Alberto Rodríguez, portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados; Pilar Lima, senadora de Unidos Podemos por la Comunidad Valenciana; Vicenta Jiménez, senadora de Unidos Podemos por Alicante; e Isabel Matute, representante del colectivo de aparadoras de Elche (Alicante), han registrado este martes, 10 de julio, en el Congreso de los Diputados, una Proposición no de Ley con el objetivo de instar al Gobierno a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del calzado que, a pesar de la importancia y el peso que tiene el sector en España, presenta unos datos sobre salarios y precarización de las condiciones laborales alarmantes.

En un estudio reciente del Ministerio de Industria, los datos obtenidos de la Encuesta Industrial de Empresas 2015 (INE), muestran como el sector del cuero y calzado ocupa el último puesto en remuneración por asalariado -22 mil € anuales- y el penúltimo en productividad por ocupado – 30 mil € anuales-. A pesar de registrar un aumento del 10% del volumen de negocio entre 2008-2015, no ha sucedido lo mismo con los gastos en personal por ocupado, ya que sólo han aumentado en este mismo periodo un 3%.

Pilar Lima ha recordado que tuvo la oportunidad de conocer de primera mano, junto a la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, el trabajo del colectivo de las aparadoras de Elche y pudieron recoger sus demandas. Con la presentación de esta PNL, Lima ha aseverado que queda de manifiesto que desde Podemos “estamos en contra de la precariedad y esto es un testimonio de ello”.

Asimismo, Isabel Matute ha recordado que las aparadoras eran “invisibles” hasta que nació la asociación de aparadoras. “Llevamos más de 40 años en una situación de esclavitud por nuestro trabajo, hacemos 11 horas diarias sin contrato, a veces en casa… Nuestras condiciones no son dignas de una sociedad moderna y de un país que pertenece a Europa”, ha destacado Matute.

Por su parte, Alberto Rodríguez  ha señalado que “no puede ser que se esté trabajando en las viviendas, en talleres ilegales, sin ningún tipo de protección, con jornadas maratonianas y cobrando entre uno y dos euros la hora. […] Esto está ocurriendo ahora mismo en España, hay que legislar, es fundamental”.

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