En un movimiento que ha sorprendido a muchos, la Junta de Castilla y León, bajo el gobierno de PP y Vox, ha anunciado medidas estrictas en relación con la nueva Ley de Bienestar Animal.
Sin embargo, estas medidas no son bien recibidas por los dueños de perros en la región, ya que implican que estas queridas mascotas no podrán ingresar a ningún edificio público autonómico.
Esta decisión marca un claro contraste con lo que establece la nueva ley, que, en principio, permite el libre acceso de los perros a los edificios públicos, incluyendo oficinas de empleo, centros de formación, bibliotecas, museos y espacios deportivos, a menos que exista una prohibición expresa.
Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la comunidad, ha puesto en marcha esta medida con la intención de evitar que los animales acompañen a sus dueños durante trámites burocráticos o visitas culturales.
La prohibición de entrada de animales a edificios públicos deberá estar debidamente señalizada para ser válida. Sin embargo, cabe destacar que los perros guía seguirán teniendo acceso según las normativas vigentes.
La Junta de Castilla y León ha justificado esta decisión haciendo referencia al texto de la Ley de Bienestar Animal, específicamente al artículo 29.3, que permite el acceso de animales de compañía a edificios y dependencias públicas, «salvo prohibición expresa, debidamente señalizada y visible desde el exterior».
Además, se han amparado en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que establece el derecho de los ciudadanos a una buena administración en sus relaciones con la Administración Autonómica, junto con la promoción de la tolerancia, el respeto y el civismo democráticos.
La principal argumentación de la Junta de Castilla y León se basa en la necesidad de «evitar situaciones de riesgo para la salud, tanto de los alumnos y profesores como del personal que presta servicios, derivadas de problemas como fobias, alergias…»
