Este jueves, la Policía Nacional de Madrid ha desahuciado a Rosario Gómez-Limón, una señora de 76 años que vivía en el número 6 de la Avenida de la Albufera, en el barrio de Vallecas, y que estaba en trámites para pedir el alquiler social.

Charo, como la conocen vecinas y vecinos del barrio de Vallecas, que no tiene alternativa ni de acceso al mercado inmobiliario, ni de acceso a una vivienda pública, ha ofrecido en repetidas ocasiones su voluntad de pagar un alquiler acorde a sus ingresos.

A pesar de los intentos de negociar un alquiler asequible los propietarios han preferido recurrir al desalojo policial de la casa en la que lleva viviendo cuatro años, un desalojo que estaba programado para el día 22 de diciembre, pero que se había aplazado hasta el 11 de enero por orden del Juzgado número 47 de Madrid.

La Policía ejecuta el desahucio de una mujer de 76 años que había sido aplazado en los juzgados / Imagen: Facebook PAH Vallekas
La Policía ejecuta el desahucio de una mujer de 76 años que había sido aplazado en los juzgados / Imagen: Facebook PAH Vallekas

Sin embargo, parece ser que ha habido un error burocrático y el lanzamiento no estaba parado. Desde la PAH-Vallecas señalan que a las 8:00 de la mañana hasta siete furgones de la policía acudieron a echar a Charo de su casa sin que ella tuviese constancia de lo que iba a pasar. Además, denuncian que los cuerpos policiales no dejaron acudir al SAMUR para comprobar su estado de salud.

Charo, ya fue desahuciada en 2018 de su anterior vivienda, en la que vivió 60 años. Según la PAH de Vallekas, los herederos de su anterior casero la llevaron a juicio alegando que querían disponer de la vivienda para uso familiar. Cuatro años después, dicha vivienda está anunciada para alquiler y venta en portales inmobiliarios.

Con la ayuda de PAH consiguió refugiarse en un piso abandonado de un multipropietario. Lo reacondicionó y lo limpió para hacerlo habitable. Vivió en él estos años y siempre estuvo intentando conseguir un alquiler social, un arrendamiento reconocido por la Constitución para los casos de mayor necesidad en el que pagase como máximo un 30% de sus ingresos: 400 euros al mes. A pesar de los intentos de negociación, los propietarios han optado por el desalojo.

Tras el suceso, la plataforma ha emitido el siguiente comunicado en redes sociales: «Hoy 22 de diciembre ha sido ejecutado el desahucio de nuestra compañera Charo, de 76 años, en un nuevo ejemplo de absoluta parcialidad de las administraciones, y en concreto de la justicia, de parcialidad en favor de los intereses de los propietarios.

El juzgado número 47 de Madrid había señalado nueva fecha para el día 11 de enero. Pese a ello, finalmente ha hecho prevalecer la fecha de desalojo que había fijado la comisión judicial para la mañana del 22 de diciembre. Todo ello lo ha notificado unas horas antes del lanzamiento, sin que Charo ni PAH Vallekas tuvieran constancia de ello, con el resultado de que desde la madrugada del 22 un fuerte dispositivo policial se encontraba aparcado frente al número 6 de avenida de la Albufera.

De nada han servido las llamadas al juzgado y los intentos de mediación, y el desahucio finalmente se ejecuta. Una mujer trabajadora, víctima de violencia machista, queda sin hogar estable cuatro años después de ser desahuciada de su vivienda en un procedimiento por el que el comité Desc de la ONU había señalado la responsabilidad del Estado español.

Hoy tenemos que volver a señalar varias cosas:

La absoluta indefensión de quienes no somos propietarios ante un sistema legal que supedita las necesidades de propietarios y rentistas frente a nuestra seguridad y bienestar, y de hecho frente al simple respeto a la integridad física y moral de las personas.

En concreto, la delegación del Gobierno de Madrid, con Mercedes González (PSOE) a la cabeza, vuelve a dedicar recursos ingentes para la ejecución de un desahucio de una persona ampliamente conocida en el barrio y en un caso donde la vulneración de derechos ha estado bien documentada y notificada.

El absoluto fracaso de las medidas de escudo social del Gobierno de coalición. Cada día se ejecutan más de 100 desahucios judiciales, mientras se multiplican los desahucios extrajudiciales y el poder de los propietarios para imponer sus intereses.

La absoluta necesidad de una mayor autoorganización popular para hacer valer nuestros intereses, que no son los de esta democracia de propietarios.

Charo no dormirá debajo de un puente. Es la solidaridad vecinal la que hoy mismo le garantiza un techo y la recuperación de sus enseres personales. En breve esperamos comunicar más avances y ya estamos preparando la entrada en un nuevo piso al que Charo pueda llamar hogar.

Solo el pueblo salva al pueblo
Justicia en el barrio

PAH Vallekas
Una comunidad para luchar».

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