, que siguen sin dar una respuesta efectiva a los problemas reales, mientras la pobreza se extiende como la mala hierba.

La crisis ha sido un golpe de Estado para «distribuir la riqueza hacia arriba», según David Harvey. Ha provocado lo que pretendían: una fractura social; aumentando las desigualdades entre integrados y marginados, entre quienes lo tienen todo y los que no tienen nada, entre ellos y los demás. Un modelo que favorece el individualismo insolidario, frente al colectivo defensor de derechos. De esta forma, el individuo, aislado del colectivo, tiene más dificultades para defender sus propios intereses.

Ahora los pensionistas se han despertado y marcan la tensión y la lucha social. Las convocatorias de la clase trabajadora pensionista son una invitación a la movilización general y una lección de cómo se hacen las cosas. Las protestas sobre las pensiones de jubilación, provienen por la vergonzosa actualización del 0,25% (El IPC se acelera en febrero por la subida de la luz, situándose en el 1,1%). De los 5,8 millones de pensiones por jubilación, 2,9 son inferiores a 800 euros, es decir, al 50%, la subida le representa dos euros mensuales. Y un millón de pensiones, el 20% del total, se encuentra en el tramo entre los 600 y los 650 euros mensuales (revalorización entre 1,5 y 1,63 euros).

El 49,4% de los desempleados en España vive en riesgo de pobreza.

Las pensiones dejaron de actualizarse hace unos años con el IPC, para hacerlo conforme a la evolución de un índice ideado por el gobierno del PP, teniendo en cuenta, una fórmula matemática complejísima donde la evolución de los ingresos de la Seguridad Social o el valor de la pensión media son dos variables. Tomando en consideración el déficit al que el PP ha sometido deliberadamente al sistema de la Seguridad Social, la evolución del índice de revalorización para el periodo 2017-2022 es negativa en todos los años. Por el contrario la previsión del IPC del periodo 2018-2022 es de entre el 1% y el 2%, por lo que la actualización futura de las pensiones se situará permanentemente por debajo del incremento anual del coste de la vida. En resumidas cuentas, los nuevos jubilados perderán 24 euros de poder adquisitivo cada mes.

Se percibe que estamos peor que nunca hemos estado, Para la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitaries, Aquas, el 29% de los niños y adolescentes en situación de pobreza pueden acabar con una enfermedad mental. Muchos españoles se están viendo inmersos en la pobreza y muchos son los que están en riesgo o en situación de exclusión social. Más allá de los datos escalofriantes del paro, el empleo precario está provocando una situación nunca antes conocida. 4 de cada 10 personas desempleadas no recibe ninguna prestación (la cobertura es del 59,2%) y la cuantía media es de 827,2 euros. La desigualdad social en España es una tenencia indecente en alza.

El Gobierno del PP «es incapaz de traducir el crecimiento del PIB en creación de empleo» (José Antonio García Rubio, Secretario Federal de Empleo de Izquierda Unida). El número de contratos registrados fue inferior en un 11,6% al de enero, mientras que la cifra de contratos indefinidos representa el 11,4% del total (los temporales representan el 88,73%). La reforma laboral impuesta sigue siendo un lastre. El aumento de 6.280 personas empleadas, apenas un 0,18 % de los parados, ha sido inferior a la del mismo mes de 2017. El paro vuelve a crecer entre los jóvenes, entre las personas sin contrato anterior y continúa afectando más a las mujeres trabajadoras que a los hombres; además la «mayoría de hombres en trabajos remunerados y de mujeres en trabajos no remunerados»

Según la Fundación Adecco en su informe Empleo para todas, más de un 30% de las mujeres en edad laboral están en riesgo de pobreza o de exclusión, por encontrarse sin empleo, inactivas, con trabajo en situación irregular o con responsabilidades familiares, agravándose la situación entre las mujeres mayores de 55 año; de hecho la tasa de paro aumentó en diez años casi un 290%. El informe revela que el 64% de las mujeres con discapacidad son inactivas laboralmente y la tasa de desempleo se sitúa en el 33%.

Para UGT las cifras siguen mostrando la desigualdad en el mercado de trabajo: el 57,6% de las personas en desempleo son mujeres. La elevada dosis de precariedad de los contratos registrados, producen una continua pérdida de calidad en el empleo. Se expande el trabajo indefinido precario, inestabilidad y bajos salarios. Y la situación se agrava entre las personas desempleadas, por el descenso continuado de la tasa de cobertura (del 70,6% en 2011 al 59,2% actual), junto a la elevada cifra de desempleo de larga duración.

El 49,4% de los desempleados en España vive en riesgo de pobreza, según los últimos datos publicados por Eurostat. La tasa de pobreza en este colectivo se ha disparado en más de diez puntos durante la última década: en 2006 era el 37,7%. En estos diez años, la crisis económica elevó el número de parados hasta los seis millones, se fue reduciendo la cobertura de la protección para personas desempleadas y mermó el número de beneficiarios de las prestaciones de mayor cuantía. «Un país como España, la cuarta economía de la zona euro, no puede permitirse tener a la mitad de sus desempleados en riesgo de pobreza», critica Carlos Susías, presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español.

Un factor que explica la merma de la protección de los desempleados es el aumento del número de parados de larga duración. Del total de 3.470.248 de personas en paro, más de la mitad (1,9) llevan más de un año en esta situación. De ellas, la inmensa mayoría, 1,4 millones, llevan más de dos años en desempleo. A estos habría que sumar los que desisten de buscar empleo y salen de las estadísticas de población activa.

4 de cada 10 personas desempleadas no recibe ninguna prestación (la cobertura es del 59,2%) y la cuantía media es de 827,2 euros.

El neoliberalismo ha llegado con la pretensión de quedarse, con estilo autoritario, desactivando a las instituciones democráticas. Con este modelo, no es que hayamos perdido derechos, es que estamos perdiendo libertades y cuando eso ocurre, se tarda tiempo en recuperarlas. El neoliberalismo está crecido, con la idea de que su pensamiento es único y no lo es. Hay que modificar la distribución del poder y la riqueza. Hay alternativas y son posibles. El economicismo se ha convertido en la ideología de nuestro tiempo (dice Josep Ramoneda, en La izquierda necesaria). Todo es economía y gestión; y la austeridad diosa de ese despotismo.

Los partidos de izquierdas, deben liderar la marcha hacia el bienestar. Es preciso establecer una fiscalidad justa y equitativa, con un sistema tributario y un gasto público que redistribuyan la riqueza y combatan las desigualdades, invirtiendo en los servicios públicos, la protección social y la promoción del empleo decente, con el fin último de luchar contra la pobreza y la exclusión, y garantizar la justicia y la cohesión social.

Pretenden minar las condiciones de vida de quienes hemos luchado por los derechos laborales, sociales y ciudadanos, defendido la igualdad, la justicia social y la solidaridad y contra la desigualdad y la pobreza, para cambiar la realidad, porque no defendemos solo nuestro futuro, sino el de nuestros hijos y nietos, como antaño.

 

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