La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entregado al juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional la investigación sobre las donaciones de empresarios a la caja b del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos, un amplio informe donde documenta decenas de irregularidades que provocaron sobrecostes millonarios en buena parte de 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004) a Constructora Hispánica.

Ya en 2020, la UDEF se centraba en Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica y condenado a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, conocido como Época I. Los agentes, tras fijarse en las donaciones en dinero negro que este empresario hizo al PP y, ante la sospecha de que pagó comisiones ilegales a cambio de contratos amañados, decidían analizar los expedientes de 23 proyectos otorgados entre 2002 y 2004 a su compañía.

García Pozuelo confesó en el juicio de Época I que pagó a Francisco Correa, cabecilla de la trama, para que lo entregara a los “organismos centrales” de la Administración gobernada por el PP a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón. Correa era el intermediario entre las administraciones del PP y los constructores.

En la contabilidad extraoficial del partid, reflejada en los papeles de Bárcenas, aparece que García Pozuelo realizó al menos nueve entregas por un total de 258.000 euros a la contabilidad extraoficial del partido.

La Policía certifica sobrecostes millonarios de más de 35 millones en obras públicas de la era Aznar
La Policía certifica sobrecostes millonarios de más de 35 millones en obras públicas de la era Aznar
Según uno de los cuadros incluido en el informe y que firma el principal investigador del caso Gürtel, el inspector jefe Manuel Morocho, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, llegando en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.
La enorme diferencia entre la propuesta económica inicial que presentaba a concurso Constructora Hispánica para hacerse con la adjudicación, y el coste final pagado tras los cambios en las circunstancias de ejecución del contrato es lo que ha llamado la atención de la Policía.

En este sentido, el informe de la UDEF destaca “inconsistencias en la valoración de la oferta”; la “poca representatividad de los criterios objetivos evaluables mediante fórmulas frente a los criterios objetivos no cuantificables, cuya evaluación tiene un elevado carácter subjetivo”, y otras “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación: publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”. Todas estas “prácticas señaladas”, incide el documento, “son factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad a la corrupción en los procedimientos de contratación pública”.

El juez Pedraz deberá valorar ahora este informe incorporado a la causa ya juzgada parcialmente (la reforma de la sede de Génova con dinero negro) pero sobre la que mantiene en instrucción la parte sobre las donaciones de empresarios a cambio de obra, donde se trata de acreditar el delito de cohecho. A pesar de que la semana pasada, la Audiencia Nacional daba por finalizada la investigación de ‘los papeles de Bárcenas’, ahora debe decidir si envía a juicio a los imputados o si archiva la causa.

Pedraz ha resaltado en varios de sus últimos autos que la instrucción ya permitía afirmar indiciariamente que se creó en el PP “un sistema para obtener fondos ilícitamente para el partido” a cambio de “movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores”. Los empresarios entregaban presuntamente dinero a la caja b a cambio de que Bárcenas, entre otros, les facilitaran “contactos directos con el responsable político del poder adjudicador”. “En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación”.

La Policía completa con estos 23 proyectos otorgados a la constructora de García Pozuelo los detectados anteriormente por la IGAE y que suponían solo una tercera parte con sobrecostes en siete de ellos por valor de 70 millones de euros. Según han explicado, hubo obras con «un modificado» y algunas con incluso dos, lo que hizo que la Administración abonara 95 millones de euros extra.

La UDEF añade que el “importe del modificado superó el del presupuesto de adjudicación en 13 expedientes y, en 10 de ellos, estuvo por encima del 17% del precio original”. La Policía destaca esas cifras porque se “aproximaron” al 20%, porcentaje que obliga por ley a pedir un dictamen preceptivo al Consejo de Estado y que permite, incluso, la resolución del contrato.

“Los proyectos modificados supusieron en la mayoría de los expedientes una alteración sustancial del proyecto original desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, y temporal, conllevando aumentos en el plazo de ejecución”, recalca el informe, que añade: “En definitiva, a partir de este conjunto de elementos se infiere que los modificados suponían alteraciones sustanciales o esenciales de los proyectos originales y debían haberse efectuado nuevas contrataciones que recogieran las actuaciones a llevar a cabo”.

También han sido analizadas las “obras complementarias”, que dan lugar a un nuevo proyecto, independiente del principal, y, por tanto, a un nuevo expediente de contratación, que “deberían haber sido independiente y no debió autorizarse su ejecución mediante un procedimiento negociado”. En total, se han detectado seis obras complementarias en seis proyectos por valor de más de 57 millones.

La UDEF valora las certificaciones finales de los expedientes, donde “14 (de los 23 proyectos) tienen un gasto adicional por obras próximo al límite del 10% del presupuesto de adjudicación que establece la norma para la introducción de variaciones sin precisar aprobación previa”.

Esas 14 adjudicaciones suman más de 35 millones en concepto de “adicional por obra en certificación final”. “Se observa una persistencia en la inclusión en la certificación final de los contratos por parte del contratista de importes adicionales por alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto que representan un gasto cercano al umbral legalmente permitido sin precisar previa aprobación”, remarca el informe.

Fuente: EL PAÍS

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