El Grupo Impulsor de la Paridad Democrática (GIPD), integrado por políticas y activistas, denunció hoy en un comunicado la situación de violencia verbal a la que se exponen por ejercer sus funciones públicas y exigieron a sus compañeros acabar con estos comportamientos para descalificarlas.

El GIPD recuerda que este tipo de actuaciones actúan como una barrera a la hora de que las mujeres se decidan a participar en la política, y que se repiten tanto en el Congreso como en las propias estructuras partidarias.

“Estos lamentables hechos evidencian cuán naturalizada está la violencia contra mujeres que deciden desempeñarse en la arena pública, con ataques diarios a figuras femeninas con protagonismo político que reciben todo tipo de ofensas y amenazas a las que se suman, por ser mujeres, la referencia invariable a su sexualidad”, recoge el comunicado.

El GIPD alude a hechos recientes, como los ataques a la senadora Lilian Samaniego, del Partido Colorado, por parte del senador Payo Cubas, de Cruzada Nacional, que trató de menospreciar a la legisladora por su supuesta orientación sexual.

Una escena similar a la que vivió la diputada Kattya González, de Encuentro Nacional, quien recibió comentarios sobre su sexualidad por parte del diputado Roberto González, del Partido Colorado.

Cita también otras agresiones verbales precedentes a otras senadoras, como Blanca Ovelar o Desirée Masi, o a excongresistas como Blanca Fonseca.

Al margen de considerarlo un ataque a las mujeres, el GIPD también evidencia que estas situaciones son “incompatibles con la democracia” y contradice el “discurso de inclusión de las mujeres”, que los propios políticos suelen repetir.

Por eso, las integrantes del GIPD responsabilizan a sus compañeros de “provocar situaciones de violencia recurrente contra las mujeres en la política en general y en el ámbito del Congreso en particular”.

Además, les instan a parar sus discursos violentos que constituyen un “penoso espectáculo” y un “peligroso ejemplo” para la ciudadanía.

Las miembros del GIPD no se conforman con esto y reclaman un cambio urgente en los estatutos de los partidos políticos, para que desde ellos se impulse y garantice el respeto y la igualdad de género.

El GIPD expresó su solidaridad con las víctimas de estas agresiones y demandó que se avance en la tipificación de la violencia política contra las mujeres.

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