Cuatro policías nacionales que han declarado este viernes como investigados ante el juez que investiga las cargas del 1-O han negado que utilizaran sus defensas, u otro material antidisturbios, en su intervención para impedir el referéndum en escuelas de Barcelona.
Según han informado fuentes judiciales, entre los imputados por su papel en las escuelas Mediterrània y Estel de Barcelona figura un jefe de núcleo, quien ha rechazado rotundamente haber empleado la fuerza y cargar contra los manifestantes con porras.
Los policías nacionales se han ceñido a que retiraron a los congregados que se oponían a ellos para poder acceder al interior del colegio Estel, donde los incidentes se saldaron con 20 heridos, dos de ellos policías.
Han insistido en que la actuación fue muy «rápida» y no tuvieron tiempo de «ver nada» ni de «agredir a nadie», aunque han reconocido que arrastraron a alguna persona.
El inspector ha relatado que los días previos al 1-O había mantenido reuniones con su superior, el jefe de la unidad de investigación, de quien recibió «instrucciones genéricas» sobre la seguridad de los agentes, los cuales -ha dicho- recibieron «escupitajos, insultos, patadas y paraguazos».
También ha narrado que el día antes de la celebración del referéndum, acudieron a la escuela Estel para llevar a cabo una primera visualización del lugar, donde ya encontraron a personas reunidas.
Otro de los policías que ha declarado este viernes es un subinspector que ha garantizado haber intentado durante 20 minutos mediar verbalmente con los manifestantes, a quienes pidió que se retiraran o, de lo contrario, tendrían que actuar.
Según las mismas fuentes, ha relatado que los congregados le escuchaban y estaban «más receptivos» que con otros policías porque era valenciano y «se dirigía en su mismo idioma».
El tercer subinspector citado por las cargas en la escuela Estel ha manifestado haber visto en Twitter un vídeo con su actuación, el cual será aportado a la causa, sobre la que todavía no consta ninguna prueba gráfica o vídeo.
De hecho, ése fue uno de los motivos alegados por el juez para aceptar el sobreseimiento del caso, que fue reabierto este mes por la sección tercera de la Audiencia Provincial de Barcelona a petición del Ayuntamiento de la capital catalana, al considerar que la falta de fotos o vídeos no era motivo suficiente para cerrarlo.
En el caso de la escuela Mediterrània, sólo ha declarado un agente raso, dado que los otros tres que estaban citados -un inspector, un subinspector y un agente canarios- han pedido la suspensión de su declaración alegando falta de tiempo para preparar la defensa.
El policía nacional que sí ha respondido lo ha hecho a través de una breve videoconferencia, en la que también ha negado que el cuerpo usara porras u otro material antidisturbios durante su actuación para impedir el referéndum.
El agente ha asegurado que los policías recibieron «agarrones y empujones» por parte de las personas que trataban de votar y ha aclarado que dejaron un pasillo abierto en la escuela para que pudiera salir quien quisiera.
En declaraciones a los medios, Gemma Rodríguez y Joaquim Pérez, abogados de la Asociación de Juristas por los Derechos Humanos, que ejerce la acusación, han reprochado a la Fiscalía que haya hecho «preguntas inducidas» a los interrogados y «no haya actuado como garante de la legalidad».
Tal como han anunciado, el Ministerio Fiscal les habría preguntado si, en circunstancias similares a las producidas el 1-O, los policías habrían practicado detenciones por desobediencia y resistencia a la autoridad.
En total, son 41 los policías que están siendo investigados por su actuación en los colegios catalanes Pau Claris, Mediterrània, Dolors Monserdà, Ramon Llull, Estel, Prosperitat y Àgora durante la celebración del referéndum del 1-O.
No obstante, la acusación ya ha adelantado que pedirá la comparecencia del jefe de la unidad de investigación mencionado este viernes por el jefe de núcleo responsable de la escuela Estel.
