El pasado 13 de octubre, los grupos parlamentarios PSOE y Unidas Podemos han registrado una proposición de ley orgánica para reformar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y evitar que el Partido Popular pueda seguir vetando la renovación del órgano judicial.
El Gobierno señalaba al PP por no cumplir el mandato constitucional e impedir una renovación del CGPJ pendiente desde hace dos años, algo que, según fuentes populares, es falso. «Sánchez estuvo en funciones un año, y por la pandemia hemos estado otro medio año sin poder reanudar la renovación de los órganos institucionales», justifican.
En un escrito firmado por Adriana Lastra y Pablo Echenique se pretendía modificar la ley orgánica 6/1985 para que el Congreso y el Senado puedan elegir a los seis vocales del CGPJ que corresponden a cada cámara con mayoría absoluta en segunda votación, 48 horas después de una primera en la que se mantendría la mayoría de tres quintos.
De prosperar este proyecto de ley quedaría eliminado el requisito de un consenso de los dos partidos mayoritarios para renovar la cúpula del Poder Judicial.
El Partido Popular, liderado por Pablo Casado, se ha mostrado dispuesto a elegir a los nuevos vocales siempre que el Gobierno acepte dos condiciones: que Podemos no esté en las negociaciones ni tenga representantes en el CGPJ y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, retire la proposición de ley de reforma del órgano de gobierno de los jueces que pretende reducir de tres quintos a mayoría absoluta la elección de los doce vocales jueces.
Además, el líder del PP ha presentado una propuesta propia basada en la idea de que los jueces, no el parlamento, deben elegir a los miembros del órgano de gobierno.
La proposición de ley anunciada por PSOE y Unidas Podemos fue recibida con multitud de críticas tanto en el seno del órgano de gobierno de los jueces como en la mayoría de las asociaciones judiciales, a excepción de Juezas y Jueces por la Democracia que lo ven como alternativa al bloqueo actual.
El medio Político se ha hecho eco del enfrentamiento entre el PSOE y el PP por los nuevos nombramientos en el órgano de gobierno del poder judicial y considera que la situación está en un punto crítico.
Según el citado medio, la iniciativa del gobierno de coalición ha sido ampliamente criticada por jueces y juristas, quienes argumentan que colocaría demasiado poder en manos del gobierno. El Colegio de Magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) advirtió que la reforma «ataca directamente la independencia judicial y nos sitúa fuera de los valores y estándares europeos en materia de separación de poderes«, mientras que la oposición argumenta que la legislación es un intento cínico de erosionar la separación de poderes.
Tal y como señala Político, el surgimiento de tres nuevas fuerzas parlamentarias desde 2015, Podemos, Ciudadanos y Vox, ha fragmentado la política de España y ha hecho más difícil asegurar las tres quintas partes del apoyo del parlamento necesario para los nombramientos.
Además considera que la presencia de Podemos como socio menor en el gobierno desde enero ha alimentado aún más el debate sobre el sistema de justicia. Su líder Pablo Iglesias generó críticas por expresar dudas sobre una condena contra su colega Isabel Serra por desorden público. Además recientemente un juez ha pedido que se le investigue por destruir información, revelar secretos y denunciar falsamente un delito, tras el robo en 2015 de un teléfono perteneciente a su ex asistente, Dina Bousselham.
El medio recoge también las advertencias de las diferentes instituciones europeas a la reforma del sistema de elección del CGPJ. El Grupo de Estados contra la Corrupción o GRECO ha advertido al gobierno español en una carta que la reforma «puede resultar en una violación de los estándares anticorrupción del Consejo de Europa».
El portavoz de Justicia de la Comisión Europea, Christian Wigand, ha dicho que el CGPJ no debe ser visto como “vulnerable a la politización” y el subsecretario de Asuntos Exteriores de Polonia, Pawel Jablonski, señaló que «el poder judicial es un asunto interno de los estados miembros y todos los países de la UE deben recibir el mismo trato” y advirtió a la UE de que «los dobles raseros son una violación del estado de derecho europeo».
Un estudio del Eurobarómetro del año pasado encontró que poco menos de la mitad de los españoles calificaron la independencia de su sistema judicial como “bastante mala” o “muy mala”. Incluso si las dos partes finalmente llegan a un acuerdo sobre los nuevos nombramientos y el gobierno no recurre a su controvertida legislación, podría pasar algún tiempo antes de que se restablezca la confianza de los españoles en su poder judicial, zanja Político.
