El pasado 22 de septiembre, por orden del juez Adolfo Carretero y tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción, se realizó un registro en el domicilio y la empresa de Alberto Luceño, investigado junto a Luis Medina por una presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en el «caso mascarillas».
La Fiscalía Anticorrupción solicitó esta diligencia al considerar necesario analizar los ordenadores y los teléfonos del empresario para aclarar si los correos supuestamente enviados al juzgado por una persona que dice llamarse San Chin Choon, para respaldar la versión de Luceño y su socio, no son reales.
Este empresario, con sede en Malasia y dueño de la empresa Leno, es supuestamente la persona que envió el material sanitario al Ayuntamiento de Madrid y que terminó en una millonaria estafa en plena pandemia.
Los dos empresarios recibieron transferencias desde Malasia por casi seis millones de euros como comisión por la venta de un material que el Consistorio acabó comprando por 11 millones de euros, una transacción que está bajo la lupa de los tribunales.
El ministerio fiscal identificó varias irregularidades en uno de los correos electrónicos. «Presenta varias incorrecciones gramaticales que evidencian que ha sido redactado por alguien que, no solo no habla correctamente inglés, sino que tiene el español como lengua materna”, se recoge en el sumario al que ha tenido acceso El País.
El titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, a cargo del caso, abrió una pieza separada que declaró secreta el pasado 13 de septiembre para poder practicar la entrada en casa de Luceño.
En un minucioso registro en el que el empresario les facilitó las claves para acceder al ordenador, los agentes requisaron numerosos documentos, un «portapapeles negro con placa de agente de la autoridad del Centro Nacional de Inteligencia» y «6 hojas con impresiones de imágenes de tarjeta: CNI, DSN, Ministerio de Defensa (2) y Cuerpo Nacional de Policía». Los agentes no pudieron acceder a uno de los ordenadores y se lo llevaron para analizarlo.
Tras el registro domiciliario, los agentes fueron a la sede de la empresa Takamaka Invest, en donde también se extrajo información de documentos y de ordenadores. También sacaron teléfonos móviles, en uno de los cuales encontraron «acceso a multitud de cuentas de correo».
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