En el último tiempo, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid ha generado controversias con una serie de nombramientos realizados por la concejala Marta Rivera de la Cruz. Esta área, dirigida por la política del Partido Popular, ha completado su entramado de direcciones artísticas en teatros y centros culturales municipales mediante negociaciones sin publicidad a través de Madrid Destino, empresa pública, tal y como informa ElPlural.com.
La estrategia de nombramientos a dedo ha sido empleada por Rivera de la Cruz para designar a los nuevos directores de centros culturales clave como Matadero, Naves del Español, Conde Duque, Fernán Gómez, Teatro Español y Circo Price. Estos nombramientos han sido objeto de críticas por parte de la oposición, ya que se han eludido procesos de concursos públicos, una solicitud planteada por la izquierda.
La oposición, liderada por el partido Más Madrid, destaca que cuando las direcciones artísticas dependen de políticos, los artistas tienden a autocensurarse para alinearse con las ideologías del partido en el poder, promoviendo así la censura. Edu Rubiño, concejal de Más Madrid, subraya que la injerencia política en la cultura, evidenciada en estos nombramientos, contribuye a un clima de censura que se observa en diversos gobiernos de derecha y ultraderecha en España.
Rubiño argumenta que este tipo de nombramientos no solo favorece la injerencia política sino que también impide principios democráticos, como la igualdad de oportunidades, la transparencia en contrataciones públicas y la concurrencia competitiva. Destaca la importancia de los concursos públicos en el sector cultural, ya que las direcciones seleccionadas a través de estos procesos rinden cuentas al proyecto presentado y no a un político en particular.
La reciente serie de nombramientos incluye figuras como Eduardo Vasco para el Teatro Español, Luis Luque para la Nave 10 de Matadero, Juan Carlos Pérez de la Fuente para el teatro Fernán Gómez, María Pagés para la Nave 11 de Matadero y Aránzazu Riosalido para el Circo Price.
A pesar de las críticas, Rivera de la Cruz defiende su enfoque de nombrar cargos de confianza sin recurrir a concursos públicos, alegando que se eligen profesionales idóneos bajo el criterio de la excelencia. La oposición, por su parte, exige explicaciones sobre estos nombramientos negociados sin publicidad.
