Cuatro de las líneas indagatorias abiertas por el juez de Madrid en relación a las presuntas irregularidades en las finanzas de Podemos hace seis meses han sido archivadas. El magistrado no ha visto indicios de delito en la contratación a la empresa ABD Europa LDA, en la caja de solidaridad de la formación ni en las obras de la nueva sede, y tampoco puede seguir adelante sobre el posible acceso al ordenador de Marta Flor Núñez, una abogada del partido, puesto que ni la afectada ni el partido lo han denunciado.
La causa que queda abierta por ver el juez indicios de distracción de fondos electorales para desviarlos a otro fin distinto, lo que podría constituir delito de financiación irregular, es la de un contrato con la empresa Neurona para trabajos de la campaña electoral de abril del 2019.
Las sospechas sobre la consultora se centran en que su sede en España se constituyó poco antes de obtener el contrato de la formación y que el dinero que facturó acabó transferido a otra mercantil.
Podemos y su contrato con la empresa Neurona
El juez Juan José Escalonilla, encargado de la investigación, apunta que el supuesto desvío de dinero desde Podemos a la empresa mexicana “no era en sí mismo el fin de dicha operación, sino que respondía a otra finalidad distinta como puede ser la de financiar a partidos extranjeros, a la previa financiación ilegal del propio Podemos a través de microcréditos, o incluso para compensar las cantidades obtenidas a través de una red de financiación ilegal para la propia constitución de dicho partido político en el año 2014 y la promoción de sus miembros a los cargos directivos que actualmente ostentan”.
Aunque la fiscal continúa sin ver indicios de financiación irregular, el juez no está de acuerdo con su opinión e insistió en mantenerla como investigada por ser “más garantista”.
A raíz del despido de uno de los abogados del partido, José Manuel Calvente, y tras su denuncia que incluía delitos de todo tipo como financiación irregular, administración desleal, malversación, falsedad documental o electoral, empezaron a publicarse en 2019 informaciones sobre supuestas irregularidades en las finanzas de Podemos, aunque la suspensión de los plazos procesales y administrativos debido a la pandemia de coronavirus hicieron que hasta julio del año pasado la denuncia no cayera en el juzgado encargado de la investigación.
Nada más abrir la causa y escuchar a Calvente, el instructor ordenó imputaciones como la del propio partido como persona jurídica, el secretario de Comunicación Juanma del Olmo y el tesorero Daniel de Frutos, además de numerosas diligencias que incluían entregas de documentación del partido y de cuentas bancarias para investigar las posibles irregularidades que el abogado del partido había explicado en su denuncia.
En dicha denuncia, el letrado acusaba a Podemos de facturar servicios ficticios a empresas para desviar fondos públicos, fijar sobresueldos en negro y la existencia de una especie de caja B. Además también hablaba de una falsa licitación en las obras de la nueva sede del partido “para beneficiar a empresas previamente concertadas”.
La nueva sede
Podemos, en relación al tema de la nueva sede, señaló que el coste inicial del proyecto era de 649.000 euros, pero con los gastos que plantearon las empresas subcontratadas, el presupuesto subió a algo más de 1,3 millones de euros, con lo que el gasto final fue de aproximadamente 1,4 millones.
El juez ha archivado este asunto al no constar acreditado que se produjera una distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio para pagos u obras ajenas a las propias de dicha rehabilitación”. Y aunque no hubo una licitación pública de las obras, esto “no constituye delito alguno”.
ABD Europa LDA
En el caso de la contratación de la empresa ABD Europa LDA, el juez Juan José Escalonilla, no ha encontrado indicios de ninguna actividad delictiva. Aunque el denunciante había destacado cuatro contratos suscritos con esta sociedad para trabajos para la campaña de las elecciones generales de abril de 2019, Escalonilla concluyó la “inexistencia de indicios racionales” que apunten a que los contratos encargados con esta empresa fueran “simulados”, ya que constató que el Tribunal de Cuentas había fiscalizado los gastos.
La caja de la solidaridad
Esas conclusiones son similares a las sacadas sobre la caja de la solidaridad, en la que Podemos destina fondos a fines sociales. Para el magistrado, “no resulta anómalo o extraño que el numerario de la caja de solidaridad sea destinado a fundaciones o movimientos cercanos al partido” y nada de lo investigado “resulta indiciariamente expositivo de una presunta administración desleal del numerario del fondo de solidaridad de Podemos por parte de Rafael Mayoral”.
Tampoco existe “ningún indicio” de que la entidad “no desarrolle la actividad para la que fue constituida, ni tampoco y por tanto que dichas cantidades recibidas de Podemos, pudiendo provenir de la caja de solidaridad, no lo sean sino para llevar a efecto dicha actividad”. Por lo tanto, se descartaba así un delito de administración desleal.
Tras escuchar a investigados y testigos y analizar documentación, el magistrado ha decidido archivar cuatro líneas de investigación, las dos últimas este mismo miércoles.
