Massimiliano Patierno
Ingeniero Ambiental del IIDMA


La última Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que tuvo lugar en Nairobi (Kenia) del 11 al 15 de marzo, ha dejado claro el enorme peligro que supone la contaminación para la salud humana.

Durante su celebración se presentó la sexta edición del informe “Perspectivas del Medio Ambiente Mundial” en el que se advierte que, en todo el mundo, la contaminación atmosférica podría estar relacionada con entre 4,5 y 7 millones de muertes prematuras cada año hasta 2050 si no se toman decisiones de forma urgente para ponerle remedio. Esta cifra es inasumible para el conjunto de la humanidad y evitar que se convierta en realidad debe ser la prioridad para todos los gobiernos. Elaborar políticas ambiciosas en materia de clima y energía podría reducir estos números de manera significativa. Sin embargo, las medidas a tomar deben ser contundentes y deben adoptarse con urgencia, comenzando por reducir las emisiones de los sectores más contaminantes.

En el caso de España estos están encabezados por los sectores energético, del transporte y de la industria, debido a su uso de combustibles fósiles. Entre ellos el carbón, que en nuestro país se utiliza esencialmente en centrales térmicas para la generación de electricidad. Las emisiones procedentes de su quema causan impactos muy perjudiciales en la salud y el medio ambiente. En concreto, en 2016 las emisiones procedentes de las centrales de carbón en España se han relacionado con 560 muertes prematuras, 340 hospitalizaciones por enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 122.131 días de trabajo perdido y 520.153 días de actividad restringida (cuando una persona no puede desarrollar su actividad habitual por problemas de salud). Estos son algunos de los resultados que se recogen en el estudio ”Un oscuro panorama: las secuelas del carbón” realizado por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). Este informe además desvela las elevadas pérdidas económicas atribuibles a los impactos en la salud de la quema del carbón, que en 2016 alcanzaron un importe de entre 686 y 1.308 millones de euros. Estos costes se pueden asociar tanto a gastos sanitarios como a gastos derivados de la reducción de productividad resultante del absentismo laboral.

Otro dato recogido en el informe son los graves efectos en la salud de los niños asociados a estas emisiones, contabilizando en el año 2016 7.419 episodios de asma y 784 casos de bronquitis. Los niños son uno de los colectivos más vulnerables a la contaminación atmosférica y un informe publicado por IIDMA en 2017 sirvió de base para que el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas dirigiera unas recomendaciones a España recordando su obligación de proteger el derecho a la salud de la infancia y requiriendo la toma de medidas para su cumplimiento, entre ellas que España “llevase a cabo una evaluación de los impactos de la contaminación atmosférica generada por las centrales térmicas de carbón en la salud de los niños/adolescentes y en el clima, que sirva como base para diseñar una estrategia para remediar dicha situación y regular de manera estricta las emisiones máximas de contaminantes atmosféricos (…)”.

Además, el informe incluye un análisis comparado de los años 2015 y 2016, que pone aun más de manifiesto la estrecha relación entre las emisiones debidas al carbón y sus efectos en la salud. Durante estos dos años la producción de electricidad con carbón se redujo en un 30% lo cual llevó a una disminución del 40% de los impactos en la salud asociados y a un ahorro económico de entre 499 y 952 millones de euros.

Por todo ello, para garantizar el disfrute del derecho a la salud de la población española, es necesario que el conjunto de las centrales de carbón en España cierre en 2025 a más tardar, y que esta fecha se incluya en un instrumento jurídicamente vinculante como es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.

Otra de las recomendaciones del informe es que se facilite información en tiempo real de las emisiones procedentes de las centrales de carbón: la existencia de una herramienta que permita a cualquier usuario obtener información sobre sus prestaciones ambientales en términos de emisiones a la atmósfera, contribuiría a lograr una mayor concienciación de la sociedad civil sobre los impactos en la salud asociado a este tipo de instalaciones. Además, hay que tomar como pauta los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud en sus guías de calidad del aire, cuya actualización está prevista para 2020. Estos deben convertirse en valores de obligado cumplimiento en nuestro país ya que los valores establecidos por la legislación de la UE no son suficientes para evitar consecuencias de esta contaminación sobre la salud de la ciudadanía.

Todo ello es clave, además, para alcanzar muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU. Entre ellos el objetivo 3 “Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”, cuya meta 9 refleja la importancia de reducir sustancialmente para 2030 el número de muertes y enfermedades producidas, entre otros, por la contaminación del aire.

Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente adecuado para su salud y bienestar. Por lo tanto, es necesario que las decisiones que se adopten en el corto, medio y largo plazo sean coherentes con el compromiso de lucha contra el cambio climático y estén dirigidas hacia el logro de un crecimiento económico sostenible, respetuoso con el medio ambiente y sin perjudicar el bienestar tanto de las generaciones presentes como de las futuras. Con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, los responsables políticos deben tomar conciencia de la importancia de combatir la contaminación atmosférica como uno de los problemas más importantes que afronta nuestro país de cara a su futuro. Así, la Administración General del Estado y las entidades regionales y locales deben tomar medidas urgentes para cumplir con su obligación de garantizar la protección de la salud de sus ciudadanos y la defensa del medio ambiente.

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