Parece que, finalmente, la reforma laboral del PP tiene los días contados. El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha asegurado que el “desmontaje” de la reforma laboral del PP “va a ser absoluto” y confía en la labor que va a realizar al respecto la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Así lo ha indicado en la segunda jornada del debate sobre las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para reprochar a Ciudadanos que, en sus argumentos “fake” durante las últimas fechas para apuntar un posible apoyo a las cuentas públicas del Gobierno en coalición, hayan dicho que “han parado la derogación de la reforma laboral del PP”, algo que genera “sonrojo”.
“Créanme que no. No han parado ustedes nada, señora Arrimadas. Conozco bien a la ministra Yolanda Díaz y le garantizo que el desmontaje de la reforma laboral del PP va a ser absoluto”, ha remachado en su intervención, aplaudida por los miembros de su grupo parlamentario y algunos parlamentarios socialistas.
También ha lamentado que Cs reivindique el haber evitado la subida del IVA a la educación y sanidad privadas en estos Presupuestos, cuando la realidad es que “ni siquiera han estado sentados encima de la mesa en la que se tomaron esas decisiones”.
La cuestión de la reforma laboral del PP ha generado situaciones de tensión y posturas divergentes entre los socios de Gobierno en coalición en cuanto al alcance y tiempos para ejecutar los cambios.
Acuerdos para la derogación absoluta
Así, en mayo se difundió un acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar de manera íntegra la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP, con el compromiso de que esta derogación fuera efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19.
Este consenso fue difundido por la formación de la izquierda ‘abertzale’ tras aprobar el Congreso la prórroga 15 días más del estado de alarma. Pero horas después el PSOE matizó dicho acuerdo y defendió que no aparecía la palabra “íntegramente” y que los cambios a realizar de manera urgente se limitan únicamente a tres puntos.
No obstante, el propio vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, también dejaba claro que la reforma laboral será derogada al completo y no parcialmente.
El PSOE, en contra
Mientras, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, sostuvo que era “absurdo y contraproducente” abrir el debate sobre derogar la reforma laboral en el marco de la crisis económica y social provocada por la emergencia sanitaria del coronavirus.
En julio, el secretario de Sociedad Civil de Podemos y coportavoz de la Ejecutiva, Rafa Mayoral, subrayó que su formación seguía trabajando para derogar la reforma laboral “lo antes posible”, y cumplir así con la “hoja de ruta” que marca el acuerdo programático que Unidas Podemos firmó con el PSOE para conformar el Gobierno de coalición.
La reforma laboral de 2012
La Reforma de la legislación laboral en España en 2012, más conocida como la reforma laboral del PP, fue aprobada por el Consejo de Ministros de España, en su reunión del 10 de febrero de 2012, a través de un Real Decreto-ley, y modificó la anterior reforma laboral aprobada en septiembre de 2010.
Mediante la aprobación del «Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral», publicado al día siguiente de su aprobación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Gobierno presidido por Mariano Rajoy, del Partido Popular, se proponía “facilitar la contratación, con especial atención a los jóvenes y a los parados de larga duración, potenciar los contratos indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último recurso de las empresas en crisis”, además de “acabar con la rigidez del mercado de trabajo y sentar las bases para crear empleo estable”. De acuerdo con lo establecido en la disposición final decimosexta del propio decreto, las medidas comprendidas en el mismo entraron en vigor el día siguiente de su publicación en el BOE.
Tras la aprobación del texto por el Consejo de Ministros, se produjeron las reacciones al contenido del mismo desde los partidos políticos con representación parlamentaria, las organizaciones empresariales y los sindicatos mayoritarios. Así, se posicionaron a favor de la reforma el portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, y los representantes de las patronales CEOE, CEPYME y ATA.
Por el contrario, se mostraron claramente contrarios al contenido de la reforma aprobada por el Gobierno los portavoces parlamentarios de IU, Amaiur, ERC, BNG y Compromís-Q, mientras que el del PNV mostró su reserva ante el proyecto, y UPyD lo consideró “manifiestamente mejorable”.
También se mostraron en contra los líderes del principal partido de la oposición, el PSOE, y de los dos sindicatos con mayor representación, CCOO y UGT. Las centrales sindicales convocaron movilizaciones sociales en toda España para los días 18 y 19 de febrero. Por su parte, en el País Vasco, cinco sindicatos del entorno nacionalista (ELA-STV, LAB, ESK, STEE-EILAS y EHNE) convocaron una huelga general autonómica (circunscrita al País Vasco y Navarra) para el 29 de marzo de 2012. Las manifestaciones convocadas por los sindicatos mayoritarios en 57 ciudades de todo el país resultaron masivas y congregaron a centenares de miles de personas.
