Redacción

Unidos Podemos ha explicado hoy en rueda de prensa en el Congreso la moción consecuencia de interpelación urgente al Gobierno para que exigir al ejecutivo de Rajoy que garantice el derecho humano a la vivienda y ejecute los cambios legales necesarios para que España cumpla con sus compromisos en materia de derechos humanos y se acabe con los desalojos sin alternativa habitacional.
Tal y como ha explicado el diputado y responsable de vivienda de Unidos Podemos, Rafael Mayoral, “El Gobierno debe dar una respuesta a la altura de las vulneraciones que se vienen cometiendo. No existe ni tan siquiera la voluntad por parte del Gobierno, pudimos verlo en la interpelación, solo existe la voluntad de mantener a nuestro país fuera de la legalidad internacional”.


Además, esta demanda al Gobierno se ha producido también desde todos los parlamentos autonómicos. Mayoral ha anunciado el registro de una Propuesta no de Ley en el mismo sentido de la moción, adaptada a las competencias autonómicas y que se presenta hoy simultáneamente, tanto en Senado como en los parlamentos autonómicos de Asturias, Aragón, Baleares, Murcia, Canarias, La Rioja, Castilla y León y Comunidad Valenciana, entre otros, para que respondan en el ámbito de sus competencias para garantizar el derecho humano a la vivienda con recursos suficientes para evitar desalojos sin alternativa habitacional.

El objetivo de la Moción consecuencia de Interpelación urgente al Gobierno por el cumplimiento de España al dictamen del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de 20 de junio de 2017 sobre el derecho a la vivienda presentada por Unidos Podemos, es forzar este debate en el Pleno del Congreso de los Diputados, que está previsto se produzca el próximo 13 de marzo. 

España, a la cola de Europa en vivienda
España cuenta con uno de los porcentajes de vivienda social más bajos de la Unión Europea un 1,1% sólo superado por Grecia y muy lejos de países como Holanda (32%), Austria (23%), Reino Unido (18%) o Francia (17%). Así mismo, nuestro país cuenta un porcentaje ínfimo de vivienda asequible (2.5%), frente a otros países europeos tales como Austria que poseen el 24% de parque público de protección, y el Reino Unido o Francia alrededor del 17%, según datos de Amnistía Internacional. El problema del acceso a la vivienda se ha agravado adicionalmente con la crisis hipotecaria y la imposibilidad de miles de familias de poder pagar los créditos inmobiliarios, generando cientos de miles de desalojos forzosos.

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